* Piden terminar con los actos de represión, persecución, liberar a presos políticos y retomar la ruta del diálogo.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
En Nicaragua, persiste un alto nivel de inseguridad y un patrón constante de “graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018”, concluyó este viernes el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), tras aprobar –con 24 votos a favor- una resolución en la que exige al Gobierno termine con toda política de intimidación contra grupos de la oposición.
“El Consejo expresa gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, y torturas y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión”, dice parte del documento que se aprobó pese a que hubo 19 abstenciones y cuatro votos en contra.
📌🇳🇮 El Consejo de Derechos Humanos #HRC43 acaba de adoptar una nueva resolución sobre la promoción y protección de los #DDHH en #Nicaragua. Más info 👉 https://t.co/i6NE0xnuFT
— OACNUDH (@OACNUDH) June 19, 2020
No obstante, este organismo de Naciones Unidas continúa expresando una enorme preocupación por la “persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua”.
Los espacios –agregó- han sido cerrados para personas que expresan “opiniones críticas respecto del Gobierno”, como por ejemplo miembros de la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, periodistas, estudiantes, las víctimas y sus familiares, señala el documento aprobado.
Acabar con detenciones “ilegales”
El Consejo exhorta al actual Gobierno, presidido por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, a que deje de recurrir a las medidas que ha utilizado en los últimos dos años, como “detenciones y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad”, para reprimir la disidencia.
En tal sentido, el Consejo exhorta y llama a que se pongan en libertad “sin condiciones” a todas las personas que continúan en prisión y que fueron detenidas “arbitraria o ilegalmente”.
A la fecha, en el país, según datos de organizaciones de presos políticos, más de 90 personas continúan en las cárceles del país por protestar en contra del Gobierno, por lo cual en la resolución se pide que se “realice investigaciones diligentes e imparciales de todas las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos, y adopte medidas eficaces contra la violencia sexual y de género”.
Ante la “persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos” en Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que repercute negativamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población.
El organismo de la ONU, instó a Ortega y Murillo a que adopten un “plan de acción integral” que esté orientado a la rendición de cuentas, pero que esté centrado en las víctimas y en los supervivientes, como una de las recomendaciones que hizo en algún momento la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Bachelet.
“Que contemple, entre otros, investigaciones y actuaciones judiciales penales rápidas, exhaustivas y transparentes de todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos ocurridos desde 2018; medidas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”, reiteran.
Desarticular paramilitares
Ponen mayor énfasis y sugieren la inmediata “desarticulación y el desarme de los grupos armados” que imperan en el territorio nicaragüense desde Abril de 2018.
La ONU pide al Gobierno que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esa cooperación permitiría, el acceso sin “trabas a todo el país y facilitando las visitas, y a su vez exhorta también al Gobierno de Nicaragua a que no se tomen represalias contra quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales.
Por otro lado, sugieren que se retome la senda de una “diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente” y retomar los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019.
Finalmente, orientan a que se inicie e “implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales”.
