Clandestinidad o exilio: las opciones de los defensores de derechos humanos en Nicaragua

A unos les han confiscado sus oficinas, computadoras, automóviles y todo lo que usaban para hacer su trabajo de defensa de los derechos humanos. También les han quitado su personería jurídica, sin lo cual, legalmente, no existen. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no han cesado de hacer su trabajo. Aún cuando tienen que trabajar casi en la clandestinidad o trasladarse al exilio.

Voz de América

Las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cumplieron este 14 de diciembre dos años de operar de manera casi clandestina, mudándose continuamente de local por razones de seguridad, tras haber sido allanadas por la policía del gobierno de Nicaragua.

Además del allanamiento, ocurrido en diciembre del año 2018, el gobierno de Daniel Ortega ordenó retirarle su personalidad jurídica, junto a otras ocho organizaciones que promovían la defensa del medio ambiente y la democracia en el país centroamericano, que vive una de las peores crisis sociopolíticas del continente, según Amnistía Internacional.

El allanamiento del Cenidh en Managua, fue ejecutado por al menos sesenta agentes antidisturbios de la Policía Nacional, quienes se tomaron el edificio y amordazaron por más de 24 horas a un trabajador de seguridad de local, recordó la directora del organismo de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia.

De las nueve organizaciones a las que se les retiró su personalidad jurídica, solo tres continúan trabajando, aunque con dificultades: El Centro Nicaragüense para Los Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de la Investigación de la Comunicación (Cinco) y Fundación del Río. Esta última organización trabaja desde el exilio en Costa Rica.

“Llevamos dos años de la ilegal cancelación de la personería jurídica y del despojo y robo vulgar de nuestras instalaciones, ejecutado por la Policía, con orden del Ministerio de Gobernación. Esta situación nos ha llevado a condiciones precarias (…) aún así no hemos dejado de trabajar en ningún momento impulsando y defendiendo los derechos humanos”, señaló Núñez de Escorcia a la Voz de América.

Núñez indica que han interpuesto al menos cuatro recursos legales para intentar salvar la personería jurídica del Cenidh y recuperar sus instalaciones, que a la fecha se encuentran tomadas por la fuerza policial, sin embargo, no ha habido una respuesta.

Aún así, la defensora de derechos humanos comparte que el Cenidh continúa realizando sus esfuerzos para continuar documentando una de las peores crisis que vive el país desde 2018, aún en medio de las complicaciones a las que ella tilda como “terrorismo de Estado”.

“Nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento, atendiendo las demandas de la gente, sorteando los riesgos que eso significa. Sin oficina, sin carros, se nos robaron los cinco carros que teníamos. Se robaron todo. Quedamos a punta de teléfonos y encontrarnos en ciertos lados con los denunciantes. Ha sido una situación difícil, compartiendo y enfrentando los miedos que el terrorismo de Estado, ha desarrollado en el país”, relató.

Vilma Núñez de Escorcia, activista de los derechos humanos, es custodiada por colegas ante una orden policial de retirarse del lugar.

El lunes pasado, Núñez de Escorcia acompañó al periodista Carlos Fernando Chamorro a lo que fueron las oficinas y sala de redacción del periodista que también fueron ocupadas, sin orden judicial alguna, por efectivos de la Policía Nacional en diciembre de 2018. La Policía se presentó al lugar y dispersó a las personas que acompañaban a Chamorro y Núñez.

Según Núñez, en dos ocasiones han tenido que cambiar sus oficinas por temor a ser allanados nuevamente. También enfrentan lo que considera la estigmatización del Estado, por lo que muchas personas temen hacer públicas sus denuncias de violaciones a derechos humanos.

“Mucha gente tiene miedo de hablar y eso dificulta nuestro trabajo. Hacen denuncias de manera anónima y es frustrante. Eso es el resultado de que nos han satanizado como organización”, indica Núñez y señala al gobierno del presidente Ortega como el responsable de ello.

Núñez dice que siguen recibiendo denuncias que luego son trasladadas a los organismos de protección internacional como Naciones Unidas.

“Podemos decir que somos una fuente confiable para verificar cualquier noticia o información que estas organizaciones reciben”, indica Núñez.

Desde el exilio

La organización Fundación del Río, es otra de las oenegés cuya personalidad jurídica fue retirada en el mismo mes que el Cenidh. Su director Amaru Ruiz comenta a la VOA que tuvo que salir del país debido a que temía ser encarcelado por la policía de Ortega.

Fundación del Río es una organización constituida hace más de 30 años con el fin de velar por los recursos naturales en el país.

“En 2013 fuimos segregados por la posición de no respaldar el proyecto de un Canal Interoceánico y luego denunciamos la negligencia del gobierno de un incendio forestal en la reserva natural Indio Maíz, en Nicaragua. El régimen no atendió el llamado para sofocar el incendio e implicó que aumentaran los procesos de ampliación del incendio, y eso nos volvió a ubicar en la mira del régimen”, considera Amaru.

Desde el exilio, la Fundación del Río continúa ejerciendo mecanismos legales contra la cancelación de su personería, pero igual que el Cenidh, su caso ha sido engavetado por la Corte Suprema de Justicia, señalada de estar controlada por el presidente Ortega.

“A pesar de los recursos legales para detener procesos de expropiación, el gobierno se ha tomado más de 22 propiedades en donde veníamos trabajando”, lamenta.

Entre las propiedades que, según Amaru el gobierno se ha apropiado, se encuentran dos radios comunitarias, y más de seis áreas de conservación de bosques.

“A dos años continuamos trabajando, hemos logrado trabajar desde el exilio y con presencia en los territorios debido a la alianza que tenemos con la gente de la comunidad, lo cual nos ha permitido continuar trabajando por el desarrollo de nuestra misión y visión que se basa en el desarrollo del sureste de Nicaragua”, indica.

Los trabajadores de Fundación del Río ahora son voluntarios y se vieron reducidos drásticamente, al igual que los del Cenidh, de los que algunos tuvieron que huir a Costa Rica por temor a ser encarcelados, como el abogado de derechos humanos Gonzalo Carrión.

Ley de Agentes Extranjeros, nueva estocada

De acuerdo con expertos consultados por la Voz de América, el gobierno de Ortega quiere desarticular cualquier organización de la sociedad civil y oenegé que le adverse.

En 2018, según valoran los analistas, Ortega dio un golpe a nueve organizaciones que fueron clausuradas, pero ahora en un contexto en donde el mandatario se encuentra en la mira de la comunidad internacional no le conviene hacer esto nuevamente.

La socióloga y directora de La Corriente, María Teresa Blandón, señala que ahora Ortega intenta controlar o asfixiar a las organizaciones civiles a través de leyes como la Ley de Agentes Extranjeros.

María Teresa Blandón, directora de la oenegé La Corriente, afirma que Ortega quiere desmantelar las organizaciones de la sociedad civil que le adversan.

“La Ley de Agentes Extranjeros busca cómo destruir la red de organizaciones de la sociedad civil que durante estos catorce años (que Ortega gobierna) han venido haciendo un trabajo importante en defensa de derechos humanos, derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, ambientales, de las y los jóvenes”, afirma Blandón.

Además, considera que Ortega siempre vio en las organizaciones de la sociedad civil un peligro y un obstáculo para la hegemonía que el gobernante Frente Sandinista siempre quiso tener.

“Es clarísimo que Ortega necesita deshacerse de las organizaciones de la sociedad civil y darle un barniz de legalidad a cómo hará esto, porque lo que Ortega hizo con las oenegés en 2018, resulta bárbaro a estas alturas, pero por otro lado necesita impedir cualquier forma de organización en este año que se habla de las elecciones”, explica Blandón.

Amaru Ruiz, de Fundación considera que la Ley pone en riesgo la cooperación para el desarrollo, la cual es manejada por oenegés y organizaciones de sociedad civil. Según él, al aplicarse la Ley, viene a limitar o trabar a las organizaciones.

“Eso implica que las organizaciones cierren o se van, se están deteniendo los procesos de cooperación. Las organizaciones son ejecutoras de proyectos, y esa estructura es la que quieren desaparecer”, asevera Ruiz.

Posición del gobierno de Nicaragua

La visión del gobierno de Nicaragua es diferente. El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, señala que la Ley de Agentes Extranjeros, es una “deuda histórica”, que tenían los legisladores con el “pueblo de Nicaragua”, pues a su juicio defiende la soberanía del país. Gutiérrez alega que, a través de organizaciones no gubernamentales se canalizaron y hasta compraron votos de la ciudadanía para supuestamente vencer al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien gobierna desde hace más de 13 años consecutivos. «No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos «, argumentó Gutiérrez, quien sostuvo que organizaciones extranjeras financian a entidades locales para hacer campaña contra la administración sandinista.

Mientras tanto el presidente del parlamento nicaragüense Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos, señaló que la Ley de Agentes Extranjeros ha sido aprobada en otros países y que no se les criticaba como ocurre en Managua.

Foto portada:  Houston Castillo, VOA. 

Gobierno libera a más de mil presos comunes, y solo cinco presos políticos

Redacción IP Nicaragua

Medios de comunicación oficialistas anuncian la liberación de 1,004 reos comunes este viernes 18 de diciembre, pero entre la lista solo se ha logrado confirmar la excarcelación de cinco presos políticos.

Los nombres de los presos políticos liberados son: Juana López, de 59 años, originaria de la Isla de Ometepe; María Esperanza Sánchez, de Matagalpa y Margarito García, de Juigalpa Chontales, Justo Rodríguez, también originario de Ometepe y Alexander Martínez, originario de Masaya.

Juana López. Foto: Redes Sociales.

933 varones y 71 mujeres fueron puestos en libertad, según detalla una publicación de Radio La Primerísima.

8 meses en prisión

La abogada y defensora de derechos humanos, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, manifestó que desconocen las circunstancias legales por la cual fue liberada Juana Estela López, pero van a verificar.

«Cuando se dan las liberaciones de los privados de libertad por razones políticas nunca se ha dado una explicación de previo, lógicamente sabemos que son trasladados los privados de libertad a su lugar de origen sin ningún tipo de explicación, peor vamos a investigar bajo que circunstancias fue puesta en libertad», expresó Oviedo.

Nuca debió estar detenida

López, de 59 años, tiene un desgaste de la rodilla, no puede caminar bien por sus propios medios y padece de hipertensión.

Por su parte el abogado y activista, también de la CPDH, Ever Acevedo, manifestó que López, no debió haber enfrentado su proceso en prisión, sino que bajo medidas cautelares por ser una sentencia inferior (5 años), además de ser una persona mayor de edad y con enfermedades crónicas.

«Le pudieron haber otorgado la libertad inmediata y que solo se presentara a firmar, incluso con restricción migratoria, pero nunca detenida. Pudo haber enfrentado su proceso bajo medidas cautelares», explicó Acevedo.

Juana López  había sido detenida desde el 20 de abril junto a un grupo de autoconvocados de Ometepe, cuando celebraban el segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018, en el parque de la comarca Esquipulas.

La Policía Nacional se hizo presente en el lugar e intento agredir y detener a los jóvenes por alterar el orden público, varios manifestantes trataron de impedir que los jóvenes fueran llevados por la Policía, incluido López, por lo que todos fueron detenidos y posteriormente culpados en julio de este mismo año por el cargo de “obstrucción de funciones” en perjuicio de la Policía Nacional.

En una entrevista para Artículo 66, la hija de Juana, Norely Mora López, asegura que toda su familia está feliz con la noticia y espera que los presos políticos que aún están en la cárcel recuperen su libertad.

“Me siento agradecida con Dios porque mi mamá fue liberada esta mañana, luego de estar injustamente presa por ocho meses. Mi mamá cumple el 25 de diciembre 60 años que buen regalo el que Dios nos ha dado”, dijo Mora en la entrevista.

En el hospital

La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, informó que el campesino originario de la Isla de Ometepe, Justo Rodríguez, también fue dejado en libertad pero que permanecerá bajo observación médica en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua.

Rodríguez, de 67 años, sufrió un derrame cerebral, cuando estuvo en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, mejor conocido como «La Modelo», a causa de una fuerte golpiza que le propinaron los custodios del penal, según lo denunciado por sus familiares.

«Ya los custodios del Sistema Penitenciario y los oficiales de la Policía se fueron del hospital. Don Justo queda libre, pero saldrá del hospital hasta que los médicos le den de alta», confirmó Martínez.

Otro reo político que fue excarcelado la tarde de este viernes es Alexander Rafael Martínez López, originario de la comarca Las Flores, de la ciudad de Masaya. El joven había sido secuestrado por grupos afines al gobierno desde el pasado 17 de agosto de 2018 y condenado a tres años de prisión.

Derrumbe en mina de Rancho Grande deja varias personas soterradas

Redacción IP Nicaragua

Al menos 10 mineros están enterrados tras producirse un derrumbe en una mina artesanal, ubicada en la comunidad Las Brisas Yahoska, Rancho Grande, departamento de Matagalpa. Las autoridades aún no se pronuncian el respecto.

Según varias publicaciones en redes sociales de los habitantes de la zona, desde hace varios días la mina presentaba vulnerabilidad, pero los trabajadores ignoraron eso y siguieron con sus labores. El derrumbe ocurrió la madrugada de este viernes 18 de diciembre.

En la mina trabajan 80 güiriseros, es propiedad de Cipriano Pérez, detalla Radio La Primerísima. Según los reportes de los habitantes de la zona, 10 de estos güiriseros podrían estar atrapados.

En una entrevista para Canal 10, Freddy Martínez habitante de la comunidad, asegura que son entre 10 y 16 cuerpos y que están enterrados a unos 100 metros de donde inicia la boca del túnel.

“Desde ayer está reventando, la gente no hizo caso y se metieron a trabajar”, dijo Martínez durante la entrevista.

Freddy afirma que se le comunicó a la municipalidad, pero estos no mostraron interés en ayudar, su respuesta fue “que no alarmaran a las personas”.

Los habitantes estaban inconformes ante el lento actuar de las autoridades. La Policía Nacional se presentó al lugar y colocó un cordón de oficiales, que impedían el ingreso de los pobladores al lugar.

Minutos después, los oficiales autorizaron la entrada de varios mineros que conocen perfectamente el lugar, pero con las pocas herramientas que andaban no pudieron hacer nada.

Hasta el momento, Rosario Murillo, vocera oficial del gobierno, no se ha pronunciado ante lo ocurrido en la mina artesanal.

La historia de Guido y David, primera pareja reconocida en unión libre en Bolivia

David Aruquipa y Guido Montaño relataron los obstáculos que tuvieron que atravesar para llegar a formalizar legalmente su matrimonio, debido a que Bolivia no contaba con una legislación que los respaldara.

Voz de América

Se conocieron en 2009, se casaron en el 2018, pero recién este año su unión civil fue legal. David Aruquipa y Guido Montaño celebraron este 11 de diciembre, después de una larga lucha, el reconocimiento tan anhelado en Bolivia.

Apenas se conoció la resolución, los medios de comunicación nacionales e internacionales amplificaron la noticia y los mensajes de cariño, apoyo y celebración llegaron de todas partes, pero también algunos comentarios negativos, prueba de que el camino aún no es fácil.

Guido prefiere enfocarse en lo positivo porque además ve que una mayoría de la población levanta su voz para defenderlos y eso significa, desde su perspectiva, que “la sociedad ha cambiado y está dispuesta a defender los derechos humanos”.

“Recibimos muchas felicitaciones de todo el mundo, pero también mensajes contrarios, desalentadores, homofóbicos que promocionan el odio, aunque ha sido muy mínimo por suerte y nosotros no hemos tenido que hacer nada puesto que la gente misma ha reaccionado ante estos mensajes”, dice Montaño.

Unos 30 países reconocen actualmente el matrimonio homosexual, siguiendo el camino abierto por los Países Bajos en 2001. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales felicitaron a Bolivia por una decisión considerada “histórica”.

Sin embargo, para lograr este paso, la pareja tuvo que atravesar muchos obstáculos a nivel jurídico debido a que la legislación boliviana no reconocía su unión. En muchas ocasiones ellos pensaron en ir a vivir a otro país como Argentina o México para poder legalizar su matrimonio, pero siempre llegaban a la conclusión de que lograrlo en Bolivia sería un avance para toda la comunidad.

“Dos años y medio con la tortura de hacer este trámite, pero queríamos hacerlo, queríamos demostrar en la práctica que cuando manejas los derechos humanos puedes hacer justicia con tu vida”, asegura emocionado David.

En el camino el apoyo legal fue importante, representado en el compromiso del colectivo de abogados “Derechos en acción” que celebró la decisión en el país.

Este paso, también es un llamado para que haya mayor compromiso de las autoridades, asegura Raysa Torriani, activista y directora de Mesa de Trabajo Nacional, una organización que vela por las poblaciones vulnerables en Bolivia.

“La lucha sigue teniendo grandes conquistas y se hace desde las calles, esta decisión es un gran avance porque es una lucha de muchos sectores que han ido incidiendo en la política hasta lograrlo, y ahora es tiempo de que el gobierno nacional y los gobiernos regionales asuman acciones viendo otros temas como la adopción que es un derecho de las personas LGBTI y también el aborto”, enfatiza Torriani.

David Aruquipa, un administrador de empresas de 48 años, y Guido Montaño, un abogado de 45, están convencidos de que este es solo el inicio porque aún quedan muchas más batallas que ganar en el reconocimiento de los derechos humanos porque aún hay espacios de discriminación.

Ambos activistas y fanáticos de los viajes ven con optimismo su futuro y compartieron con la Voz de América sus próximos planes.

Lo que nos queda como pareja es “seguir amándonos obviamente en este proyecto de vida juntos”, dice David. Guido adelanta que tienen pensando, el próximo año, “hacer una fiesta con bombos y platillos y festejar en grande este acontecimiento”.

El logro de la pareja pone a Bolivia en el mapa de los países que reconocen este derecho y da esperanza a la comunidad LGBTI que tiene otras historias de amor como la de David y Guido.

Nicaragua: gobierno retrasa discusión de reformas electorales hasta 2021

La Asamblea Nacional de Nicaragua está más interesada en aprobar una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para crímenes de odio.

Voz de América

Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar reformas a la Ley Electoral para los comicios del año próximo.

El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de la legislatura, hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral.

Nada de eso sucedió en la cámara, por el contrario, Porras dejó en claro a los diputados que la prioridad en 2021 será aprobar la reforma constitucional que establece la cadena perpetua para crímenes de odio.

“Nuestra primera tarea es trabajar el artículo 37 (de la Constitución) y luego pasar a la reforma del Código Penal”, dijo el parlamentario sandinista.

Analistas políticos como el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, sostienen que ya no se podrán implementar las reformas constitucionales que demanda la oposición entre sus exigencias para el próximo año, entre ellas, la eliminación de la reelección o el umbral de votación, pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la Ley Electoral.

“Si son reformas que tienen características constitucionales, si es una reforma a la constitución no hay tiempo, pero si hay tiempo para la reforma electoral y el nombramiento de magistrado y establecer una estructura electoral que actúe conforme a la ley”, dijo Anaya.

Para José Pallais, integrante de la Coalición Nacional opositora, se ha cerrado la oportunidad de reformar la Constitución en aquellos puntos de relevancia electoral, porque esto requiere de dos legislaturas, pero aún se puede reformar La Ley Electoral, y esto podría hacerse, con voluntad del gobierno, en los dos primeros meses de 2021.

“Lo que pasa es que la voluntad no se aprecia, no se ha convocado a elecciones del 2021, no existe un anteproyecto de ley de parte del Ejecutivo, no se ha negociado, no se ha normado, mientras la oposición sí ha presentado sus propuestas, de cuáles serían las líneas generales y esta lista con una propuesta en la que se detalla artículo por artículo cómo esas líneas generales deben trasladarse para la reforma concreta en la Asamblea Nacional”, señaló.

Presiones internacionales

Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana  el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El analista político José Dávila aseguró que el gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.

“No solo Estados Unidos sino la comunidad internacional va a presionar más a (el presidente Daniel) Ortega. Realmente Ortega no abandona su retórica, no abandona su ataque a los Estados Unidos y en vez de dar las reformas electorales y restaurar las libertades públicas, sigue con las amenazas”, dijo Dávila.

En octubre la OEA  demandó al gobierno garantizar “elecciones libres y justas” y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo.

A grandes rasgos, la OEA demanda al gobierno de Nicaragua un despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral, una modernización del Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, apertura para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse, actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes, entre otros aspectos.

En tanto, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a los diputados acreditados a una sesión extraordinaria este 21 de diciembre, aunque todavía no se conoce cuáles son los temas que se abordarán en esta sesión.