Redacción / IP Nicaragua
Nicaragua realizará este domingo las votaciones más cuestionadas de los últimos tiempos bajo un contexto de agravamiento de una crisis de derechos humanos que persiste en el país desde 2018.
Personas asesinadas, en el exilio y presos políticos son situaciones que hacen «ilegítimos» estos comicios, concuerdan organizaciones internacionales que expresaron su profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada en pleno proceso electoral en Nicaragua.
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Este 7 de noviembre es la fecha para elecciones generales en el país, pero las mismas se realizan no son aceptadas por la mayoría de países democráticos como Estados Unidos, Canadá y los que conforman la Unión Europea.
IP Nicaragua te resume los aspectos más importantes de cómo estas votaciones no garantizan derechos humanos e impone graves restricciones de las libertades civiles y políticas, según un informe publicado por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus, Human Rights Watch, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, entre otras.
Detenciones arbitrarias, más de 159 presos políticos
Entre mayo y octubre el gobierno de Daniel Ortega detuvo a 39 personas identificadas como opositoras, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas.
“Algunos (de los detenidos) estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido objetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional”, señala el informe.
El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticos en Nicaragua reconoce hasta octubre a 159 personas presas políticas en el país.
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Las organizaciones señalan que “el Estado de Nicaragua debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad”.
No hay derecho de acceso a la justicia
El informe también firmado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Organización Mundial Contra la Tortura, People in Need, Red Internacional de Derechos Humanos y Women’s Link Worldwide afirman que en el país no existe independencia judicial.
Las autoridades usan el sistema penal aprovechando la falta de independencia para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios.
Las violaciones a las garantías del debido proceso y a juicio justo incluyen «violaciones a la persecución de inocencia, le requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o una abogada de su elección».
Agregan que la «falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección».
Las organizaciones firmantes agregan que “las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales”.
El Estado nicaragüense debe “garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral”, afirman.
Violaciones a la libertad de expresión y de prensa
Las autoridades persiguen a apersonas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Como parte de esa táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación.
Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.
En el actual contexto electoral y como parte de la censura el gobierno no permitió la entrada de periodistas extranjeros para dar cobertura a las elecciones.
En un comunicado 17 plataformas informativas y la organización Periodistas y comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) demandaron garantizar este 7 de noviembre el libre espacio para realizar su labor periodística.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la comunicación, “como un derecho inherente a la persona y a su necesidad de buscar y compartir información, así como de expresar opiniones e ideas a través de cualquier medio”, recordaron las plataformas informativas.
El gobierno nicaragüense sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo administraciones investigativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautaciones de bienes.
No se respetan los derechos políticos
El gobierno elaboró una estrategia para desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos.
A su vez canceló personerías jurídicas de los partidos políticos de oposición, impidiéndoles participar en las elecciones.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde finales de mayo.
«Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos», afirman organizaciones de derechos humanos.
Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.
«El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de asuntos públicos», señalan.
Eliminados los espacios de reunión pacífica
En respuestas a las protestas de 2018 los miembros de la Policía Nacional y grupos paramilitares hicieron un uso «excesivo, desproporcionado, y con frecuencia innecesarios» contras las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos.
De acuerdo con un grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Policía y grupos armados partidarios con el apoyo del Gobierno de Nicaragua cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
«La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promueven el respetos a los derechos humanos ha continuado”, agregan las organizaciones.
El creciente recrudecimiento a la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.
El Estado nicaragüense debe “garantizar la libertad de reunión pacífica antes y después del proceso electoral”, insisten.
