Redacción / IP Nicaragua
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola advirtió este jueves que «Nicaragua no puede salir de su crisis si es a cambio de impunidad».
Urrejola brindó estas declaraciones durante su participación en la presentación del informe de la verdad “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”.
El informe fue presentado de manera conjunta por 15 organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas de Nicaragua.
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El documento sistematiza y actualiza más de tres años de incesante trabajo de apoyo a las víctimas y de documentación sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
«Si la estrategia de las autoridades nicaragüenses es dotarse de elementos de negociación, para conseguir sortear negociadamente la crisis de derechos humanos, así como las condenas internacionales que enfrentan sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento y sin reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, si ese fuera el objetivo del gobierno, resulta oportuno recordar que ese tipo de planes además de ser contrarios al derecho internacional no producen resultados estables de arreglos institucionales sostenibles”, señaló Urrejola.
Estado policial de excepción
Para la elaboración del informe, las diferentes organizaciones utilizaron una metodología participativa y técnica de documentación y registró con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género.
En el informe se describe un Estado policial de excepción por el «ataque sistemático y permanente del régimen de Ortega» que estuvo articulada con diversas estructuras del Estado.
«Entre los perpetradores y responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos pueden mencionarse la Policía Nacional y grupos paraestatales que actuaron con aquiescencia estatal, el Sistema Penitenciario, los ministerios de Gobernación, Salud y Educación, Alcaldías, el Sistema de Justicia Penal, entre otros. Estas circunstancias llevan a considerar que en Nicaragua se estableció una política de terror generalizado», plantea el documento.
Crímenes de lesa humanidad
Asimismo plantea que existe una legalidad autoritaria y tuvo lugar la conformación de leyes represivas para consolidar un Estado policial de excepción y «acallar cualquier tipo de disidencia política».
“En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado policial de excepción”, indica el documento que sistematiza y reorganiza los hallazgos ya disponibles, así como actualiza la situación de derechos humanos en el país.
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En el informe se plantea que los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen y las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en estos tres años de crisis sociopolítica se produjeron con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
«Ni el sistema de justicia penal, ni los mecanismos de control internos o administrativos actuaron debidamente frente a crímenes y abusos a todas luces evidentes. En la actualidad, el estado de impunidad es completo y estructural. El Ministerio Público no ha avanzado en ninguna investigación que señale la responsabilidad penal. Las víctimas y sus familiares desconfían del sistema institucional. Por tal motivo, numerosas familias decidieron no formular denuncias», plantean.
Asimismo sostienen que la no investigación de parte del Estado de las muertes violentas, las que debieron ser consideradas «ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias e investigadas de oficio y sancionadas por el Estado como crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría de las muertes no han sido judicializadas y se encuentra en un estado de total impunidad».
Detenciones masivas, selectivas, ilegitimas y arbitrarias
Al hablar de las detenciones realizadas en estos tres años de crisis, el informe las describe como masivas, selectivas, ilegitimas y arbitrarias.
Dra. @totonia68 presidenta de la @CIDH expresa que el informe Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad da cuenta del trabajo y el coraje de las organizaciones DEFENSORAS de #DDHH "más que saludo quiero darle a ustedes gracias por su compromiso y su rigor". pic.twitter.com/YgREtasPgY
— Cenidh (@cenidh) November 18, 2021
«Se trató de una política que afectó gravemente el derecho a libertad y tuvo como intención principal la de reprimir cualquier postura de oposición al régimen y de trasmitir un mensaje de terror y control a la población nicaragüense en su totalidad. Las privaciones arbitrarias de la libertad física de centenares de personas constituyen crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física. La arbitrariedad de las detenciones se agudizó por el uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza perpetrado por la Policía Nacional, como por los grupos parapoliciales», detalla el documento.
Seis etapas de la represión
El informe enumera seis etapas de la represión: represión generalizada a la protesta ciudadana; imposición de un Estado terrorista y operación limpieza; criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos; prohibición de la protesta social hacia un estado de excepción; secuestro exprés, torturas y cárceles clandestinas; y encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.
Las organizaciones plantean el tema del exilio y refugio producidos por la persecución estatal. «Miles de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares, esconderse en casas de seguridad o exiliarse para solicitar protección internacional y refugio fuera del país, para evitar ser capturadas, apresadas ilegalmente y, en el peor de los casos, sometidas a crueles torturas, golpizas y humillaciones».
Señalan que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) observó un incremento significativo en la salida de nicaragüenses/as a otros países, así como en las solicitudes de asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos».
En el informe, las organizaciones abordan otros temas como: Denegación del derecho a la salud, Vulneración de la libertad de expresión, Criminalización de la protesta, Resistencia, Blancos de la Represión y la persecución; la lucha por la libertad y al democracia plena y en contra de la impunidad.
CIDH demanda liberación de todos los presos políticos sin distinción
La comisionada Urrejola, destacó que la CIDH ha venido tomando un conjunto de acciones, sobre todo a partir del inicio de la crisis de abril de 2018 y han denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el que se mantiene el país y que ahora lamentablemente se ha intensificado.
Agregó que como consecuencia del progresivo quebrantamiento del estado de derecho, ha constatado y recientemente lo ha expresado en un comunicado que la represión que inició en abril de 2018 ha dejado al menos 355 víctimas fatales en el contexto de la crisis.
Además de 1,614 personas por lo menos han sido privadas de libertad de manera arbitraria, de las cuales más de 150 permanecen aún encarceladas.
«Es fácil caer en la desesperanza, pero quienes luchamos en derechos humanos sabemos que hay que seguir, que no hay que cesar, que tarde o temprano llegará la justicia, la verdad, la reparación para las víctimas», alentó Urrejola.
La comisionada también demandó el cese y la tortura, el aislamiento en la cárcel de las mujeres presas políticas y para la liberación de los más de 150 presos y presas políticas en Nicaragua, sin distinción.
Acción Penal, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Comité Proliberación de Familiares Presos Políticos de Nicaragua, Popol Na y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), participaron en la elaboración del informe.
También se unieron la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Unidad Defensa Jurídica (UDJ), la Unidad de Registro (UDR) y la Unión de Presos y Presas Políticos Nicaragüenses (UPPN).
