El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registra, desde el 2019 a la fecha, 150 denuncias de víctimas de tortura lo que evidencia la «sistematicidad con que esta es practicada impunemente” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su más reciente informe, el Colectivo establece que la «concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad» llevada a cabo por el régimen en el país centroamericano conllevó a la instauración de un «Estado de excepción de facto y un Estado de terror».
«No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden
a las orientaciones del Ejecutivo, lo cual ha facilitado la instalación de un sistema de
torturas contra personas presas políticas», detalló el organismo de derechos humanos.
Presos políticos sufren torturas en Nicaragua
Según el organismo, el régimen mantiene a más de 215 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, y al menos 34 de ellas están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como «El Chipote».
Las condiciones en las que permanecen las personas recluidas en «El Chipote» son muy semejantes a las que sufren las personas presas políticas recluidas en celdas de máxima seguridad o de castigo, en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, “La Modelo”.
La falta de atención médica dirigida a «erosionar el estado físico de personas presas políticas», ni de medicamentos son situaciones que agravan la situación de los presos políticos.
«Estas violaciones que sufren los presos políticos se dan, porque en Nicaragua no hay Estado de derecho y los sistemas penal y carcelario del país se usan de forma discrecional», señalan en el informe.
En la cárcel “La Modelo”, unos 20 preso políticos iniciaron el 26 de septiembre una huelga de hambre indefinida para exigir su liberación. En «El Chipote», al menos cuatro presos de conciencia están en la misma situación demandando les permitan ver a sus hijos.
Detención de familiares
La escalada de represión del régimen en el país está alcanzado a los familiares de personas presas políticas o exiliados.
La opositora y exiliada, Dulce Porras, denunció la detención de su hermano Freddy Porras, llevada a cabo el pasado 15 de septiembre en Jinotepe.
«Los opositores estamos siendo extorsionados al no encontrarnos a nosotros se llevan a nuestros familiares. Él tenía temor de eso y por eso decidió quedarse en su casa, el 15 de septiembre se lo llevaron preso y no hemos tenido ninguna noticia de él», manifestó Porras.
