* Los que estaban antes en prisión parece que “sonaban” más porque eran más conocidos y ahora hay como un silencio, con una situación más preocupante por el coronavirus, afirma el abogado Julio Montenegro.
Alma Vidaurre
El pasado 12 de octubre de 2019, Denis Antonio García Jirón, de 31 años y veterinario de profesión, se despidió de su cónyuge, Dayana González Rojas y salió de su casa, decidido a participar en un “piquete exprés” contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin saber que sería el inicio de un calvario para toda la familia.
El joven veterinario salió con la promesa de que pronto volvería, pero no regresó a casa. Pocas horas después, González Rojas se enteró de que su cónyuge había sido apresado en el sector de la carretera a Masaya.
“Ese día solo me dijo: voy a ir a un piquete exprés, ahí regreso. Está bien -le dije yo- porque sabía que no podía quitarle esa voluntad. Yo lo apoyaba en todo, pero al caer preso, todo esto ha sido abrumador”, dijo a IP Nicaragua González Rojas.
En los últimos seis meses, González Rojas ha viajado innumerables veces al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, para visitar a García Jirón. Cada vez que entra al penal tiene que portarse como una ‘dama de hierro’ para no mostrar el dolor que le causa ver a su cónyuge tras las rejas.
“Es bien duro verlo a él que se ha adelgazado tanto en esa prisión (…) Le doy gracias a Dios que está preso y no muerto, porque eso podía pasar”, dice con voz quebrantada González Rojas.
EXATRINCHERADO DE LA UNA
García Jirón es un médico veterinario que, desde abril de 2018, participó activamente en las manifestaciones contra el régimen orteguista y apoyó a los atrincherados en la Universidad Nacional Agraria.
“Como él tiene conocimiento en Medicina General, ayudaba a los otros médicos, ayudaba a ponerles suero a los muchachos, los inyectaba, esa era su labor. Ayudaba a repartir los víveres que la misma población llevaba a los chavalos que estaban atrincherados en la Universidad Nacional Agraria (UNA), que es la universidad donde él estudió”, recordó González Rojas.
En una ocasión, un vecino de la veterinaria que estaba ubicada en el barrio El Edén, les informó que oficiales a bordo de una patrulla llegaron a buscar al joven médico.
“Llegaron a la clínica con AK en mano y los vecinos nos dijeron que llegó la Policía a buscarlo, pero se fueron y a raíz de eso tuvimos que mudarnos del lugar y poner la clínica en otro lugar”, confiesa González Rojas.
En junio de 2018, el joven exatrincherado de la UNA, debido al constante asedio y persecución, se vio obligado a exiliarse en Costa Rica, pero los problemas económicos que enfrentó lo obligaron a regresar a su país.
“Se tuvo que regresar porque la situación fuera del país es fuerte, no encontraba trabajo y en Costa Rica dicen que como uno gana, así se vive, y cuesta vivir porque todo es caro. Después se regresó y empezamos otra vez el negocio”, cuenta su cónyuge.
EL JUICIO
Después de que la Policía Nacional declaró ilegales todo tipo de protesta, el joven veterinario siguió participando activamente en los “piquetes exprés” de los grupos autoconvocados hasta que fue capturado.
El 17 de abril de 2020, el juez Melvin Leopoldo Vargas García, del Juzgado Séptimo Distrito penal de Juicio de Managua, lo declaró culpable a pesar de que todas las evidencias estaban a favor del acusado, según el abogado defensor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, oficina que lleva su proceso legal.
Según la acusación del Ministerio Público, García Jirón se trasladaba a bordo de un taxi con placas M03273, junto con el otro acusado identificado como Bernardo José Ramos Galo, transportando cuatro explosivos Emulex (una especie de dinamita que se usa en la industria minera) que miden 39 centímetros de largo y cuatro detonantes con alcance expansivo.
MÁS DE 70 PRESOS DE CONCIENCIA
En la actualidad todavía queda un reducido grupo de presos políticos que permanecen recluidos en las cárceles del país y a quienes les fabricaron en juicio con pruebas falsas para incriminarlos en delitos comunes.
El último informe de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) refiere que hay 70 presos políticos en el país, de los cuales nueve siguen detenidos sin que se les presente a la orden de un juez.
Otras organizaciones, como la oficina de Defensores del Pueblo, representa a un importante número de presos políticos en los juicios que el régimen les ha imputado.
“Aproximadamente estamos hablando de 20 procesos activos y algunos están en audiencia inicial, una gran parte en proceso de juicio, otros que recién les han dado el fallo y otros como el de Ulises Josué Rivas, que va para apelación y el caso de Edward (Lacayo), que está pasando a la Sala Penal de la Corte Suprema, entre otros”, dijo Montenegro.
El caso de Edward Lacayo, quien en agosto de 2019 fue condenado a la pena máxima de 15 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas, forma también parte de este grupo de presos de conciencia.
Otro caso, que es la mayor prueba de que los exiliados no pueden volver al país es el de Ulises Josué Rivas Pérez, originario de Santo Domingo, Juigalpa. A finales de marzo de 2019 regresó de Costa Rica porque su progenitor estaba grave de salud y pese al asedio, logró estar en la vela y el entierro, pero fue finalmente capturado el 1 de septiembre de ese año.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) también lleva la representación de otro grupo de presos políticos, entre ellos Edwin Antonio Hernández Figueroa, quien fungió como oficial del área de antinarcóticos de la Policía Nacional y quien abandonó las filas de esta institución a partir de las protestas de abril de 2018.
Kevin Antonio Zamora Delgado, José Santos Sánchez, Jaime Enrique Navarrete Blandón, José Ángel González, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Wilber Antonio Prado Gutiérrez y Néstor Eduardo Montealto Núñez, son otros nombres que figuran en la lista de presos políticos.
¿CASOS EN EL OLVIDO?
El 11 de junio de 2019, el régimen orteguista decidió liberar a un grupo de reconocido presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, Edwin Carcache, la comerciante Irlanda Jerez, los líderes del Movimiento 19 de abril de Masaya, Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo y los estudiantes de León; Amaya Coppens Zamora, Nahiroby Olivas y Byron Estrada.
Y aunque el régimen insiste en promover un ambiente de normalidad en el país, según la ACJD, en los últimos meses detectaron un fenómeno denominado “puerta giratoria”, una práctica que les permite seguir haciendo “uso de detenciones como estrategia inhibitoria de la partición y organización política de personas opositoras”.
El abogado Montenegro lamenta que la situación de presos políticos no esté repuntando en la agenda pública como antes.
“Parece que antes ‘sonaban’ más por el tipo de presos que había. Que de repente proyectaban más el caso de Medardo, Carcache y otras personas que ya tenían un reconocimiento social”, dijo Montenegro.
Las condiciones en el penal no han cambiado, insiste el abogado de Defensores del Pueblo.
“Ahora aparentemente hay como un silencio, como un olvido, hay menos accionar y ellos están viviendo iguales consecuencias y en peores circunstancias, por la cuestión del coronavirus”, puntualizó el abogado.
