Redacción / IP Nicaragua
La situación que en 2018 vivió Marcos Novoa, un expreso político torturado en una cárcel clandestina por paramilitares afines al Gobierno de Daniel, es uno de los 18 relatos desgarradores que recoge el libro «Tribunal de Conciencia. La violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua 2018», presentado este 30 de agosto por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Novoa fue uno de los tantas personas que fueron detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas en 2018, tiempo en el que fue sometido a «distintas torturas».
«Eso me afectó bastante. Aprendí a caminar de nuevo, me tocó bien difícil, pero yo tenía en mi corazón y tenía que hablar de lo que verdaderamente pasó en esa prisión. Yo sé que hay muchas víctimas que todavía no han contado su historia y están por ahí escondidas y no quieren hablar, porque es una degradación a la humanidad. Eso me destruyó bastante como hombre y por los valores de mis padres y la ética fui a denunciar y hablé lo que verdaderamente pasó, mencionó Novoa.
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El libro expone las situaciones de violencia sexual a la que fueron sometidas las personas víctimas de funcionarios estatales y paramilitares afines al Gobierno de Ortega y Murillo. Muchas de estas víctimas permanecieron “detenidos, ilegal y arbitrariamente”, tanto en cárceles del propio sistema como otras que fueron señaladas como clandestinas.
Violencia sexual, un mecanismo de tortura
Al menos 18 testimonios de víctimas de violencia sexual, 11 mujeres y siete hombres, perpetrada por policías y paramilitares durante las detenciones arbitrarias en 2018 son expuestos en el libro.
«Durante los últimos años la Fundación Arias ha seguido los actos de víctimas de la violencia sexual cometida durante las protestas de abril-2018 en Nicaragua, como mecanismo de tortura y terror del régimen Ortega-Murillo, expresó la fundación en sus redes sociales.
⚠️🔴 #TribunalDeConciencia: “Con esta publicación reiteramos nuestro compromiso por mantener la memoria histórica de los hechos ocurridos en Nicaragua durante ese trágico abril de 2018 y nuestra contribución y deseo por señalar a los culpables para que se haga justicia.”
— Fundación Arias (@FundacionArias) August 30, 2021
Agregó que «con esta publicación reiteramos nuestro compromiso por mantener la memoria histórica de los hechos ocurridos en Nicaragua durante ese trágico abril de 2018 y nuestra contribución y deseo por señalar a los culpables para que se haga justicia».
Violencia sexual, como mecanismo de tortura
Para la defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, las torturas sexuales fueron generalizadas y cometidas en todos los departamentos del país. En 2018, varias ciudades del país fueron testigos de la represión policial en contra de los manifestantes.
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«Es una muestra más de la violencia y crueldad del régimen contra la población nicaragüense. Las torturas, violaciones y abusos sexuales fueron realizados en todos los municipios del país donde ocurrieron levantamientos, lo que permite asegurar, que todas estas acciones fueron orientadas desde las más altas autoridades. La represión, capturas arbitrarias, torturas, violaciones y abusos sexuales cometidos indistintamente en contra de mujeres y hombres fueron ejecutados de manera sistemática», dijo Jagger.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua de abril de 2018 dejó más de 328 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, a consecuencia de la represión armada de agentes estatales y civiles afines al gobierno, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quién ha condenado la persistencia de impunidad a tres años de la crisis.
En septiembre de 2020, Fundación Arias estableció un Tribunal de Conciencia denominado: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua” que se llevó a cabo en Costa Rica.
El tribunal, el primero que analiza el uso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad concluyó que Ortega y Murillo utilizó la violencia sexual como una táctica de tortura durante la “Rebelión de Abril”, según conclusiones de un peritaje jurídico presentado ante el Tribunal de Conciencia.
Entre las víctimas hay estudiantes universitarios, un ingeniero, un médico, una abogada, un agente de seguridad estatal y siete que tenían ocupaciones varias.
Fotos cortesía de Fundación Arias
