Ley Especial de Ciberdelitos un método de “censura”

Redacción IP Nicaragua

La iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos que envió el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional es una nueva forma de amordazar y criminalizar a los periodistas independientes de Nicaragua.

“Una nueva forma de criminalizar, de judicializar el derecho de la libertad de expresión, pero también significa la desesperación de un régimen que no ha podido detener la decisión de los ciudadanos, de las familias, de las instituciones, de los medios de comunicación y periodistas de seguir ejerciendo la libertad de expresión”, mencionó el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León.

La ley que pretende ser aprobada por los legisladores pretende castigar a los periodistas y  medios de comunicación independientes, pero también a la ciudadanía en general por los “delitos” que puedan cometer al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

La nueva ley es una forma de censura contra los medios independientes. Foto: Google.

La iniciativa estima castigas con multas y penas a quienes “perjudiquen a personas naturales o jurídicas”. En su artículo 30, el anteproyecto de ley señala que castigará la difusión de “noticias falsas”.

“Esto es más nada que un intento de generar miedo, temor a la ciudadanía, medios de comunicación, periodistas e instituciones para implementar para imponer censura, para imponer temor y que nosotros los nicaragüenses dejemos de hablar, dejemos de expresarnos”, mencionó Toruño.

Combo de iniciativas

El abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, recordó que en menos de un mes, el gobierno ha puesto en agenda pública un combo de tres iniciativas de ley que aumenta los niveles de “persecución y de represión” para acabar con toda expresión que no le favorece.

“Combo como expresión de su fuente inagotable para producir maldades en contra del pueblo de Nicaragua”, dijo Carrión.

A mediados del mes, aprovechando que dos niñas de 10 y 12 años fueron asesinadas en Mulukukú, y una de ellas violada, Ortega propuso castigar con cadena perpetua a aquellas personas que cometan “crímenes de odio”.

La semana pasada, enviaron el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la que se ha ganado el rechazo de organizaciones a nivel nacional como internacional, debido a que obliga a toda persona que reciba fondos del exterior, a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros y reportar mensualmente sus ingresos y egresos.

La medida anterior afecta a las personas que laboren como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.

Por último, la iniciativa de Ciberdelitos creada como una “continuación de la persecución”, mencionó Carrión.

“Hablan de noticias falsas, hablan de publicación de información que ellos tienen reservada (…) Obviamente, la finalidad fundamental de esa ley es perseguir o la continuación de la persecución de las voces ciudadanas que utilizan las plataformas, las redes sociales, para denunciar a la dictadura, incluso persiguen a la gente que tienen trabajando, porque hablan los que revelen información considerada por la dictadura como reservada”, mencionó el defensor de derechos humanos.

La abogada, Martha Patricia Molina, opinó que la ley es parte del “coctel jurídico” que se va a aplicar a los periodistas independientes.

“Todo el proceso de corrupción que se ha venido ventilando ha sido a través de los medios de comunicación y los periodistas tienen una participación importante, porque han dejado al descubierto las arbitrariedades y corrupción de la dictadura”, dijo Molina.

Toruño, quien vive casi a diario el hostigamiento y persecución policial en la radio, cree que esta ley no podrá limitar el ejercicio periodístico.

“Somos creativos, somos inteligentes, somos capaces, vamos a seguir luchando por la libertad que establece la Constitución de la República, por la libertad de nuestros derechos humanos, por la libertad de expresión. Esto no es más que una forma adicional que Daniel tiene y quiere de amedrentar y generar temor para limitarnos”, puntualizó Toruño.

Ley Especial de Ciberdelitos: Grave estocada a los derechos humanos de los nicaragüenses

*Un día más de Infamia y Aberración Jurídica.

Martha Molina, abogada y especialista en corrupción

Recientemente la administración pública del señor Ortega ha sido objeto de graves señalamientos de su mal proceder por información que ha sido filtrada haciendo uso de la tecnología y de las redes sociales.

Se ha extraído información oficial del mal manejo del Minsa respecto al civid-19. También se han difundido conversaciones y videos de dirigentes sandinistas que comprueban su participación en la represión y en los delitos de lesa humanidad.

Algunos aspectos de la Ley Especial de Ciberdelitos (recomiendo analizarla a profundidad pues no se aborda de manera completa):

  1. Con la aprobación de la ley serán sancionados todos los ciudadanos que la incumplan dentro y fuera del territorio nacional. Un gobierno doble moral que solicita la extradición y asistencia legal mutua de la comunidad internacional, pero no permite la extradición de sus ciudadanos. Ni ha firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
  2. Es una ley dirigida a los ciudadanos en general y medios de comunicación.
  3. Penas que se aplicarán: de 2 a 10 años de prisión, pudiendo aumentar un tercio de la pena.
  4. La Policía y el Ministerio Público con “orden judicial” pueden intervenir los sistemas o dispositivos de almacenamiento de datos (lo que viene a normar las prácticas abusivas de la Policía en los últimos años. Ahora se convierte en legal).
  5. Telcor emitirá normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, siendo un excesivo control para los proveedores de servicios informáticos.
  6. Una ley que contiene 25 definiciones para no tener vacíos legales.
  7. Impone un bozal inmediato a todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren o no en el territorio nacional. Quienes serán criminalizados.
  8. Es una ley inconstitucional porque vulnera el derecho de opinión, privacidad, propiedad privada, libertad de conciencia y otros.
  9. Es una ley que castiga con prisión a las personas que intercepten cualquier tipo de comunicación escrita que no esté dirigida a él.
  10. La ley castiga a las personas que graben, capten las palabras o conversaciones ajenas, sean videos, imágenes, audio, texto, escuche o intervengan comunicaciones privadas.
  11. La ley prohíbe el uso de las redes sociales, Whatsapp, otras tecnologías para “incitar, instigar, provocar, promover la comisión de delitos” (el sistema judicial de Nicaragua hace uso de la interpretación extensiva y en el país, regalar agua, usar banderas nacionales, usar globos, son considerados delitos).
  12. Faculta la Confiscación de todos los aparatos cibernéticos.
  13. El juez podrá ordenar a los proveedores de servicios, recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, también realizar intervención o intercepción de las telecomunicaciones en tiempo real.
  14. La ley se auxilia de al menos cinco leyes penales, entre ellas la Ley de Prevención, investigación y persecución del Crimen Organizado.
  15. La ley castigará a todas las personas que “atormente, hostigue, humille, insulte, denigre u otro tipo de conducta que afecte la estabilidad psicológica o emocional”-
  16. Es una ley que amenaza desde ya a todos los trabajadores del Estado que filtren cualquier tipo de información que esté bajo su custodia.

Analistas: la Ley sobre Agentes Extranjeros en Nicaragua es “malvada” y “copia” de Rusia

Organizaciones no gubernamentales reclaman que el orteguismo los ha excluido de la consulta sobre la normativa, que contempla penas para quienes reciban dinero del extranjero. Defensores de derechos humanos la llaman “ley rusa”.

Voz de América

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueve la bancada parlamentaria del sandinismo en Nicaragua es un proyecto “malvado” que se asemeja a normativas legales de países con gobiernos totalitarios, como Rusia, advierten defensores de derechos humanos del país centroamericano.

La normativa propone impedir que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales intervengan en las políticas internas del país.

Los ciudadanos nicaragüenses quedarán divididos entre “verdaderos” y “agentes extranjeros” de acuerdo con su recepción de fondos foráneos, reza el proyecto. La ley, que aún no ha ido a consulta, suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense.

El cerco policial en la sede en Managua del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, organización no gubernamental que defiende los derechos femeninos en Nicaragua, se trató de un “ensayo” de la inminente aprobación y aplicación de la ley, según los mismos analistas.

Organizaciones de esa naturaleza están en el ojo del huracán del borrador de ley presentado la semana pasada por la fracción sandinista ante la secretaría de la Asamblea Nacional.

Un contingente de la Policía Nacional, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, rodeó las instalaciones del movimiento la mañana del pasado viernes.

Los uniformados forzaron el cierre del local e impidieron el acceso de las trabajadoras durante horas. Luego que delegadas de la organización les exigieran una explicación, se retiraron del lugar.

Sandra Ramos, su directora, aseguró que el movimiento se encuentra listo para enfrentar cualquier “zarpazo” del gobierno nicaragüense y expresó ante la prensa que no teme ser encarcelada por su labor en pro de la mujer.

“Siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre, que ha demandado sus derechos”, dijo, en declaraciones obtenidas por la Voz de América.

Ramos enfatizó en que su organización ayuda, por el contrario, a que el pueblo tenga “posibilidad de supervivencia”.

“Quieren aplicar la famosa ley, y no sé por qué”, añadió.

Proyecto «perverso y malvado»

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a la VOA que la toma policial del Movimiento María Elena Cuadra es un preámbulo de la normativa que pretende impulsar el sandinismo, que ocupa 70 de los 91 asientos del Parlamento nacional.

“Es un ensayo de aplicación de lo que va a significar si se aprueba esa iniciativa de ley, que nos dejan analizar jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y malvado de la misma”, opinó.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, excluyó de la consulta nacional de la ley a las organizaciones que la norma pretende regular.

Solo se ha citado a debatir a funcionarios de la cancillería, la policía, la fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado nicaragüense.

La diputada Azucena Castillo, opuesta a la normativa, precisó que la discusión sobre el borrador de ley no ha avanzado en la Asamblea Nacional. Esta semana, al menos, no se debatirá.

“En la agenda para esta semana no incorporaron la ley tan rechazada. Tampoco la Comisión (económica) ha llamado a consulta. A lo mejor, la van a revisar antes de exponer a consulta ese adefesio jurídico”, detalló a la VOA.

Expertos en derecho han afirmado que la ley viola derechos políticos, excluye a los presuntos “agentes extranjeros” de su condición de ciudadanos y determina penas desproporcionadas por recibir financiamiento desde fuera de Nicaragua.

«Copia de otros países»

Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, hoy en el exilio en Costa Rica, consideró este lunes que la iniciativa legal del orteguismo persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Morillo” en el país.

“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, dijo, en su intervención en el foro Violación a los derechos humanos en América Latina.

Abogados, asesores, economistas y periodistas opuestos a las políticas de Ortega han comenzado a llamar la normativa como “ley Putin” o “ley rusa”, por sus similitudes con los regímenes legales de la nación presidida por Vladimir Putin en contra de quienes sean sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado y están expuestos a represalias oficiales.

Carrión Maradiaga opinó que Nicaragua está regida por el “absolutismo” y recalcó que, a su entender, la esencia democrática del Estado se ha eliminado progresivamente desde el pacto bipartidista de finales del siglo pasado entre el Frente Sandinista, de Ortega, y el Partido Liberal Constitucionalista, del expresidente Arnoldo Alemán.

El proyecto legislativo ha despertado preocupación en la comunidad internacional. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Michael Kozak, calificó la ley como “una ofensa contra la democracia en Nicaragua”.

Imagen: Captura de pantalla.

“En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia”, escribió en Twitter.

Estados Unidos ha expresado su disconformidad con los últimos pasos del orteguismo, entre los que se cuenta la notificación de confiscación de bienes del independiente Canal 12 y la promoción presidencial de la cadena perpetua contra líderes opositores por presuntos crímenes de odio en Nicaragua.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó hace dos semanas a Daniel Ortega de convertirse en el “dictador” contra el que luchó, en referencia al exmandatario Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979 por guerrilleros sandinistas con apoyo del pueblo y de la comunidad internacional.

(Los periodistas Daliana Ocaña y Houston Castillo Vado colaboraron desde Nicaragua con este reportaje).

Ley de ciberdelitos en Nicaragua atenta contra el funcionamiento de los medios de comunicación independientes

Redacción IP Nicaragua

En el Artículo 30 de la iniciativa de ley propuesta por diputados sandinistas abre una brecha para criminalizar el trabajo periodístico de plataformas de medios de comunicación independientes en Nicaragua, por según el documento, divulgar “información falsa o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra”.

Los diputados de la bancada sandinista, presentaron este lunes un anteproyecto de Ley Esencial de Ciberdelitos, que tiene como objetivo la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de las tecnologías de información y comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas.

De acuerdo con la solicitud firmada por los 70 diputados y diputadas sandinista, los motivos de la iniciativa de ley, es para «la protección a la seguridad soberana del Estado, y que se aplicará a quienes cometan delitos previstos en la Ley, dentro o fuera del territorio nacional.

«La iniciativa de ley aborda el concepto general a los delitos relacionados a la integridad los sistemas informáticos, tales como: fraude informático en todas sus modalidades; espionaje; violación a la seguridad y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos; transferencia de información pública reservada; propagación de noticias falsas, entre otros», detalla la carta enviada al presidente sandinista de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Las penas

Según lo mencionado anteriormente, en la tipificación de delitos, informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual, que incluyen el uso de la tecnología y comunicación para «la corrupción a personas menores de 16 años», entre otros. Está iniciativa de ley, dependiendo del tipo penal, establecen penas que van desde 2 hasta 10 años de prisión.

«Las que si hay condiciones agravantes pueden aumentarse hasta un tercio de la pena, acompañada la pena de penas accesorias de entre 200 y 600 días multas», indica la carta.

«Los procesos investigativos serán confidenciales y se prevé cooperación internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua», añade el documento.

Los diputados sandinistas, aseguran que está iniciativa de ley regula la protección de los sistemas informáticos del Estado, aquellos destinados a la presentación de servicios públicos; al sistema bancario y Financiero; instituciones públicas, privadas o mixtas que presentan un servicio público.

Además, señalan que observa el principio de legalidad y la judicialización, de los delitos cibernéticos para que mediante orden judicial la Policía y el Ministerio Público puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de los delitos.

«A la autoridad judicial se le brindaron facultades especiales para garantizar las medidas de aseguramiento», manifiestan.

También, revelaron que está iniciativa de ley faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a emitir una normativa para la prevención de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, en plazo de 3 meses a partir de la publicación de la ley.

Persiste y se agudiza la escasez de gasolina en Venezuela

Muchas gasolineras no están operando y en otras solamente son atendidos los vehículos del estado.

Voz de América

Un sondeo del Observatorio Popular de la Gasolina en Venezuela reflejó que de las 1.368 estaciones de servicio que según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no estaban operativas entre el 14 y el 18 de septiembre.

El Observatorio reportó además que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solamente los vehículos oficiales pueden recibir combustible y que en toda Venezuela se registran filas de autos que pueden permanecer más de cuatro días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques.

Durante la presentación del informe del monitoreo, el parlamentario Antonio de Aranguren señaló que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre 2 y 5 dólares, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.

“Si nosotros comparamos estos precios con los de Florida, en Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1,86 y 2,20 (dólares), para un promedio de 2 (dólares), si la gasolina está en tres (dólares) nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela, con un ingreso de 1,05 dólares por salario mínimo, estaríamos pagando 5 veces lo que cuesta un galón de gasolina en Estados Unidos”, afirmó Aranguren.

En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.

“No es 0,50 lo que está pagando la gente, a eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola, cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas para surtir la gasolina, de manera que tenemos la gasolina más cara del mundo”, sostuvo Guerra.

En mayo, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que el litro de combustible, que hasta entonces costaba menos de un centavo de dólar, pasaría a valer 2,5 centavos de dólar, con un límite para llenar el tanque de 120 litros por mes. Al cumplir la cuota, el costo es de 0,50 centavos de dólar por litro.

Las medidas fueron anunciadas tras el arribo de gasolina procedente de Irán, que de acuerdo con proyecciones de los expertos alcanzaba para abastecer el mercado durante poco más de un mes, manteniendo los niveles de consumo en la coyuntura de las medidas de confinamiento debido al COVID-19.

Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado, sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles.