*Organismos certifican lista y añaden que permanecen en las celdas de la galería 300, consideradas de máxima seguridad.
Redacción IP Nicaragua
Un total de 10 personas que fueron detenidas, procesadas y condenadas de “forma arbitraria”, son los presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de previo al estallido social de abril de 2018, revela una investigación de un grupo de organizaciones.
Los diez detenidos se encuentran recluidos en las celdas de la galería 300, consideradas de máxima seguridad, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”.
Las personas, consideradas presos políticos, fueron detenidos entre el 2011 y el 2014, señala el informe presentado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos y otras 16 organizaciones y movimientos opositores.
Todas estas personas fueron detenidas y procesadas por estar vinculadas a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos y los operarios del Gobierno actuaron bajo el mismo patrón de las detenciones ocurridas a partir de 2018.
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“Todas las detenciones referidas anteriormente, tenían las mismas características, las personas detenidas fueron trasladadas desde sus municipios hasta Managua, a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, donde permanecieron aisladas, sin acceso y comunicación con sus familiares, defensores y defensoras, sometidas a golpes e incluso actos de torturas”, refiere el documento.
Los detenidos y las condenas
De acuerdo con las organizaciones que realizaron la investigación, desde antes de abril de 2018, el sistema de justicia de Nicaragua ha sido “utilizado para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia en el país”.
En el caso específico, los diez detenidos, todos condenados, se enfrentan a penas de 10, 12, 133 y 137 años.
El caso más emblemático es el de Marvin Vargas, conocido como El Cachorro, líder y dirigente del movimiento Cachorros de Sandino, que exigía el cumplimiento de beneficios sociales para quienes participaron en la guerra en los años 80, por lo cual fue detenido el 8 de mayo de 2011, detalla el documento.
Vargas fue detenido cuatro meses después de amenazar con realizar el Operativo Danto 2011, por considerar que habían sido “extremos los 25 años” a los que estuvieron sometidos los 150 mil cachorros de Sandino.
Acusado inicialmente por el delito de estafa fue condenado a una pena de cinco años. Luego de haber cumplido la condena, no fue liberado y permaneció seis meses más en prisión, periodo en el que fue sometido a un operativo en que supuestamente le encontraron drogas y fue condenado nuevamente a 12 años de prisión.
Los otros nueve detenidos, fueron vinculados a los hechos conocidos como “la masacre del 19 de julio del 2014”.
Aunque han alegado su “inocencia y falta de participación en los hechos” no han sido liberados. Cada uno de ellos pertenecían a estructuras políticas partidarias en el momento en que ocurrieron los hechos o eran opositores de vieja data.
Según la Policía Nacional, el 19 de julio de 2014, los nueve acusados ejecutaron dos ataques a una caravana proveniente de Managua, donde se celebró el 35 aniversario del 19 de julio, organizado por el partido de gobierno.
En los hechos, uno ocurrido en el Kilómetro 76 de la carretera Managua – Matagalpa (Sector de Puertas Viejas) y el otro entre el poblado de San Ramón y la Comunidad “El Jobo”, murieron 5 personas y por lo menos 18 resultaron heridas.
“Esa versión oficial, fue cuestionada porque no explica las razones o motivos que tendrían cada uno de los supuestos implicados de participar como banda, en la que se unieron opositores, un peligroso integrante de los Zetas y un capitán de las tropas especiales retirado del Ejército, del que nunca rindieron cuenta, sobre si lo capturaron o no, pese a haber sido señalado como uno de los que realizó disparos”, señala el informe.
Wilfredo José Balmaceda Castrillo, secretario municipal del Partido Liberal Constitucionalista; Walter José Balmaceda Ruíz, fiscal de una de las rutas electorales por parte del Partido Liberal Independiente (PLI); Zacarías Isabel Cano Angulo, miembro del PLC y José Ricardo Cortez Dávila, quien fuera miembro de la contrarrevolución o resistencia nicaragüense, forman parte de los acusados.
También Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, afín al PLI; Rosendo Antonio Huerta González, activista del PLC; José Oliver Meza Ráudez, detenido y acusado en los ochenta de ser colaborador de la contrarrevolución; Jairo Antonio Obando Delgadillo, de familia opositora reconocida y el opositor Leonel Antonio Poveda Palacios, forman parte de la lista.
“Decenas de personas presas políticas excarceladas, que fueron recluidas en el 2018, en la dirección de máxima seguridad, conocida como la 300” conocieron de forma directa sus relatos y denuncias.
Foto portada: El Nuevo Diario.
