La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las presas políticas Cynthia Samantha Jirón Padilla, Jeannine Horvilleur Cuadra, Ana Carolina Álvarez Horvilleur y sus núcleos familiares, informó este 7 de diciembre, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Las medidas fueron tramitadas por este Colectivo y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), tras considerar que las reas de conciencia y sus familiares se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua, expuso el organismo a través de un comunicado.
La CIDH emitió la Resolución 68/2022 referida a las medidas cautelares MC 265-22 y MC 859-22, en donde señala que Cynthia Samantha, Jeannine y Ana Carolina son consideradas opositoras al actual gobierno y se encuentran detenidas en el Centro Penitenciario La Esperanza y la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en condiciones inadecuadas y sin atención médica necesaria y oportuna para atender su salud.
Caso de Samantha Jirón
En el caso de Cynthia Samantha, quien es la presa política más joven, fue encarcelada el 9 noviembre de 2021 por agentes vestidos de civil, motorizados y armados sin presentar orden de captura.
«Durante más de 20 horas no se supo de su paradero hasta el 10 de noviembre de 2021 cuando su familia la localizó en la Estación de Policía del Distrito III, de donde la trasladaban todos los días a El Chipote para interrogatorios exhaustivos».
El Colectivo denunció que «en este tiempo no tuvo acceso a sus medicamentos, pese a que sufre de migrañas constantes, gastritis y nervios, así como de bajones de azúcar no controlados y tampoco le entregaron sus lentes».
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Jirón fue puesta a la orden de la autoridad judicial el 13 de noviembre de 2021, ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, aproximadamente 12 días después de su detención, bajo los cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y Ciberdelitos. El 7 de marzo de 2022, la condenaron a ocho años de prisión.
El Colectivo agregó que desde que fue traslada a La Esperanza su estado de salud se ha ido deteriorando sin recibir atención médica especializada, además aseguran que sufre de hostigamientos por parte de otras reclusas y de las custodias.
Medidas cautelares para la familia Zamora Horvilleur
Asimismo, el Colectivo indicó que en el caso de las medidas cautelares otorgadas a favor de Jeannine Horvilleur Cuadra y su hija, Ana Álvarez Horvilleur, madre e hija, ambas con nacionalidad de Nicaragua y Francia también se extienden a Javier Alberto Álvarez Zamora, esposo y padre de las presas políticas que actualmente se encuentra en el exilio, quien se declaró opositor y activista humanitario por lo cual su familia fue acosada desde abril 2018.
Madre e hija fueron detenidas el 13 de septiembre de 2022 y según denunció Álvarez Zamora, el 17 de ese mes agentes policiales le informaron que para liberar a su esposa y su hija él debía entregarse.
El colectivo señala que Jeannine y Ana Carolina tienen problemas de salud que se han empeorado con su arresto arbitrario.
Jeannine es sobrevivient de cáncer de mama, se le ha negado su medicina especial y que sea valorada por especialista. Ana Carolina padece de problemas previos de infección urinaria, infecciones en el tracto respiratorio, problemas gastrointestinales, estreñimiento y defensas disminuidas.
El 1 de octubre de 2022 se llevó a cabo audiencia preliminar contra ambas ante el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, por los presuntos delitos de propagación de noticias falsas, en concurso real de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
CIDH llama a Estado a adoptar medidas
La CIDH solicitó a Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Cynthia Samantha Jirón Padilla Ubieta y su núcleo familiar; Jeannine Horvilleur Cuadra, Ana Carolina Álvarez Horvilleur y sus respectivos núcleos familiares”.
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También que “adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales”.
Además a que “se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario, se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud».
