Cinco condiciones abusivas de detención que viven los opositores en Nicaragua, según Human Rights Watch

Redacción / IP Nicaragua 

Las 36 personas opositoras detenidas en los últimos meses en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre se enfrentan a condiciones que vulneran totalmente sus derechos humanos, incluyendo interrogatorios de muchas horas o aislamiento prolongado, denunció en reciente informe la organización Human Rigths Watch (HRW).

Entre el 28 de mayo y el 6 de septiembre, el gobierno realizó una serie de «detenciones arbitrarias», entre ellos siete precandidatos presidenciales opositores y 29 críticos de la gestión del mandatario Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidente de la Nicaragua.

«En algunos casos, la policía utilizó violencia durante las detenciones, e incluso golpeó a personas que no mostraron resistencia», refiere el informe «Nicaragua: acusaciones fabricadas contra críticos».

“La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Anterior a esas detenciones, según organismos de derechos humanos de Nicaragua, al menos 104 personas seguían siendo presos políticos en el país, muchos llevan más de un año detenidas y se «enfrentan condiciones abusivas de detención», afirma el organismo HRW.

IP Nicaragua a continuación describe cinco situaciones que vulneran los derechos de las 36 personas detenidas en los últimos meses.

Largos interrogatorios

Las personas presas políticas se encuentran incomunicados y a menudo son sometidos a «agotadores interrogatorios», describe el informe.

El pasado 31 de agosto los familiares lograron reunirse por primera vez con algunos de los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como «El Chipote». En los días posteriores, algunos de ellos denunciaron que los presos están siendo sometidos a esas jornadas agotadoras de interrogatorios.

En una declaratoria pública, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial detenido Félix Maradiaga, denunció que el opositor «no ha sido golpeado ni torturado físicamente», pero que sí «ha sido torturado psicológicamente y ha sido sometido a frecuentes y duros interrogatorios».

Según HRW las personas presas políticas «se encuentran incomunicados y en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente».

Además sufren por una «alimentación insuficiente y tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre». Según HRW, el confinamiento solitario prolongado es aquel que se extiende por 15 días consecutivos o más, por lo cual «constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional».

Delitos graves sin aportar pruebas

La mayoría de los detenidos en los últimos meses fueron acusados por “traición a la patria”, sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo cual deja en evidencia que se trata de «persecuciones por motivos políticos en represalia por su oposición al gobierno», señaló HRW.

Los cargos imputados a la mayoría de los detenidos suponen penas de entre 15 y 25 años de prisión, pero los fiscales no logran fundamentar como se debe sus acusaciones.

«Los fiscales generalmente no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados. Los actos señalados frecuentemente eran comportamientos protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión y no deberían ser criminalizados», refiere el informe.

En muchos de los casos, los fiscales «repetían textualmente las mismas acusaciones contra diversas personas en distintos expedientes», advierte la organización de derechos humanos.

Human Rigths Watch examinó una serie de y encontró que los fiscales justificaban cargos graves de menoscabo a la “integridad nacional” de Nicaragua apoyándose exclusivamente en señalamientos de que los «acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, pedían elecciones libres o exigían la condena internacional delos abusos que comete el gobierno».

Desaparición forzada

Las personas presas políticas detenidas en los últimos meses en el contexto de las elecciones, según HRW, habían sido víctimas de «desaparición forzada porque se desconocía su paradero».

Fue hasta el 31 de agosto pasado que las autoridades nicaragüenses permitieron, por primera vez desde su detención, visitas breves de sus familiares. En días anteriores a esa fecha, habían solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una «prueba de vida» de sus familiares porque no sabían dónde estaban, aunque se presumía que recluidos en «El Chipote».

A fines de agosto, el Ministerio Público comenzó a presentar cargos contra la mayoría de los detenidos, en procesos penales que se llevaron a cabo «sin garantías básicas de debido proceso».

Leyes represivas

Las autoridades nicaragüenses han iniciado investigaciones contra la mayoría de ellos por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, documenta HRW.

Cada una de esas acusaciones se hicieron al amparo de una serie de leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional en el último trimestre de 2020 y los primeros meses de 2021.

El término “traidores a la Patria” se define de manera sumamente «imprecisa», señala HRW en el informe. Basados en esas leyes la candidata presidencial Cristiana Chamorro fue acusada de cometer el delito de “lavado de dinero, bienes y activos” a través de una organización que dirigió hasta febrero de este año.

En febrero de este año, la Asamblea reformó el Código Procesal Penal logrando que las personas detenidas estén detenidas hasta por hasta 90 días sin presentar una acusación.

«En casi todos los casos contra críticos, las autoridades han autorizado la detención por ese plazo extendido».

Sin atención médica

A pesar de que algunos detenidos tienen enfermedades crónicas o necesitan medicamentos de manera regular, los jueces no han respondido a recursos presentados por sus abogados para que los examine un médico, denunció HRW.

«En ciertas ocasiones, guardias carcelarios recibieron o pidieron medicamentos a familiares, pero en algunos casos, las autoridades no permitieron que los familiares entregaran insumos médicos», señala el informe.