Redacción / IP Nicaragua
Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes están a tres días de cumplir 90 días encerrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), también conocido como «El Chipote».
Este 26 de agosto se vence el plazo de 90 días de detención judicial que les impuso la justicia del régimen de Daniel Ortega, señalados en la investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
«Varios de los presos políticos que fueron secuestrados por el sistema judicial próximamente cumplirán el plazo de los 90 días que establece la Ley de Reformas y Adición a la Ley número 406, Código Procesal Penal (…) Ya todos sabemos que a estos presos políticos se orientó que tenían estar presos 90 días», explica a IP Nicaragua la abogada Martha Molina.
A Fletes y Gómez les aplicaron lo contenido en la reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua que estableció ampliar de 48 horas y hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida. La reforma fue aprobada el 2 de febrero de 2021 en la Asamblea Nacional, dominada por personas afines al partido de Gobierno.
La reforma que les aplicaron
Gómez y Fletes les aplicaron una nueva ley que permite detenerlos durante 90 días, una normativa que han aplicado a casi todos los detenidos en este período electoral. Sin embargo, este plazo de retención para ellos expira este jueves 26 agosto, y, ante la falta de obtención de pruebas para abrir una causa judicial, sus familiares esperan que “los dejen libres de todo cargo”.
La reforma aprobada por los diputados sandinistas cambió el artículo 253 del Código Penal que amplía el plazo y que ahora se lee de la siguiente manera:
“Cuando la persona detenida sea puesta a la orden del juez dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención, a petición del Ministerio Público se celebrará inmediatamente audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, con el fin de solicitar la ampliación del plazo para investigar y se dicta detención judicial, siempre que se considere que los resultados de la investigación requieren mayor tiempo para complementar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas”.
Además, se determina que, tras la solicitud realizada por el Ministerio Público, el juez deberá determinar si se amplía el plazo y que este no deberá ser menor de 15 días y no mayor de 90.
Molina: «Son inocentes»
Los extrabajadores de la Fundación que llevan 87 días presos fueron capturados por la Policía Nacional el 28 de mayo de 2021, desde entonces sus familiares no han podido verles y tampoco pueden conversar con sus abogados privados.
«Recordemos que esta ley es inconstitucional, pero obviando este gran grave aspecto es necesario señalar que todas las personas secuestradas por razones políticas son inocentes, porque no han cometido ningún tipo de delito y lo único que han hecho es reclamar el cumplimiento de sus derechos», insistió Molina.
Para Molina no hay ninguna certeza que cumplido este plazo todas las personas presas políticas del régimen vayan a salir en libertad.
«Quisiera ser optimista y decir que cumplido el plazo de los 90 días los presos políticos quedaran en libertad y cada cual va ir a su casa, pero no olvidemos que vivimos en un Estado criminal que utiliza la ley para perseguir a personas inocentes, entonces, una vez vencido el plazo dará inicio la audiencia preliminar y la duración del proceso si se ajusta a lo que establece el Código Procesal Penal será de tres meses aproximadamente, contándolos a partir de la primera audiencia», explicó Molina.
Otros que se acercan al plazo
Después de los extrabajadores de la FVBCH, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro es la que está más próxima a que también se le venza el plazo de 90 días que le impuso un juez. Chamorro está bajo detención domiciliar desde el pasado 2 de junio.
Otros presos políticos que llevan más de 70 días detenidos sin poder ver ni siquiera a sus abogados son: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Suyen Barahona.
