Las instalaciones de 100%Noticias, Confidencial, el Cenidh, Fundación Popol Na y Cisas, amanecieron este miércoles con carteles del Minsa. Sus directivos denuncian que Ortega ha consumado el robo.
Redacción IP Nicaragua
Los medios de comunicación y ONG confiscados por el gobierno de Daniel Ortega, desde hace más de dos años, amanecieron este miércoles 23 de diciembre con rótulos que indican que dichas instalaciones pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa) y en los que se construirán proyectos de la institución.
Uno de los carteles colocados en el edificio de 100% Noticias dice: “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud”, e indica que ahí se construirá un centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y drogadicción.
La periodista y directora del Canal, Lucía Pineda Ubau, manifestó que esta acción es totalmente inconstitucional, ya que según el artículo 44 de la Constitución Política, en el país está prohibida la confiscación. “Y ellos (el gobierno) de forma de facto, de forma descarada vienen e instalan un rótulo ahora diciendo que de hecho, porque no hay nada jurídico que los sustente, que esas instalaciones de 100%Noticias le pertenecen al Minsa”, expresó Pineda.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo con esto están consumando el robo descarado que comenzó desde hace dos años”, insistió la periodista, que se encuentra exiliada en Costa Rica.
Además de 100%Noticias, en las oficinas de Confidencial, medio de comunicación del periodista Carlos Fernando Chamorro, en la Fundación Popol Na, de la exguerrillera Sandinista, Mónica Baltodano, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid) y en las instalaciones del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), de la activista Ana Quirós, quien fue expulsada a Costa Rica al poseer la doble nacionalidad, también el Gobierno mandó a instalar rótulos que expresaban que ahora estos edificios pertenecen al Minsa.
“La dictadura ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100%noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo ni matar la verdad. También confiscan propiedades de organizaciones no gubernamentales: Ortega viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, denunció el periodista y director de Confidencial, Esta Semana y Niú, Carlos Fernando Chamorro, a través de su cuenta en Twitter.
“El año pasado le instalaron al edificio una bandera del Frente Sandinista, ahora mandan a poner este rótulo. Ese edificio no le pertenece ni al FSLN, ni al Ministerio de Salud, ese edificio le pertenece a 100%Noticias, a sus propietarios y socios. Esto va a tener repercusiones en el futuro”, agregó Pineda Ubau.
Pablo Abrao, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó también, por medio de su cuenta en redes sociales que tras dos años tomados los edificios “nuca hubo discontinuidad de la represión en Nicaragua”.
“Dos años después de tomarse 100%Noticias ahora afirman que esa propiedad le pertece al Estado. Igual lo hacen con la sala de redacción de Confidencial, el Cenidh, Popol Na y otras ONG tomadas. Nunca hubo discontinuidad de la represión en Nicaragua”, escribió en su cuenta de Twitter.
Entre noviembre y diciembre de 2018, nueve ONG y dos medios de comunicación sufrieron arbitrariamente el despojo de sus personerías jurídicas por parte del gobierno de Daniel Ortega, sus instalaciones fueron allanadas ilegalmente y sus bienes confiscados. No obstante sus labores no han sido suspendidas, pese a que han vivido represión, persecución y asedio.
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Las otras ONG confiscadas por el gobierno de Ortega son: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade, Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo en Las Segovias, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia.
El Gobierno les aplicó la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolas sin pruebas, de financiar actos para desestabilizar el país, como califica Ortega las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018. De acuerdo a los directivos de estas ONG, dichas confiscaciones ilegales se deben a actos de represalias por denunciar los abusos a la institucionalidad y violación los derechos humanos de los nicaragüenses.
