Redacción / IP Nicaragua
El Consejo Supremo Electoral (CSE) avanza en el cumplimiento del calendario electoral, mientras los partidos y alianzas políticas se preparan para presentar sus candidatos presidenciales a partir del próximo 28 de julio, pese a que hay quienes insisten que no existen condiciones para llevar a cabo elecciones libres, justas y transparentes.
La oportunidad de presentar candidatos, por disposición del CSE cierra el 2 de agosto y de acuerdo al calendario electoral el periodo de renuncias y sustitución de los candidatos a cargos de elección popular será entre el 3 y el 9 de agosto.
La publicación provisional de candidatos será el 12 de agosto, pero actualmente, la mayor preocupación es que el gobernante Daniel Ortega continúe obstaculizando la participación de la oposición e interfiera en los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre.
Al menos seis precandidatos presidenciales permanecen detenidos desde la arremetida que empezó el pasado 2 de junio con el allanamiento y detención domiciliar de la periodista Cristiana Chamorro.
Posteriormente, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, quienes habían planteado su decisión de postularse como presidente, también fueron detenidos.
En consonancia con el discurso del presidente Ortega, la magistrada Mayra Salinas expresó recientemente que “en este momento, en el calendario electoral ni siquiera se contempla precandidatos, menos candidatos”.
“El CSE deberá recibir de parte de los Partidos Políticos participantes en las elecciones, sus propuestas de candidatos provisionales que luego, dentro de un proceso, se conocerá la lista definitiva de los candidatos a cargos de elección popular”, señaló la magistrada Salinas en declaraciones que fueron publicadas en el boletín número 9 del CSE.
Irregularidades que ensombrecen elecciones
En las últimas semanas el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha denunciado una serie de irregularidades en torno a los comicios. El presidente de la Comisión Nacional de Formación Política y Capacitación, Alberto Dávila, alertó que más 1,100 centros de votación fueron excluidos en todo el país de la Cartografía Electoral por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Dávila detalló que, en las elecciones del 2017, existía una cantidad de 4,249 centros de votación, por lo que procederán a pedir una explicación a las autoridades del CSE.
“Nos llamó mucha la atención que no está el registro de más de mil 100 Centros de Votación, por eso queremos saber cuál es la explicación que nos va a dar el CSE”, manifestó.
En su boletín número nueve, el CSE dio a conocer que el pasado 7 de julio los magistrados del CSE aprobaron las demarcaciones y ubicaciones de los Centros de Votación, es decir cada uno de los lugares donde funcionarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Otra irregularidad conocida en el contexto electoral también fue denunciada por esta alianza. El Poder Electoral, según Dávila, violenta la Ley al permitir que el coordinador administrativo de los Consejos Electorales Departamentales intervenga en los nombramientos de los integrantes de los Consejos Electorales Municipales, lo que constituye una violación a la Ley Electoral.
El pasado 18 de mayo, el CSE canceló la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática, que servía de plataforma electoral a la opositora Coalición Nacional, impidiendo así su participación en los próximos comicios. De forma paralela le fue cancelada la personería jurídica al Partido Conservador.
Posteriormente, el 3 de junio el tribunal electoral emitió un acuerdo en el que se afirma que los candidatos a elección popular deben cumplir requisitos establecidos en la Constitución Política y advierte que no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección en el presente proceso electoral “quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido” de conformidad con la carta magna.
El acuerdo que hace referencia a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) fue calificado en ese momento por algunos aspirantes presidenciales como un “chantaje”.
PLC presenta precandidatos
Los partidos opositores continúan preparándose para su participación en las próximas elecciones. El pasado 12 de julio, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), considerado la segunda fuerza política en Nicaragua, presentó a cuatro precandidatos a la presidencia de cara a los comicios en las que las que Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo como presidente en unas elecciones empañadas por los recuerdos de la represión de abril de 2018.
El diputado Miguel Rosales, presidente de la bancada del PLC ante la Asamblea Nacional, el legislador Walter Espinoza, además la exdiputada del mismo partido ante el Parlamento Centroamericano Nidia Marenco, y con el empresario Milton Arcia competirán por la candidatura presidencial de este partido.
Estimados, hoy me reuní con la Comisión Electoral de @CxLibertad y se me notificó que quedaban cerradas las inscripciones y que solamente @vidaurre_noel y su servidor somos los precandidatos oficiales de la Alianza, sigo en la contienda a la espera del mecanismo de elección.
— Americo Treminio (@americotreminio) July 12, 2021
Ese mismo día, la Alianza Ciudadanos por la Libertad cerró las inscripciones de precandidatos presidenciales, así fue informado el jinotegano Américo Treminio, quien junto al conservador Noel Vidaurre, serían los dos únicos que compitan por ser elegido el candidato oficial.
Ortega no cederá el poder
Según datos del CSE, 4,347,340 ciudadanos nicaragüenses están inscritos para votar en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.
La verificación del padrón electoral de los ciudadanos mayores de 16 años, edad mínima para votar, será el 24 y el 25 de julio y se espera que el 9 de agosto se publiquen los padrones electorales, fijándolos en los centros de votación. Posteriormente se entregará una copia digital a los partidos o alianzas de partidos políticos participantes.
El International Crisis Group, una organización no gubernamental independiente advirtió en mayo pasado que unas elecciones cuestionables “profundizarían el aislamiento internacional del país y agravarían su situación económica”.
“Unas elecciones cuestionadas que dejen a Ortega aferrado al poder tendrían costos que se extienden más allá de una mayor alienación de la oposición interna; también es muy probable que profundicen el aislamiento internacional de Nicaragua”, afirmó Crisis Group.
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El reciente nombramiento de personas afines al gobierno en el CSE y la aprobación de una controversial reforma a Ley Electoral, Ley número 331, resaltó lo “reacio que está el gobierno a ceder su control de la administración electoral”.
“Todavía hay una pequeña ventana de oportunidad para que el gobierno y la oposición preparen las condiciones para unas elecciones creíbles y eviten una escalada de tensiones”, afirma Crisis Group.
Avances en el proceso
De acuerdo con el CSE, durante las elecciones se contará con la participación de aproximadamente 175 mil fiscales de los 17 partidos políticos participantes.
Además, reconocen que desde el 4 de enero al 8 de julio de 2021, se atendieron 454,036 trámites de cedulación, de los cuales 100,475 corresponden a solicitudes de personas que han acudido a cedularse por primera vez; 196,911 renovaciones y 156,650 son reposiciones.
