Urnas Abiertas expone casos de corrupción e irregularidades en alcaldías

Hasta antes de 2007 se registraban en el país procesos de participación ciudadana de incidencia en la gestión local y auditorías en las 153 alcaldías municipales, señala el observatorio electoral independiente Urnas Abiertas, en su último informe «Situación de transparencia municipal en Nicaragua».

Desde entonces el país ha experimentado un retroceso democrático, afirma Urnas Abiertas.

«La administración pública ha sido completamente centralizada en el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, y el mismo partido FSLN, a través de las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, incluyendo los gobiernos municipales, pero desde 2018 este fenómeno ha empeorado», sostienen.

La transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos es clave en una democracia, sin embargo, medir los índices de corrupción en el país no es fácil, debido a la falta de acceso a la información pública.

Cero rendición de cuentas, según Urnas Abiertas

Urnas Abiertas señala que desde mediados de 2018, la información sobre los presupuestos municipales es mínima.

«El acceso que existía sobre este tipo de estadísticas ha sido cerrado y actualmente es difícil conocer los datos exactos sobre el uso de los recursos en la comuna», señala el organismo.

Si bien es cierto, la información sobre las contrataciones de las alcaldías se sigue publicando, «se desconoce cuáles son los gastos e ingresos individuales que tienen cada una de ellas», insisten.

El sondeo realizado por Urnas Abiertas a 773 personas de su red voluntaria en 143 municipios muestra que muy pocas personas conocen información del presupuesto público de su localidad.

Al preguntar sobre si la alcaldía había publicado en algún medio local o nacional información sobre el presupuesto de 2021 o el actual de 2022.

A este respecto el 67% contestó que no, el 27% que no sabía y solamente en 6% indicó que la alcaldía publicó información presupuestaria, lo cual claramente deja ver que no hay un sistema claro de divulgación sobre la información de los presupuestos municipales.

Urnas Abiertas alerta sobre perjuicio económico a las alcaldías

Según el estudio realizado por el observatorio, con datos que comprenden del 2015 a 2020, extraídos de la Contraloría General de la República (CGR), todos los municipios han sido auditados al menos una vez.

En este periodo “la alcaldía en la que se encontró mayor perjuicio económico en las auditorías de la CGR fue Santo Tomás del Norte con C$5.19 millones de córdobas, que se emitieron en responsabilidades civiles en el año 2018. En segundo lugar, Siuna con C$4.47 millones, a través de responsabilidades civiles y presunción penal”, señala el informe.

Urnas Abiertas, agrega que uno de los casos más llamativos fue encontrado en la alcaldía de Granada.

En 2018 la CGR presentó el resultado de la auditoría realizada en el período 2010-2012, en el que se encontró un perjuicio económico de C$4.24 millones por la no ejecución de proyectos, salidas de dinero para gastos que no fueron justificados, así como pagos a proveedores por cantidades menores a las erogadas.

La CGR responsabilizó al exalcalde Eulogio Mejía Marenco; al exdirector financiero, Roger Molina y al exasesor financiero, Guillermo Galeano.

La segunda municipalidad en que más perjuicio económico se ha encontrado, según Urnas Abiertas, y que se presume responsabilidad penal es en San Juan de Oriente.

Santa María de Pantasma alcaldía

En esta alcaldía en dos ocasiones (2014 y 2018) se encontraron anomalías en sus cuentas. En total sumaron C$4.09 millones producto de contrataciones de un ingeniero sin justificarlo ni cumplir los procedimientos, realización de desembolsos sin autorización del Concejo Municipal, así como altos pagos de las obras ejecutadas.

Los responsabilizados por estas acciones fueron los exalcaldes Miguel Ángel Calero Gutierrez en 2014 y Brenda del Carmen Jiménez Urbina en 2018; además de sus vicealcaldes, responsables de proyectos y personal administrativo.

Santa Teresa y Comalapa

En el caso de las alcaldías de Santa Teresa, en Carazo, y Comalapa, en Chontales, ambas mostraron cifras de C$1.91 millones que no cuadraron durante las auditorías.

El período auditado por la PGR en Santa Teresa fue entre 2013 y 2014, los resultados revelados en 2018, responsabilizaron al entonces alcalde Iván Antonio Dinarte Solís, así como a los directores de finanza y proyectos, por pagos de obras y servicios que no fueron efectuados, además de otros desembolsos sin justificación.

En el municipio de Comalapa, el exalcalde Germán Isabel Otero Arróliga y la exresponsable de administración de fianzas fueron señalados de usar fondos para fines no justificados en el presupuesto, además de utilizar dinero para actividades recreativas sin justificación. Los datos fueron dados a conocer en 2017 y eran el resultado del período auditado 2008-2012.

El Ayote y Moyogalpa

En la alcaldía de El Ayote, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, durante el período de 2005-2009, faltaron C$1.63 millones. En el informe de la CGR se responsabilizó al exalcalde Ramón Álvarez Pérez y a parte del personal administrativo, por no enterar cuotas obreropatronal, alterar facturas y no depositar las recaudaciones monetarias por el servicio de agua potable.

En la alcaldía de Moyogalpa del departamento de Rivas, según una auditoría realizada en 2017, a los ingresos de 2009-2012, los datos de la CGR demuestran que el exalcalde Carlos Javier Guzmán Díaz y parte del personal administrativo, son responsables de efectuar egresos sin evidencia que los amparara por un monto de 1.60 millones de córdobas.

El informe de Urnas Abierta expone otras series de irregularidades en otros municipios del país, que evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades locales.

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