Éxodo y resistencia del periodismo costeño

** La costa caribe se quedó sin periodistas independientes a consecuencia de la persecución del régimen de Nicaragua. A contracorriente, los reporteros siguen informando desde el exilio

Redacción IP Nicaragua

El huracán Eta, de categoría 4, golpeó el sur de Puerto Cabezas el 3 de noviembre de 2020. La zona es de las más vulnerables y empobrecidas de Nicaragua, habitada por afrodescendientes e indígenas miskitos. La periodista que documentó el desastre, consecuencia de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, es Georgina Vargas. Lo hizo a través del Canal 10 de televisión.

Siempre fue dura e incisiva en su mensaje a los televidentes. “Las casas quedaron destruidas, hoy son cinco días sin que las autoridades se pronuncien”, denunció Vargas sobre el estado de la comunidad indígena de Wawa Bar, ubicada a 15 millas del puerto de Bilwi, en el Caribe Norte de Nicaragua. Los comentarios no cayeron en gracia en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entronizados en el poder desde 2007 y con un largo brazo territorial. Empezaron las amenazas de fanáticos en las redes sociales. Profirieron insultos contra ella. La acusaron de “terrorista”.

Nada que no hubiese experimentado durante la cobertura de temas espinosos que, en el caso de ella, pasaban por el enfrentamiento de pobladores con el Ejército o la invasión de colonos en territorio indígena, una sangría impune que cuestiona a los políticos y sume en la inseguridad a los mayagnas y miskitos, las principales víctimas.  Cada una de estas asignaciones, las asumió siempre con los zapatos llenos de barro. “A mí me gustaba ir al lugar”, dijo a IP Nicaragua desde la zona donde se encuentra y que no revela por razones de seguridad. “A veces alquilaba una moto y buscaba un chófer que me llevara porque era un camino bastante difícil y remoto, pero yo llegaba. A mí me gustaba ir al lugar, a veces ellos (los comunitarios) venían, pero yo les decía que prefería ir al lugar a ver cómo estaba la situación cuando eran denuncias de los conflictos de tierra de los indígenas y los colonos”.

Las condiciones adversas para el ejercicio profesional fueron empeorando paulatinamente. Los periodistas independientes de repente fueron calificados como enemigos del régimen desde 2018, cuando denunciaron los abusos de derechos humanos cometidos por la Policía, los comisarios del partido de gobierno y los paramilitares. A casi dos años de su salida forzada, Vargas sostiene que ya no hay ningún periodista independiente en su región, las radios críticas fueron cerradas y los reporteros sometidos a una presión creciente para que desistieran de seguir en el oficio y se marcharan.

Ella ni siquiera pudo despedirse de sus padres aquel mayo de 2022. Agarró una mochila, salió rumbo a Honduras, México y se refugió en un albergue, donde se encontró para su sorpresa con simpatizantes de la dictadura, originarios de su localidad. Los organismos independientes, vigilantes de la libertad de prensa en América Latina, insisten en que ya no hay prensa crítica en ambas regiones del caribe nicaragüense. La Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) estima que “es consecuencia directa de la represión contra la libertad de prensa, expresión y falta de democracia”.

Según el informe de la FLED en 2023, hay matices entre las realidades de ambas regiones. En el Caribe Norte, la práctica era menos independiente, algunos medios cambiaron su línea editorial para no enfrentar al poder, mientras en el sur fueron siete periodistas los que se exiliaron ese año y dos prefirieron abandonar la profesión para dedicarse a otras actividades. “A pesar de que ya no trabajan en medios de comunicación, como ciudadanos de su pueblo son conocidos y todavía cargan con el estigma de ser objeto de burlas, ataques y amenazas en las calles a pesar de que no andan ningún micrófono y no andan ejerciendo la práctica periodística”, lamentó el director de la FLED, Guillermo Medrano.

La situación de persecución a las libertades ha obligado también a 246 profesionales, originario de distintas partes del país, a irse fuera de Nicaragua para seguir informando. La FLED reporta que actualmente la dictadura mantiene tras las rejas a Víctor Ticay, periodista de la ciudad de Nandaime en el sur del país, detenido arbitrariamente por dar cobertura a una procesión de Semana Santa en 2023. Los medios más grandes han trasladado sus redacciones a Costa Rica, fueron confiscados, sus directivos encarcelados y luego desterrados, mientras los más pequeños sobreviven en medio de las mayores adversidades al ejercicio profesional que se recuerden en la historia reciente del país.

El dolor de patria y la lucha por seguir ejerciendo

La ciudad de Bluefields está situada al lado de la bahía del mismo nombre en el Caribe Sur. Tiene 17 barrios, incluyendo el puerto de El Bluff, que “Francisco” recorría buscando noticias.  Se llama así, para evitar represalias, a pesar de que se encuentra en Costa Rica, viviendo su segundo exilio.

La agenda noticiosa de sus coberturas cambió en la localidad durante 2018 con el asesinato del periodista Ángel Gahona, director de El Meridiano, cuyo caso quedó en la impunidad. Pasaron a segundo plano los reportes de accidentes de tránsito, las promociones escolares, los certámenes de belleza o las coloridas fiestas del Palo de Mayo. La demanda de justicia del colectivo de periodistas se erigió como una prioridad.

Lo de Gahona fue horroroso. Lo mataron, mientras hacía una transmisión en directo por Facebook del enfrentamiento entre las tropas de antimotines y los manifestantes en las protestas de 2018, las mismas que sacudieron al país y en la que miles de manifestantes pidieron la dimisión de la pareja gobernante. Su crimen conmocionó al país y puso en alerta a sus colegas.

Como otros, “Francisco” fue puesto en la mira del poder por solo el hecho de informar. Decidió salir del país temporalmente en 2019. Ahí conoció lo que significa irse a un país extraño. “Vi la cara del exilio acá (en Costa Rica) de los periodistas durmiendo en el suelo, hacinados, en pésimas condiciones y yo no podía estar así por mi edad y mi condición de salud (padece retinopatía diabética). Ser adulto en el exilio, enfermo, es una situación bien compleja”, afirma.

Se regresó. Firmaba algunos artículos con seudónimo, se dedicaba a la docencia, pero el espionaje sandinista comprobó que seguía activo haciendo críticas y las amenazas prosiguieron. Con una mayor intensidad, cuando se cumplía otro aniversario de las protestas de 2018. Tanto la Policía como hombres armados pasaban cerca de su casa.

“Llegaban a la casa motorizados en pareja con (fusiles) AK en la mano y tuve la visita de Eleazar Oporta (jefe policial) con 15 antimotines. Mi casa me la apedreaban en la noche y eso para mí fue fatal. No salía por las noches porque tenía miedo que me hicieran algo”, recordó. Aplazó las reuniones que tenía con otros colegas y tampoco iba a lugares públicos, hasta que irse…¡otra vez en mayo de 2023!

Todo empezó con una campaña de desprestigio en las redes sociales contra los periodistas independientes, pero también hubo asedio directo como el de “Francisco”, y amenazas judiciales. “¡Sin libertad de prensa, no hay libertad!” gritaron en las afueras del Complejo Judicial de Bluefields el 19 de agosto de 2020 cuando la comunicadora Kalúa Salazar compareció a una audiencia para responder a una acusación por el delito de calumnias.

Tres empleadas de la alcaldía sandinista de El Rama, el 10 de agosto de 2020, presentaron una demanda penal por el delito de calumnia contra Salazar, la jefa de prensa de la radioemisora La Costeñísima, en respuesta a un reportaje radial difundido el 4 de agosto sobre presuntos actos de corrupción en esa localidad. La periodista fue enviada a juicio.

Fue notoria la presencia de las fuerzas antimotines de la Policía Nacional. La acusación no reunía los requisitos, pero la judicial la admitió y ella fue condenada a pagar una multa de 7,684.58 córdobas (US$223.78), equivalentes a 120 días de multa por haber sido “encontrada culpable”. Salazar fue una de las voces principales del noticiero “Tras la Noticia”, de Radio La Costeñísima, fundada por el periodista Sergio León, uno de los referentes del periodismo costeño .

En el quinto aniversario de las protestas, bajo una férrea vigilancia, la Policía impidió a Salazar salir de su casa durante un mes completo. Las amenazas escalaron y decidió irse en mayo de 2023. La periodista de radio es madre de tres hijas: una de 13 años, otra de 7 y la última de 5. Para ella, el exilio es “un dolor” que no puede describir.

“Es como desprenderte de todo lo tuyo, de todo lo que has construido, de toda tu familia, dejar todo eso y seguir adelante sola, para iniciar desde cero, para volver a nacer en otro territorio, en otro país, donde todo es nuevo y hay mucha discriminación”, afirma Salazar.

Lejos de Nicaragua, las preocupaciones siguieron. Salazar se enteró de la detención de la periodista Hazel Zamora, corresponsal de Canal 10 en el Caribe Sur, así como del asedio a otros colegas de la zona. La colega fue detenida y luego puesta en libertad, pero bajo condiciones de presentación periódica, lo que preocupó a la colega exiliada.

Tras meses de propaganda, tras la salida de los periodistas independientes del caribe, el vacío es enorme. En Bluefields, el comerciante “Delbor” asegura que La Costeñísima era un referente de información y de la buena práctica del periodismo independiente en la región, pero se queja del panorama informativo actual. “Los noticieros están ahí, pero se convirtieron en voceros (…) En estas elecciones hablaron que era un proceso de paz y armonía y no cuestionaron nada de las irregularidades”, lamenta refiriéndose a las votaciones regionales del 3 de marzo de 2024, donde el oficialismo se adjudicó el 100 % del resultado.

“Darwin” es habitante del barrio Sandino en Siuna y le gusta escuchar radio Uraccan, una emisora propiedad de la universidad que lleva el mismo nombre en el Caribe Norte. Desde la perspectiva de este estudiante universitario, la radioemisora en sus primeros años cumplió con su objetivo de mantener un diálogo con las comunidades.

Durante los primeros meses de la crisis sociopolítica en 2018, la emisora informó sobre el paro nacional o el diálogo entre la oposición y el régimen Ortega Murillo, sin embargo, en el último año la radioemisora reproduce el discurso oficialista. “Presentan noticias deportivas, sucesos, tienen un programa donde llegan como invitados la Policía y solo para que sepan, en estos días hablaron de elecciones victoriosas y nunca mencionaron nada de Yatama ni el diputado Brooklyn (Rivera)”, mencionó “Darwin”.

El 29 de enero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció que se cumplían 4 meses de la desaparición forzada de Brooklyn Rivera, el líder indígena perseguido por el régimen. Es un exdiputado que fue aliado del oficialismo en el Parlamento y en el territorio costeño, y una prueba de lo cruel que Ortega es incluso con sus aliados, cuando se interponen en sus intereses.

Yahaciela Barrera: «He tratado de no dejar el periodismo»

Yahaciela Barrera sobrevive en Costa Rica con una pariente que le ha enseñado a hornear y decorar pasteles. De esa forma se gana “el techo y la comida” y a la vez colabora con una página informativa y algunos medios de comunicación. Sigue, por lo tanto, en el oficio, a pesar de exiliarse también en mayo de 2023. Se fue porque un desconocido la siguió y le puso un objeto en su espalda. Entró en pánico.

Barrera es miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y señala que “es un reto informar desde el exilio”. “Estamos firmes en eso de querer seguir, pero también es algo que puede pasar de que tenemos que dejar de hacerlo porque tenemos que vivir de algo y es difícil”, afirma.

Kalúa Salazar continúa haciendo investigaciones. Pero lo hace con mucha cautela para proteger a sus fuentes. Ella misma no firma sus productos periodísticos. Le duele el anonimato. Para ella, sin embargo, es importante que la población de las comunidades sepa que los periodistas independientes siguen comprometidos en denunciar el “avance de las violaciones de derechos humanos”.

“Las circunstancias y todo el sistema del régimen nos obligaron a salir, pero no nos obligó a dejar nuestra profesión y no nos obligó a dejar nuestra determinación, nuestros valores como profesionales y como seres humanos, que amamos nuestra tierra del Caribe”, expresó Salazar.

La periodista miskita Brisa Bucardo, originaria de Puerto Cabezas, hacía activismo. En 2023 viajó junto a su madre a una comunidad y efectivos del Ejército de Nicaragua las detuvieron y requisaron. “Yo noté que era más conmigo. Me revisaron hasta la billetera, el pasaporte, contaron el dinero que andaba en la cartera como una forma de intimidación”, se acuerda.

A finales de abril de 2023, Bucardo se resguardó durante varios días en una casa de seguridad. Tomó la decisión de exiliarse al enterarse de que la Policía estaba tratando de ubicarla para detenerla. Como Yahaciela Barrera y Kalúa Salazar ahora enfrentan el reto de seguir haciendo periodismo. Sus comunidades siguen enfrentando el abandono histórico, la pobreza y ahora ya no tienen a periodistas en el territorio para expresar su amargura. Salazar lamenta que la gente a veces siente que los abandonó. Según ella, el exilio afecta emocional, física y económicamente. Eso lo saben bien los otros periodistas que han tenido un destino similar. La periodista Georgina Vargas, que enfrentó al poder e informó sobre los desastres naturales para la televisora Canal 10, sostiene que siempre se prometió a sí misma que no iba a callar su voz. “Mi trabajo siempre lo seguiré ejerciendo desde el lugar donde esté y como me encuentre”, insiste terca.