**Organismo de derechos humanos denuncia que Gobierno de los Ortega-Murillo pone en práctica una serie de “tácticas perversas” para acallar a la disidencia
Redacción / IP Nicaragua
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sigue valiendo de una serie de “tácticas sofisticadas” para imponer un “silencio a cualquier costo” en contra de las voces críticas en el país y se teme que, «lo peor todavía no ha llegado», afirmó Amnistía Internacional.
“Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones”, señala Amnistía Internacional.
En el informe titulado, “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, la organización de derechos humanos identificó al menos tres tácticas que los Ortega-Murillo utilizan para acallar esas voces, y la forma en que ha “perfeccionado su aparato represivo”.
Detenciones arbitrarias, cargos penales falsos, condenas excesivas, asedio en contra de los opositores y la llamada “muerte civil” de opositores, en referencia al acoso del que son víctimas los excarcelados políticos que fueron liberados bajo una cuestionada Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019, son algunas de las tácticas que identifica el informe.
El caso del estudiante Bayron José Corea Estrada que, en diciembre de 2019, luego de su excarcelación bajo la Ley de Amnistía, recibió medidas cautelares es uno de los casos de “muerte civil” que denuncia el organismo de derechos humanos.
Corea Estrada y su familia fueron blancos de hostigamientos, amenazas de muerte y hechos de violencia de los que habrían participado agentes estatales y terceros armados que habrían buscado ingresar a su vivienda, señala el informe.
“Todo esto me ha afectado mucho, incluso económicamente. Ha sido un cambio trascendental. Acabaron con todo lo que sembré. Si no puedo ir a comprar un plato de comida, mucho menos voy a ir a votar. Sigo encerrado, pero en una celda más grande”, explicó Corea Estrada a Amnistía Internacional.
Entre los excarcelados políticos persiste la “preocupación generalizada” por la falta del cierre definitivo de las causas legales que la Fiscalía presentó en su momento.
“Durante casi tres años, el Gobierno de Daniel Ortega ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que los derechos humanos se conviertan en una realidad en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el informe.
Más de 100 presos políticos
Según Amnistía Internacional, el Gobierno de Ortega está “librando una batalla contra quienes critican sus políticas”, y eso ha derivado en que, desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias.
“El Gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas”, mencionó Astrid Valencia, investigadora para Nicaragua de Amnistía Internacional.
En algunos casos, miembros de aparatos parapoliciales, vestidos de civil, han sido acusados de realizar las detenciones y luego poner a las víctimas a disposición de las autoridades policiales, revela el informe.
A la fecha, según organizaciones de derechos humanos del país, más de 100 personas siguen detenidas y son acusados de “cargos fabricados”, pese a que en marzo de 2019, el Gobierno comprometió a liberar a todas las personas detenidas consideradas presos políticos.
Entre abril de 2018 y octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró que 1,614 personas fueron “encarceladas arbitrariamente” por su participación en las manifestaciones.
Los tipos de delitos
Inicialmente, a los detenidos se les imputaba delitos complejos de crimen organizado y terrorismo, pero en la actualidad la Fiscalía, órgano encargado de fabricar las acusaciones, les inculpa por crímenes comunes, como el robo con intimidación y tenencia y tráfico de drogas.
Los presos políticos, según Amnistía Internacional, permanecen en condiciones de hacinamiento en las cárceles y se les permite salir al patio a tomar aire solo durante 60 minutos cada dos semanas, lo que viola sus derechos y los estándares internacionales.
Amnistía Internacional denunció que durante los meses más álgidos de la pandemia, que el Gobierno liberó más de seis mil presos comunes contra cuatro de las 80 personas que en ese momento estaban recluidas y considerados presos políticos.
Familiares de los presos políticos, también han denunciado que a los presos políticos solo se les permite salir al patio a tomar aire durante 60 minutos cada dos semanas, condiciones de detención que “violan una serie de estándares internacionales”.
Leyes que restringen los derechos
Amnistía destacó que las leyes aprobadas en la segunda mitad del 2020 en la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, aprobó una serie de leyes que “restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos”.
El documento explica que la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, por ejemplo, “atentan contra los estándares internacionales de derechos humanos”.
“En Nicaragua, el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones”, menciona el informe.
Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional ha visitado Nicaragua en varias ocasiones y emitido recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades estatales han ignorado.
No obstante, la organización continúa haciendo un “enérgico llamado a las autoridades de Nicaragua a respetar los derechos humanos de todas las personas en el país”.
