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Presas políticas: Mujeres que anhelan una Nicaragua en libertad

En Nicaragua las autoridades de gobierno quieren erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos.

En 2018, una violenta represión contra las protestas de la población desencadenó una crisis de derechos humanos en el país, 355 personas fueron asesinadas, más de dos mil resultaron heridos, más de 150,000 nicaragüenses se fueron al exilio y se sigue usando al Poder Judicial para encarcelar las voces críticas.

Al momento de esta entrega periodística, en 2021, se contabilizaban más de 150 presos políticos, entre ellos 11 mujeres. A septiembre de 2022, sin embargo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, reconocía a 21 mujeres encarceladas que reciben malos tratos y hostigamiento en su contra, como elementos adicionales a la situación que viven.

Abril de 2018 marcó un antes y un después en Nicaragua, un periodo considerado uno de los más violentos en la historia del país centroamericano.

Todo comenzó por el descontento de una serie de reformas al Seguro Social anunciadas por el gobierno. A medida que transcurrían los días se sumaron diversos sectores de la sociedad que pedían libertad, justicia y democracia.

El aporte de las mujeres en la búsqueda por la democracia es amplio y diverso. Son mujeres que sufren en prisión por mostrar sus ideales, exigir democracia y demandar justicia para Nicaragua y voces que el régimen intenta apagar.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, una organización intergubernamental de la que forman parte 47 Estados europeos considera preso político a toda aquella persona “privada de su libertad”, cuya detención ha sido realizada en violación de alguna de sus garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos.