* Médicos y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han hecho llamados al gobierno para que les ponga atención a las prisiones, donde los privados de libertad ni siquiera tienen acceso al agua potable y se les prohíbe ingresar artículos de higiene.
ERNESTO GARCÍA Y GUSTAVO ÁLVAREZ
Hacinado y en condiciones higiénicas deplorables, el exreo Óscar Centeno estuvo expuesto al contagio del virus covid-19 en una prisión de la Policía de León, donde asegura que permitieron el ingreso de mascarillas hasta que cuatro detenidos de una celda contigua se enfermaron de coronavirus.
El relato de Centeno coincide con las denuncias de organismos defensores de derechos humanos, quienes señalan que las condiciones de las cárceles del país son propicias para el contagio de coronavirus.
¿Existen en las cárceles de la Policía en León medidas de protección contra el covid-19″; preguntó IP Nicaragua al exreo político Oscar Centeno. El exprisionero, quien ha sido encarcelado dos veces por ser opositor al régimen, respondió que no hay ningún tipo de medidas.
«En una celda de cuatro metros de ancho por tres de largo, estábamos 46 reos. Entonces como usted verá, estábamos hacinados; no hay distanciamiento social», explicó vía telefónica.
Por su parte, la madre de un exreo político que por temor a represalias pidió que no se revelara su nombre, relató que en el penal de Chinandega tampoco se tomaron medidas ante el coronavirus.
«Dice mi hijo que en la celda donde a él lo tuvieron durmiendo en el suelo, había 46 reos hacinados», relató.
El mismo reo, quien convalece por una bronconeumonía que adquirió en la cárcel, habría relatado a sus parientes que en el penal de Chinandega al menos dos reos murieron por covid-19 entre los meses de abril y mayo.
La madre, a quien las autoridades del penal de Chinandega le llevaron a su hijo con bronconeumonía, reveló que en el caso de su descendiente, ella le introdujo a la cárcel dos botellas de alcohol gel, pero reos comunes que estaban con él se lo robaron para revolverlo con agua y tomarlo como licor.
En el sistema penitencial de Matagalpa también se produjo un brote de covid.19 en mayo pasado, según Pablo Cuevas, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien maneja que hubo 30 reos contagiados.
«En ese entonces lo que hicieron fue llevar a los más graves al hospitalito que hay a lo interno del penal y a quienes solo presentaban síntomas, los introdujeron en una misma galería», afirmó Cuevas.
Piden medidas cautelares
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la necesidad de que se otorguen medidas cautelares para 42 reos que han presentado sintomatología relacionada al covid-19 en distintas cárceles del país, las cuales están en trámite.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, afirmó a IP Nicaragua que efectivamente, “los presos están en una situación precaria y de riesgo”.
Dijo que por esa razón fue que el 14 de julio tuvieron que solicitar en conjunto con otra organización, las medidas cautelares ante la CIDH.
“Son unas 42 personas (las que se han enfermado). A más de 20 le tomamos declaraciones a sus familiares, pero todos presentan la misma sintomatología” relacionada al covid-19, expresó Núñez.
Hasta el momento, las medidas cautelares están en trámite y no ha habido ningún cambio, ninguna mejoría en cuanto a tratamiento dentro de las celdas, sostuvo la presidenta del Cenidh.
Según el Cenidh, el Sistema Penitenciario no ha dado seguimiento a las denuncias de las 42 personas con síntomas relacionadas al coronavirus.
Fumigan a reos
Núñez aseguró que en las prisiones no hay protocolos contra el covid-19 y más bien hay situaciones que se han presentado completamente al revés.
“Por ejemplo, a inicios de julio denunciaron varias personas que el Sistema Penitenciario fumigó las celdas con los reos adentro, no los sacaron al patio cuando hicieron eso, lo cual les provocó a muchos de ellos, alergia”, relató Núñez.
Dijo que si el gobierno no cumple ninguna medida para prevención o mitigar lo que produce la pandemia en sectores poblacionales, entonces las personas que están más en riesgo son los privados de libertad, porque están en hacinamiento, que es una de las características estructurales del Sistema Penitenciario.
“Las celdas son muy pequeñas y están sobrepobladas. En una celda en la que pueden caber 10 personas, meten hasta 30”, apuntó.
Además del hacinamiento, el Cenidh también destaca la escasez de agua, la falta de ventilación, porque los prisioneros están encerrados, no los dejan salir, duermen en el suelo y los servicios sanitarios no prestan condiciones mínimas de higiene.
“Entonces prácticamente los centros penitenciarios de Nicaragua y específicamente la cárcel modelo de Tipitapa, son propicios para que se desarrolle la pandemia”, agregó Núñez.
La presidenta del Cenidh considera que los prisioneros han sido muy afortunados, porque no se ha registrado una ola de muerte en las prisiones, a pesar de las condiciones en que se encuentran.
Además del riesgo de contagio por la pandemia, Núñez insistió en el maltrato que se da a familiares a la entrada de los penales, las requisas humillantes que brindan a quienes visitan a los prisioneros, la pésima comida que les sirven y entre otras condiciones que han denunciado a nivel internacional.
“Desde que asumió el poder que usurpó Daniel Ortega en el año 2007, no nos dejan entrar al Sistema Penitenciario ni nos proporcionan más información, como lo hacían antes y se agudizó cuando nos quitaron la personería jurídica, en diciembre de 2018”, puntualizó la presidenta del Cenidh.
Abogados defensores confirman
Abogados que defienden a varios prisioneros confirmaron que no existe ningún tipo de protocolo o medida preventiva para el contagio de coronavirus en los penales.
El abogado Julio Montenegro, director de la organización Defensores del Pueblo, señaló que en las cárceles de Nicaragua las medidas preventivas para proteger a los presos y carceleros son inexistentes.
«Desde un inicio hubo dificultades para que a los presos y sus familiares les pudieran ingresar alcohol gel, guantes y mascarillas», relató el director de los Defensores del Pueblo.
En los traslados de los reos del penal a los tribunales, tampoco hay distanciamiento social, aseguró el activista de los derechos humanos.
Un trabajo investigativo hecho por los abogados independientes de Acción Penal sobre la situación sanitaria en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), confirma que no hay prevención de la pandemia en las prisiones.
«Las condiciones del Sistema Penitenciario Nacional para proteger la integridad física de los privados de libertad son inexistentes, sobre todo por la situación de hacinamiento, por la situación de sobrepoblación penal y la falta de insumos como alcohol gel y agua potable», indican los hallazgos de la investigación hecha por Acción Penal.
Las autoridades del SPN tampoco ponen en práctica el distanciamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener el avance de la pandemia de covid-19.
El no poner en práctica el distanciamiento social convierte a los privados de libertad en uno de los grupos poblacionales más vulnerables, agrega la organización de abogados.
Abogados consultados por IP Nicaragua señalaron que en vez de medidas sanitarias, en las prisiones más bien se prohíbe el ingreso de artículos para prevenir el contagio.
«Por información que nos han dado los reos políticos en las audiencias, hemos sabido que la situación sanitaria dentro de los penales es grave», afirmó el abogado Elton Ortega Zúñiga, de Acción Penal.
El defensor de reos políticos señaló que a éstos no les permiten tener alcohol gel, que es importante para el aseo personal en tiempos de covid-19.
«La falta de kit sanitarios para protegerse del covid-19 aumenta los riesgos de contagio entre los presos», advirtió el profesional del derecho.
Los abogados también coinciden con varios organismos en que la situación sanitaria en los penales se agrava porque el servicio de agua potable es deficiente.
El agua es indispensable para el lavado de manos constante que ha recomendado la OMS para evitar el contagio de coronavirus.
Médicos: Cárceles “una bomba de tiempo”
Por su parte, el doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), aseguró a IP Nicaragua que desde que se reportó y se hizo oficial el primer caso de covid-19 en el país, el 18 de marzo, han estado recalcando que los privados de libertad son un segmento de la población que representan “una bomba de tiempo” en cuanto al contagio.
“Incluso como no tenemos información la población nicaragüense ni los familiares de los presos, no sabemos qué cantidad de gente está contaminada, porque no se nos ha permitido el acceso y por las condiciones de las cárceles”, apuntó el doctor.
Añadió que en las prisiones de Nicaragua no se puede tener el distanciamiento social y la otra cosa es que han bloqueado el ingreso de mascarilla y alcohol, que son los implementos para darles algún tipo de protección a los privados de libertad.
“El hacinamiento per se, el agua que toman los mismos presos, el tipo de comida que ingieren, más el hecho de estar hacinados, es una bomba de tiempo que en cualquier momento afectará, si no es que ya está afectando con una alta tasa de contaminación a los detenidos, tanto comunes como a los secuestrados políticos”, manifestó el doctor Núñez.
Indicó que la UMN ha venido manifestando a través de los comunicados que han emitido y lo han hecho saber al gobierno, que los encarcelados es un segmento altamente vulnerable para contagiarse.
El doctor Núñez expresó que no han atendido ningún caso de covid-19 en las prisiones porque el gobierno los tiene bloqueados, pero que la UMN ha expresado su disposición de atenderlos principalmente a los que consideran “secuestrados políticos”.
“No te puedo decir si ha habido algún brote fuerte porque nosotros hemos tenido bloqueado el acceso a las cárceles. Si ha habido, pues ellos lo han estado maquillando o han estado tratando de evitar que se generalice o al menos que haya conocimiento de parte de la población de ese tipo de brotes dentro de las cárceles”, apuntó.
Pese a ello, aseguró que han tenido comunicación muy escueta de pacientes que han tenido problemas respiratorios en las prisiones.
Persisten las torturas
El abogado Maynor Curtis, quien también defiende a reos políticos, reveló que ni la pandemia del covid-19 ha impedido que los carceleros sigan torturando a los reos políticos.
«En las audiencias de juicio los reos políticos se siguen quejando de torturas físicas y psicológicas en el penal», denunció el abogado Curtis.
El litigante señaló que las autoridades del Sistema Penitenciario no ponen en práctica ninguna medida de protección para la vida de los reos en tiempos de pandemia.
«Por ejemplo, en los microbuses que los trasladan del penal a los juzgados no se guarda el distanciamiento social (1.5 metros de distancia) entre una persona y otra, no les ponen mascarillas y los custodios mantienen contacto directo con ellos (los presos)», subrayó Curtis.
Al panorama, en el cual los reos se exponen a la pandemia, se suma la falta de medicamentos para atender a eventuales contagiados y la indolencia que caracteriza a los funcionarios para brindar atención a los reos políticos cuando enferman, coincidieron en señalar los abogados Curtis y Ortega.
La situación para los reos políticos en la cárcel Modelo de Tipitapa se agrava porque el régimen, para ensañarse con ellos, los mantiene en la galería de máxima seguridad, donde las condiciones higiénicas son deficientes, señaló el abogado Julio Montenegro.
El pasado 26 de junio, la CIDH reiteró el llamado al gobierno a excarcelar a las personas detenidas por participar en las protestas o por ser opositores, instando al Estado de Nicaragua a “cumplir con las recomendaciones de la resolución emitida en abril, denominada “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, que llama a tomar medidas para proteger los derechos humanos de sectores vulnerables.
Ericka Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, afirmó que en Nicaragua, la situación de personas detenidas por motivos políticos en delegaciones policiales o en el sistema penitenciario, es especialmente preocupante en el contexto del covid-19.
Agregó que de todos es conocido que centenares de personas han sido encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacifica desde el inicio de las protestas en abril de 2018.
“A la fecha, más de 80 de estas personas permanecen aún en prisión. El contagio de covid-19 de personas que permanecen recluidas por el simple hecho de oponerse a la política de represión del gobierno de Daniel Ortega, se suma al maltrato que soportan día con día al estar detenidas injustamente”, apuntó.
Guevara añadió que organizaciones locales y familiares de personas detenidas han señalado que algunas personas privadas de libertad tienen serios padecimientos de salud preexistentes, siendo especialmente vulnerables frente al virus.
Precisó que una de las personas encarceladas más propensas a ser contagiadas de covid-19 es María Esperanza Sánchez.
“Uno de sus familiares nos ha manifestado que padece de asma e hipertensión, y que ha estado preocupada por su estado de salud, ya que está claramente expuesta a contagiarse del virus. Según su familiar, las medidas de higiene no son suficientes, ya que hay poco espacio en las celdas. Hay varias decenas de detenidas juntas en el mismo pabellón donde se encuentra ella”, añadió.
Dijo que la comunidad internacional debe mantenerse vigilante de la situación de los reos políticos, ya que son personas que están detenidas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica y deben ser liberadas de inmediato.
Familiares demandan libertad
Los familiares de reos políticos han mantenido una demanda permanente por la liberación de sus familiares, quienes guardan prisión injustificadamente y están ahora expuestos al contagio de la pandemia.
El último plantón lo realizaron un grupo de familiares el sábado 1de agosto en el exterior del diario La Prensa, para exigir la libertad de los reos políticos por el peligro al contagio del virus, pero fueron rodeados por policías antimotines para desmontar la protesta.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el pasado 8 de mayo exhortó al gobierno de Nicaragua a “adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, incluyendo la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas”.
El 13 de mayo el gobierno ordenó la excarcelación de 2,815 reos comunes, luego de que circularan rumores sobre la muerte de un privado de libertad por razones desconocidas.
El Ministerio de Gobernación no informó los motivos de la excarcelación de los reos comunes. Ningún preso político estaba entre los liberados.
Silvana Pérez, madre del reo político Uriel Pérez, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que se enteró que su hijo estaba intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense por neumonía severa y se enteró de la hospitalización, porque no fue llevado el 12 de mayo a los juzgados, para la audiencia que estaba fijada para esa fecha.
Pérez se recuperó, pero según el abogado Julio Montenegro, fue llevado del hospital a la galería 300, donde casi no tienen ni aire para respirar.
El 18 de mayo, un grupo de madres y familiares de reos políticos, hicieron pública una carta que enviaron al presidente Daniel Ortega, en la que le expresan el deseo de que sus parientes sean liberados.
Hasta el momento, el gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones de familiares de reos, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que libere a los prisioneros políticos y establezca un protocolo sanitario en las prisiones.
Organismos internacionales abogan por reos
Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó a IP Nicaragua que este organismo ha denunciado la falta de acatamiento de estándares internacionales referidos a la prevención y control de la pandemia por parte de las autoridades nicaragüenses, que incluye a los prisioneros.
“El hacinamiento generalizado que presentan las cárceles en América, incluyendo Nicaragua, imposibilita a las personas privadas de su libertad poder tomar medidas para prevenir el contagio, incluyendo el distanciamiento físico y el aislamiento de personas que pudiesen ya haber contraído el virus”, expresó Guevara vía correo electrónico.
Dijo que a estos problemas se suman condiciones limitadas de acceso a servicios de salud, falta de alimentación adecuada, higiene y acceso al agua.
“Todo ello aumenta los riesgos de exposición al virus y limita las posibilidades de recuperación en caso de contagio”, subrayó.
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“La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el covid-19 ha puesto en evidencia una vez más que el gobierno del presidente Daniel Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de los nicaragüenses, dejándolos en total desprotección”, añadió la representante de Amnistía Internacional.
La representante de Amnistía Internacional también criticó las cifras no creíbles que reporta el Ministerio de Salud sobre el contagio de covid-19 en el país, que asegura que hay 4,115 casos confirmados y 128 muertes desde el 18 de marzo, fecha en que la pandemia comenzó a afectar a Nicaragua.
Los datos son muy inferiores a las que maneja el Observatorio Ciudadano, que hasta el 29 de julio tenía contabilizados 9,044 casos sospechosos y 2,537 fallecidos.
Guevara manifestó que en el caso de las personas privadas de la libertad, las precarias condiciones en las cárceles nicaragüenses fueron incluidas en el informe anual del año 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En dicho informe la CIDH “observa que las condiciones de detención de las personas detenidas en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro (La Modelo) y en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres conocido como La Esperanza, no cambiaron en relación con las condiciones de hacinamiento, de insalubridad, negligente atención médica, despojo de pertenencias, malos tratos y aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos”.
La directora de Amnistía Internacional recordó que este organismo constató las precarias condiciones en las cárceles nicaragüenses con personas que estuvieron detenidas por razones políticas.
“Amaya Coppens, quien fue detenida en dos ocasiones y estuvo privada de libertad en tres centros de detención diferentes, describió cómo el hacinamiento, la falta de acceso a agua potable, las condiciones insalubres y la falta de atención médica, son parte de la cotidianeidad en los centros de detención. Relató que pese a que desarrolló hipertensión en la cárcel, las autoridades penitenciarias nunca le suministraron medicinas”, detalló Guevara.
Adicionalmente, según la directora de AI, grupos locales han denunciado que en algunos centros de detención se les ha negado a las familias que visitan a sus familiares, el ingreso de productos de higiene y limpieza en los paquetes semanales que preparan para sus parientes detenidos, así como la falta de información sobre las medidas de seguridad y los protocolos de actuación del sistema penitenciario para responder al covid-19.
CIDH pide respetar derechos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en abril pasado, en la que llama a los gobiernos, incluyendo al de Nicaragua, a evitar la violación de los derechos humanos de ciertos sectores vulnerables ante la pandemia de coronavirus, entre ellos los privados de libertad.
“Se torna esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la atención integral de la salud física y mental sin discriminación”, expresó la CIDH en la resolución.
Sobre las personas privadas de libertad, la CIDH llamó a adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, “dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del covid-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes”.
El organismo de la OEA añadió que se debe asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión.
El 26 de junio la CIDH se pronunció nuevamente a través de Twitter, señalando su preocupación por los privados de libertad en el país, “ante el riesgo de contagio, falta de información sobre protocolos, medidas de contención y prevención adoptadas por el Estado en centros de detención”.
