Redacción IP Nicaragua
¿Es conveniente en el contexto actual de Nicaragua aplicar la pena de cadena perpetua a los “crímenes de odio” como se propone el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Para el defensor de derechos humanos y miembro del organismo Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, ya ha habido debates sobre si la pena de muerte o penas más extensas pudieran ser la solución a delitos como los cometidos en contra de dos niñas, de 10 y 12 años, en la comunidad Lisawe, del municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte.
“Unos dicen que sí y otros que no. Yo diría que en la situación actual que está pasando el país no sería muy recomendable”, dijo Montenegro, quien advirtió que más bien se debe tener cuidado, por ejemplo, “al momento de excarcelar a personas que han cometido delitos comunes como delitos sexuales, delitos de narcotráfico, o delitos que lesionen de manera activa algún bien jurídico del colectivo social”.
Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia realizar una propuesta de reformas a la ley para penalizar con cadena perpetua a “personas que comentan crímenes de odio”, entre ellas a los femicidas.
“Nuestro comandante Daniel, el presidente de la República, nuestro Gobierno, ante la crueldad de esos ataques y crimines de cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales y culturales, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente de manera preventiva y penal estos crímenes atroces castigando severamente a los autores», dijo la esposa y vocera de Ortega, Rosario Murillo, según cita el portal web oficialista El 19 Digital.
https://soundcloud.com/user-896900758/daniel-ortega-pide-cadena-perpetua-para-personas-que-cometen-crimenes-de-odio
Montenegro explicó que en el Código Penal en vigencia se excluyen las penas de presidios.
Las penas de presidios implican una mayor permanencia en el sistema penal, lo contrario de las penas de prisión, señaló.
También explicó que una pena de cadena perpetua significaría que una persona estará encerrada en una cárcel de por vida, salvo que se incluya alguna regulación en las leyes, como en algunos países, por ejemplo, que al cumplir los 30, 35 o 40 años esa persona puede lograr una especie de libertad condicional aplicable a delitos que están por debajo de los 30 años en el Código Penal.
Pero todo eso es teoría y supuestos, porque el régimen no ha explicado en qué consistirá su propuesta.
Según Murillo, Ortega propuso una reforma “a las leyes pertinentes” y enviarla a la Asamblea Nacional “proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponde a la cultura nicaragüense”.
“En todo caso, al momento de aplicar una pena de esas a estos delitos y que me imagino que nace con la situación del asesinato de dos menores que las privaron de la vida, además de haberlas violado, en todo caso tendría que explicarse en el tipo penal que esa pena (de cadena perpetua) se van a aplicar de manera exclusiva solamente a ese tipo de delitos, porque englobarlo dentro de ‘crimen de odio’ podría dar pie a interpretaciones y aplicaciones a otras situaciones que aparentemente parezcan ilícitas”, alertó Julio Montenegro.
El Código Penal modernizado supondría que más bien el Sistema Penitenciario tiene que ser humanitario.
“Se pasa, por ejemplo, como actualmente se contempla en la Ley 473, Ley de Régimen Penitenciario y Vigilancia Penitenciaria, por el hecho de que una persona pase por un régimen de adaptación, por régimen de trabajo, un régimen abierto o semiabierto y de convivencia familiar, y que haya un sistema reeducativo que garantice que esta persona al salir del sistema carcelario no represente un peligro para el colectivo”, expresó el defensor de derechos humanos.
Sin embargo, dado de que todas las políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son cuestionables, el abogado insistió en que el peligro está en los criterios utilizados para excarcelar a miles de presos en los últimos días.
“No decimos que todas las personas de repente pudieran ser incapaces de poderse adaptar a su entorno social, y efectivamente haber pasado por una etapa de reeducación que les permita reintegrarse al colectivo social, pero sí hablamos de que en los últimos meses ha habido muchas personas que han sido excarceladas y se desconoce si ha sido con cierta rigurosidad o no, porque han sido más de 20,000 personas”, indicó.
Según información de algunos medios de comunicación, entre los miles de presos que han sido liberados está un gran porcentaje de femicidas que no había cumplido ni la mitad de su condena.
Este mismo 14 de septiembre, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que en Nicaragua el Gobierno no tiene voluntad para abordar las “tensiones y problemas” existentes y agregó que es preocupante la situación respecto al incremento de casos de femicidios en el país.
Bachelet señaló que su oficina conoció que organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo el año pasado.
El caso más reciente de femicidio que ha consternado al país fue el de las niñas de Mulukukú.
El femicida ya fue capturado por la Policía Nacional. Pero en declaraciones que brindó la mamá de las dos niñas a un canal de televisión denunció que una de ellas había sido violada sexualmente, en dos ocasiones, y que la Policía Nacional nunca hizo nada por defenderlas y castigar a los violadores.