Organizaciones no gubernamentales reclaman que el orteguismo los ha excluido de la consulta sobre la normativa, que contempla penas para quienes reciban dinero del extranjero. Defensores de derechos humanos la llaman “ley rusa”.
Voz de América
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueve la bancada parlamentaria del sandinismo en Nicaragua es un proyecto “malvado” que se asemeja a normativas legales de países con gobiernos totalitarios, como Rusia, advierten defensores de derechos humanos del país centroamericano.
La normativa propone impedir que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales intervengan en las políticas internas del país.
Los ciudadanos nicaragüenses quedarán divididos entre “verdaderos” y “agentes extranjeros” de acuerdo con su recepción de fondos foráneos, reza el proyecto. La ley, que aún no ha ido a consulta, suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense.
El cerco policial en la sede en Managua del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, organización no gubernamental que defiende los derechos femeninos en Nicaragua, se trató de un “ensayo” de la inminente aprobación y aplicación de la ley, según los mismos analistas.
Organizaciones de esa naturaleza están en el ojo del huracán del borrador de ley presentado la semana pasada por la fracción sandinista ante la secretaría de la Asamblea Nacional.
Un contingente de la Policía Nacional, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, rodeó las instalaciones del movimiento la mañana del pasado viernes.
Los uniformados forzaron el cierre del local e impidieron el acceso de las trabajadoras durante horas. Luego que delegadas de la organización les exigieran una explicación, se retiraron del lugar.
Sandra Ramos, su directora, aseguró que el movimiento se encuentra listo para enfrentar cualquier “zarpazo” del gobierno nicaragüense y expresó ante la prensa que no teme ser encarcelada por su labor en pro de la mujer.
“Siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre, que ha demandado sus derechos”, dijo, en declaraciones obtenidas por la Voz de América.
Ramos enfatizó en que su organización ayuda, por el contrario, a que el pueblo tenga “posibilidad de supervivencia”.
“Quieren aplicar la famosa ley, y no sé por qué”, añadió.
Proyecto «perverso y malvado»
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a la VOA que la toma policial del Movimiento María Elena Cuadra es un preámbulo de la normativa que pretende impulsar el sandinismo, que ocupa 70 de los 91 asientos del Parlamento nacional.
“Es un ensayo de aplicación de lo que va a significar si se aprueba esa iniciativa de ley, que nos dejan analizar jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y malvado de la misma”, opinó.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, excluyó de la consulta nacional de la ley a las organizaciones que la norma pretende regular.
Solo se ha citado a debatir a funcionarios de la cancillería, la policía, la fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado nicaragüense.
La diputada Azucena Castillo, opuesta a la normativa, precisó que la discusión sobre el borrador de ley no ha avanzado en la Asamblea Nacional. Esta semana, al menos, no se debatirá.
“En la agenda para esta semana no incorporaron la ley tan rechazada. Tampoco la Comisión (económica) ha llamado a consulta. A lo mejor, la van a revisar antes de exponer a consulta ese adefesio jurídico”, detalló a la VOA.
Expertos en derecho han afirmado que la ley viola derechos políticos, excluye a los presuntos “agentes extranjeros” de su condición de ciudadanos y determina penas desproporcionadas por recibir financiamiento desde fuera de Nicaragua.
«Copia de otros países»
Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, hoy en el exilio en Costa Rica, consideró este lunes que la iniciativa legal del orteguismo persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Morillo” en el país.
“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, dijo, en su intervención en el foro Violación a los derechos humanos en América Latina.
Abogados, asesores, economistas y periodistas opuestos a las políticas de Ortega han comenzado a llamar la normativa como “ley Putin” o “ley rusa”, por sus similitudes con los regímenes legales de la nación presidida por Vladimir Putin en contra de quienes sean sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado y están expuestos a represalias oficiales.
Carrión Maradiaga opinó que Nicaragua está regida por el “absolutismo” y recalcó que, a su entender, la esencia democrática del Estado se ha eliminado progresivamente desde el pacto bipartidista de finales del siglo pasado entre el Frente Sandinista, de Ortega, y el Partido Liberal Constitucionalista, del expresidente Arnoldo Alemán.
El proyecto legislativo ha despertado preocupación en la comunidad internacional. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Michael Kozak, calificó la ley como “una ofensa contra la democracia en Nicaragua”.
“En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia”, escribió en Twitter.
Estados Unidos ha expresado su disconformidad con los últimos pasos del orteguismo, entre los que se cuenta la notificación de confiscación de bienes del independiente Canal 12 y la promoción presidencial de la cadena perpetua contra líderes opositores por presuntos crímenes de odio en Nicaragua.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó hace dos semanas a Daniel Ortega de convertirse en el “dictador” contra el que luchó, en referencia al exmandatario Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979 por guerrilleros sandinistas con apoyo del pueblo y de la comunidad internacional.
(Los periodistas Daliana Ocaña y Houston Castillo Vado colaboraron desde Nicaragua con este reportaje).
