Redacción / IP Nicaragua
Después de un año del brutal asesinato contra Kendra Contreras, una mujer trans de 23 años, la comunidad LGBTIQ de Nicaragua sigue sintiéndose insegura y desprotegida, pese a que los dos asesinos de Lala como era conocida, están purgando una pena de cadena perpetua.
La comunidad LGBTIQ en Nicaragua dice que una sentencia no es garantía ni establece una normativa de respeto.
El crimen contra Lala, ocurrido el 3 de marzo de 2021, representa un acto de transfobia que encarna una “expresión de odio».
Los dos responsables del crimen, Bernardo Aristides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta amarraron a Lala a un caballo, la arrastraron 500 metros y después la lapidaron.
Cada vez que una mujer trans sale a la calle se arriesga y su vida corre peligro.
«“El crimen de odio que se cometió contra Kendra Contreras fue una muestra del desprecio que esta sociedad sigue manifestando en contra de los cuerpos disidentes, de los cuerpos que se alejan de la normatividad», dijo Franklin Hooker, del programa feminista La Corriente.
Violencia se profundiza
El 2021, cerró con 70 casos de agresiones contra miembros de la diversidad sexual, incluyendo el asesinato de Lala, según el informe anual del programa feminista La Corriente.
Desde La Corriente se documentan los hechos de violencia contra personas de la comunidad a través del observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ.
«Es una muestra de cómo la violencia y la discriminación se sigue profundizando en contexto de una completa impunidad, donde no hay un Estado que nos proteja, donde no existen leyes que velen por nuestra seguridad y donde no existe un sistema judicial que sanciones, condene y castigue la violencia que ocurre contra las personas LGBTIQ en Nicaragua”, dijo Hooker.
Cárcel no es sinónimo de justicia
Hooker señaló que aunque los dos responsables del crimen contra Lala hayan sido condenados a cadena perpetúa y continúen detenidos, no es sinónimo de justicia.
Según Hooker no es la primera vez que el Estado al mando del régimen de Daniel Ortega deja en libertad a personas que han cometido estos crímenes.
“Están presos hasta donde tenemos entendido aún, pero hay temor, desconfianza, a como ha ocurrido en otros casos, el régimen ha liberado a femicidas, violadores, a personas que están condenados por crímenes atroces y en realidad, sí existe el temor de que los asesinos de Kendra Contreras, puedan tener beneficios que otorga la dictadura”, agregó Hooker.
Una sentencia histórica
Aristides y Mondragon de 29 y 28 años, fueron los primeros nicaragüenses en recibir una condena de prisión perpetua.
Es una sentencia histórica, no solo porque se aplica por primera vez esta pena máxima que fue incorporada a las sanciones penales en Nicaragua en medio de fuertes críticas por el trasfondo político que motivó su aprobación, sino porque se hace justicia a una mujer transgénero, cuyo crimen sacó a la luz el menosprecio y discriminación que sufren los miembros de la diversidad sexual en el país.
Lala conocía a sus asesinos, horas antes del crimen había estado con ellos y se dirigían hacia la comunidad La Ceiba a bordo de un caballo cuando la asesinaron.
Según el informe del Ministerio Público, a la joven transgénero la arrastraron atada a un caballo por unos 300 metros y después la lapidaron.
Su cuerpo fue encontrado a 500 metros del mercado de Somotillo, al occidente de Nicaragua.
Ambos admitieron la atrocidad el pasado 18 de mayo de 2021 antes de enfrentarse a un juicio oral y público en los juzgados de Chinandega, donde fueron procesados por el delito de asesinato agravado en perjuicio de Lala.
Cabe mencionar, que en el proceso no se reconoció su identidad trans.
Revisión de sentencia hasta después de 30 años
La sentencia condenatoria por admisión de hechos la emitió la juez Rosa Velia Vaca Cardoza, titular del juzgado de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, el 21 de mayo de 2021, quien indicó que por tratarse de un asesinato agravado se debía imponer la pena de prisión perpetua revisable.
Pastrana y Mondragón deberán cumplir 30 años de prisión en el Sistema Penitenciario de Chinandega, sin la posibilidad de obtener un cambio de medida cautelar.
Por tratarse de una cadena perpetua revisable, la judicial indicó la posibilidad de obtener una libertad condicional una vez que hayan cumplido los 30 años de efectiva prisión, pero además deberán demostrar buena conducta y contar con un “pronóstico individualizado y favorable de reinserción social”, indica la sentencia condenatoria.
La pena de cadena perpetua revisable entró en vigor en el país el 19 de enero de 2021 tras ser aprobada en segunda legislatura la reforma al artículo 37 de la Constitución de Nicaragua .
Para su aplicación en los delitos de femicidio, parricidio y asesinato agravado el Legislativo también promovió la reforma al Código Penal y la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.
Lala falleció por hemorragia intracraneal masiva y su cuerpo lo dejaron abandonado en un predio montoso, a unos 110 metros en dirección oeste de donde se detuvieron con el caballo.
Condena contra asesinos de Lala “fue al azar”
Para Ludwika Vega, de la Asociación Nicaragüense se Transgénero (ANIT), el castigo impuesto a los asesinos de Lala, tampoco es garantía de justicia, ya que asegura que las autoridades “no les prestan la importancia necesaria a los caso de las mujeres trans”.
Vega sostiene que el caso de Lala “fue al azar, algo que se dio como por suerte. No todos los casos han paso este proceso”.
“Hay muchos casos que han quedado impune, han quedado a la deriva de situaciones de violaciones de los derechos de la población LGBTIQ y principalmente en mujeres trans, todos los casos de asesinatos que no se han logrado descubrir quienes fueron los asesinos y mucho menos condenados”, agregó Vega.
Vega insiste en que “no hay voluntad más meramente por interés, solo utilizan a la población LGBTI para un fin. Pero para acompañamientos de los casos de violaciones, de lesiones, no hay voluntad por parte de las instituciones policiales porque nosotras hemos reportado varios casos y esos casos han quedado en el limbo, sin resolver”.
70 agresiones en 2021
De acuerdo con el informe anual del observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ, del programa feminista La Corriente, entre enero y diciembre de 2021, se documentaron un total de 67 agresiones, 1 asesinato (crimen con odio contra Lala) y 2 suicidios.
Los hechos se cometieron contra 40 mujeres trans, 20 homosexueles, 9 lesbianas y en uno de los casos se desconoce la identidad sexual y de género de la víctima.
Managua, es el departamento donde más se reportan los casos (46), seguido de Matagalpa (10), León (3), Chinandega (3), Carazo (2), y en Masaya, Rivas y la RACCN (1).
Según el informe, las edades de las víctimas oscilan entre los 12 y 35 años. Hooker, alertó que la inseguridad contra el colectivo persiste en el país.
“En el relato de las víctimas está permanentemente el miedo de que las puedan asesinar, de las puedan matar, porque las situaciones que ocurren en la familia, espacios públicos e incluso del propio Estado, siempre está el miedo a que la violencia pueda trascender. Miedo permanente a todas las muestras de desprecios que se manifiestan contra los cuerpos LGBTIQ”, dijo Hooker.
Vega también señaló que como organización han venido documentando “casos de agresiones, golpes, violencia psicológica, verbal y violencia económica por la falta de oportunidades laborales, consideramos que es una de las más fuertes que existen en la población trans”.
Los activistas coinciden en que, tras el asesinato de Lala, no han documentado otro crimen de odio contra miembros del colectivo, pero recuerdan que hay hechos de violencias y casos que no son denunciados por temor.
