Entra en vigencia ley que inhibe a opositores en elecciones 2021

* La OEA advierte que la legislación restringe los derechos políticos de los nicaragüenses y limita la competencia electoral

Redacción IP Nicaragua

En menos de 24 horas de su aprobación y de forma «expedita», la “Ley Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que inhibe a los  opositores de ser candidatos en las elecciones generales de 2021, fue publicada en La Gaceta, diario oficial del país.

De esta forma, entró en vigencia la iniciativa que fue enviada con urgencia por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, pese a que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó al Estado de Nicaragua a echar pie atrás y no publicar la ley.

La organización internacional a través de un comunicado emitido este lunes, luego de la aprobación de la ley invitó al Gobierno de Nicaragua a derogar la ley en cuestión  y reiteró su llamado a que se inicie un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país, para emprender las reformas electorales necesarias, que garanticen elecciones libres, justas y transparentes.

La Ley fue aprobada el 21 de diciembre en una sesión extraordinaria por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que son mayoría entre los 91 legisladores en función.

La ley aprobada por la Asamblea Legislativa pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral y es un claro atentado al principio básico de un estado democrático, de acuerdo con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, alertó la OEA, en el comunicado.

Es decir, que «el Gobierno de Nicaragua, a través de este tipo de actos, le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2031 en una imposición en lugar de una elección», señaló la OEA.

Asimismo, la ley apunta a los opositores que el gobierno de Daniel Ortega señale de promover protestas ciudadanas, que son calificadas como «golpes de Estado», que gestionen y celebren las sanciones de la comunidad internacional hacia funcionarios o aliados del gobierno. Estos actos, según la norma serán una «traición a la Patria», y los opositores serían acusados penalmente para inhibirlos como candidatos en los comicios de 2021.

La Secretaría General de la OEA le recuerda al gobierno de Nicaragua «su compromiso expresado públicamente, de implementar las recomendaciones de la última Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, que incluía medidas que sin duda mejorar una las condiciones democráticas en el país, y que difieren radicalmente a las que ahora se pretenden implementar».

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