El régimen de Nicaragua por medio de la Asamblea Nacional controlará a los proveedores del Estado, para lo cual creó una comisión que se encargará de comprobar la «idoneidad» de los oferentes que participen en convocatorias de contratación que superen los 500 mil córdobas (US$13,888).
Lo anterior lo confirmó la Asamblea Nacional a través de una iniciativa que aprobaron con «carácter de urgencia» y que reformó la Ley orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Contrataciones del sector público.
La iniciativa la aprobaron los legisladores durante una sesión especial que celebró el plenario el 11 de diciembre en el municipio de Tola en el departamento de Rivas, por el 45 aniversario de la muerte de Gaspar García Laviana.
La reforma a la Ley de Contrataciones estableció una «Comisión de Verificación de Proveedores del Estado» como «instancia encargada de garantizar» lo que ellos llaman la «idoneidad» de los oferentes que participan.
Por otro lado, se extenderá un “Certificado de Verificación de Proveedores del Estado”, el cual emitirá la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado que se creó como órgano de la Asamblea Nacional, que es dominada por los diputados del régimen.
La Comisión de Verificación de Proveedores del Estado, tendrá su sede en la Asamblea Nacional, y la presidirá un miembro del legislativo. Además, contará con el respaldo de un representante de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
Comisión evaluará facultades de los proveedores del Estado
Durante la aprobación, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, enfatizó que la reforma es para «proteger los bienes, los fondos públicos y la acción del Estado”.
La Comisión que estará instalada en la Asamblea Nacional va a verificar que todos los documentos, información y datos presentados por los proveedores, cumplan con los requisitos de Ley, según la iniciativa que se aprobó en Tola.
Además los encargados podrán realizar «verificaciones in situ, así como y las inspecciones necesarias por cada proveedor del Estado que solicite el Certificado de Verificación de Proveedores del Estado», advierten.
De ser necesario podrán auxiliarse de los efectivos de la Policía Nacional, institución que preside Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El certificado tendrá validez de un año a partir de su emisión y podrán cancelarlo a consideración de la
Comisión, cuando exista mérito para ello».
Previamente estarían pidiendo información a las instituciones públicas pertinentes sobre el proveedor.
