*Hablar de derechos humanos o exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos, en especial los de las mujeres y las niñas se ha convertido en un delito en el país. En eso coinciden dos activistas.
Eva Inestroza
Desde el regreso de Daniel Ortega al poder (2007), las organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial aquellas, que defienden los derechos de las mujeres y las niñas se han enfrentado a una ola de violencia estructural, sistematizada de parte de todas las instituciones del Estado, coinciden dos activistas.
Las organizaciones feministas han afrontado amenazas, no solo por parte de agresores y familiares de agresores, por defender a las víctimas, sino también a campañas de desprestigios dirigidas desde el gobierno e instituciones estatales. Les han cancelado personerías jurídicas, han vivido asedio, persecución y hasta se les ha impedido marchar, denunciaron.
La socióloga María Teresa Blandón, del movimiento feminista La Corriente, manifestó que, “desde el retorno del régimen Ortega Murillo al poder ha habido distintas formas de hostigamiento y hasta criminalización del trabajo de las organizaciones feministas”. Recuerda que “en el 2009 el régimen allanó las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres, acusándolo de estar utilizando recursos para fines políticos, partidarios. Nunca lo demostraron, pero tampoco repararon el acto”, expresó.
Por su parte Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), mencionó que las activistas “nos enfrentamos a una ola de violencia estructural, sistemática de parte de todas las instituciones del Estado, de parte de agresores, de femicidas y familias de agresores, viéndolo ya como la parte de defensoras de derechos humanos de otras mujeres”.
Principalmente, en estos momentos “no hay Estado de Derecho para nadie y que las defensoras de derecho en vez de ser protegidas, más bien estamos sufriendo asedios, discriminación, hostigamiento, vigilancia, control de diferentes entidades”, denunció.
Blandón añadió que “a lo largo de todos estos años ha habido campañas de desprestigios y de estigmatización que las ha dirigido directamente la señora Rosario Murillo (vice presidenta y primera dama del país), pero que la han repetido todos los leales de su partido”.
El asedio contra las feministas arreció en 2018
Seis meses después de iniciadas las protestas antigubernamentales en el país, el 29 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que dirigía la feminista Ana Quirós, quien también fue deportada a Costa Rica por órdenes del Gobierno de Nicaragua.
De acuerdo con el documento remitido a la junta directiva del parlamento, en ese entonces, se canceló la personería jurídica de Cisas, por ser señalada “de gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”.
Además, el escrito indicaba que el destino de los bienes de esa ONG, así como su previa liquidación debían ser entregados al Estado de Nicaragua. Quirós fue una de las activistas más visibles durante el inició de las protestas civiles, que fueron reprimidas por la Policía. Incluso fue brutalmente golpeada por grupos afines al gobierno, mientras participaba en la primera marcha antigubernamental en Camino de Oriente, en Managua.
“Las organizaciones feministas hemos sido excluidas de toda la gestión pública que como sabemos es un derecho ciudadano y más recientemente en el marco de la crisis hubo organizaciones que fueron cerradas, como Cisas, y cuya directora (Ana Quirós) fue expulsada del país de manera arbitraria”, señaló Blandón.
Después de su expulsión, desde Costa Rica, la feminista Ana Quirós denunció que oficiales de Migración y de la Policía Nacional la llevaron esposada en todo el trayecto desde Managua hasta las fronteras de Peñas Blancas, y que durante todo el camino fue insultada y maltratada verbalmente.
“Pero también nos han amenazados, nos han impedido marchar, nos han desprestigiados”, insistió Blandón.
Asedio y amenazas persisten
El pasado 1 de septiembre de 2020, la defensora de derechos humanos y feminista María Teresa Blandón fue amenazada con ser agredida sexualmente por sujetos desconocidos, los que ingresaron a su casa y dejaron pintas en las paredes.
“Entró un hombre a mi casa. No sé robó nada más que un trapo. Dejó unos grabados llamándome…, lesbiana. Además ofreciendo sexo gratis”, cita una publicación de Blandón en sus redes.
Para Blandón, esto no solo es un acto individual, sino que forma parte de una estrategia del gobierno de Ortega Murillo en contra de las organizaciones feministas de este país.
“Este régimen ha demostrado un enorme rechazo, una enorme oposición a las demandas feministas y a reconocer ciertos derechos de las mujeres”, añadió Blandón, quien ha sido una crítica del gobierno por la violencia sistemática en contra de las mujeres y niñas en el país, y las graves violaciones a los derechos humanos.
- Leer más: Oacnudh expresa preocupación por persistente patrón de violación de derechos humanos en Nicaragua
El pasado 25 de septiembre, la Policía cercó el perímetro de las instalaciones del movimiento de mujeres María Elena Cuadra. Los oficiales colocaron conos anaranjados en la entrada del lugar e impidieron durante más de cuatro horas el ingreso de las trabajadoras al lugar.
La directora de la organización, Sandra Ramos, se presentó al lugar para indagar la razón de la presencia policial, pero los agentes no le dieron explicación alguna. Hasta ahora, nadie ha brindado ninguna explicación.
El movimiento María Elena Cuadra forma parte de la organización opositora, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participó en el primer diálogo nacional como contra parte del gobierno tras el estallido de la crisis de abril de 2018.
Ramos explicó en ese momento que el asedio en contra de la organización se debía a una “represalia política”. Sin embargo, advirtió a los oficiales que no les tenía miedo. “Me quieren echar presa, si me quieren echar presa, llévenme, yo no les tengo miedo”, les gritó.
El asedio agudiza en las zonas rurales
Mejía señala que la violencia, discriminación y el asedio aumentan y se vulnera, según el territorio donde operan las organizaciones y las defensoras de derechos humanos.
“Los ataques se agudizan según el territorio donde estemos trabajando porque no es lo mismo una defensora de un área urbana reconocida, como el caso de María Teresa Blandón, o Sandra Ramos, que son defensoras reconocidas y que le elevan la parada a la denuncia, a una defensora de un territorio rural, en pobreza y en una comunidad lejana”, apuntó Mejía.
Este es el día a día de las defensoras. “Por eso es que muchas organizaciones han cerrado, se han ido del país, las activistas están exiliadas porque corren el riesgo de ser asesinadas, de ser encarcelas y de seguir siendo hostigadas”, agregó.
Además, aseveró, les provoca todo un desgaste emocional y físico y expresó “que es complicado vivir en un entorno así, en una sociedad donde la violencia es el pan de cada día”.
“Exigir que se cumplan los derechos se ha convertido en un delito”
La representante de la RMCV puntualiza que lo menos que se respeta en el país son los derechos humanos, por lo que hablar, exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos se ha criminalizado.
“Hablar de derechos humanos, de exigir derechos humanos se ha convertido en un delito y como nosotras, como defensoras ‘ponemos el dedo en la llaga’, eso no le gusta a las estructuras políticas partidarias y de poder que hay en el país”, expresó.
Por eso es que “nos asedian, porque defendemos a las personas más desprotegidas, visibilizamos y le decimos a los funcionarios públicos que no están cumpliendo con su papel, con la ley que como ciudadanos nos respaldan”, manifestó.
Por lo tanto, se vuelve “incómodo para ellos (autoridades de gobierno y funcionarios públicos) escuchar que hay violencia en el país, que están matando a las mujeres, que no hay seguridad. En vez de ponerse a trabajar y a cumplir la ley, lo voltean con asedio, discriminación y más incumplimiento de la ley, y es por eso que nosotras estamos en riesgo”, advirtió.
Mejía, menciona que, históricamente, los defensores de derechos humanos, principalmente las mujeres, quienes han sido las que insisten y han denunciado las violaciones sistemáticas, y no solo contra las mujeres, sino de todo tipo de violencia y específicamente contra las mujeres y las niñas son las que han sido atacadas, amenazadas y hostigadas.
El Estado está en deuda con las mujeres nicaragüenses
De acuerdo con la directora del movimiento feminista La Corriente, el Movimiento Feminista en Nicaragua, en sus diversas expresiones, tiene más de cuatro décadas de existencia. A lo largo del tiempo, han ido modificando su forma de organización, así como la agendas de algunos temas, que han sido unas constantes en “el discurso público y en las reivindicaciones que planean las organizaciones feministas en el país”.
“Estas demandas siguen siendo actuales, puesto que hay una deuda histórica del Estado, pero incluso también de las empresas privadas y de la sociedad en general con los derechos de las mujeres”, expuso Blandón. Por ejemplo, el tema de la pobreza, “que afecta de manera particular a las mujeres, las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que incluyen las brechas salariales que en este país en algunos sectores son enormes”, apuntó.
Asimismo, señaló, la falta de acceso de las mujeres a la tierra, el respeto a los derechos de las mujeres indígenas, un trabajo digno, lo que para la activista se ha ido deteriorando. También, detalló, demandas que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres, con el derecho a elegir de las mujeres, en este ámbito se incluye el derecho de vivir libre de toda forma de violencia, de acoso, física, psicológica, económica, sexual, y otros temas que tienen que ver con la sexualidad, la capacidad de elegir el tipo de relaciones, y derechos reproductivos.
- Leer más: Defensores de los derechos humanos de Nicaragua reclaman trato igualitario para reos políticos
“Que tienen que ver como cada mujer tenga las condiciones y los medios para elegir sobre su propia capacidad reproductiva, sin verse obligada por las circunstancias o por las restricciones a reproducirse sin tener las condiciones y peor aún sin tener el deseo para hacerlo”, argumentó.
Otras demandas, “es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el espacio público”.
“Sigue siendo una demanda, porque aunque cuantitativamente hay más mujeres en el poder, también es cierto que estas mujeres no tienen autonomía, no tienen capacidad de decisión. Ocupan lugares subalternos, solo son los hombres los que realmente ejercen el poder y esto nos parece una manipulación de esa histórica y legitima demanda de las organizaciones feministas en nuestro país”, concluyó Blandón.
