La crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del 2018, y que ha venido subiendo de nivel en los últimos años, vuelve a ser tema de agenda en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se inauguró este 5 de octubre en Lima, Perú.
En el marco de esa inauguración, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha distanciado de la organización desde noviembre de 2019 cuando anunció su salida de este foro hemisférico.
«Los contactos para abordar temas políticos no ha sido posible, el régimen definitivamente se ha distanciado de la organización y las dificultades para trabajar estos temas ha ido increciendo”, dijo Almagro en la jornada de inauguración.
En el quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones, los cancilleres reunidos en Lima, Perú, discutirán una nueva declaración denominada: «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», en el que pedirán al gobierno de Daniel Ortega cese la represión en Nicaragua, libere a los presos políticos y pare la detención ilegal contra miembros de la Iglesia católica en el país, según el proyecto de resolución.
En el documento los países se muestran preocupados “por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua».
Además el «encarcelamiento de figuras políticas, el cierre forzado de organizaciones de la sociedad civil y universidades; la toma de oficinas municipales, la represión de periodistas y allanamientos en las organizaciones, de medios de comunicación, y la intimidación de líderes comunitarios, incluidas las mujeres líderes sociales, lo que genera un clima de opresión y miedo”.
Resolución de la OEA sobre Nicaragua
El proyecto de la resolución que será debatida en la cuarta sesión plenaria, el viernes 7 de octubre, acuerda “instar al Gobierno de Nicaragua a que garantice la integridad física, mental y moral, y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente».
También se exhortará al régimen a que libere inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Llama también al “cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica y a que garantice el derecho a la libertad religiosa de todo en el país”.
La Asamblea General de la OEA además pedirá la creación de una “comisión de alto nivel” para el mandato de ofrecer al régimen “la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes”.
