El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podrá aspirar a la reelección en 2024 tras una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.
Hasta ahora, los presidentes en El Salvador no podían aspirar de nuevo al Ejecutivo de forma consecutiva, sino que debían esperar 10 años.
El fallo de la Corte Suprema es el resultado de una complicada demanda de pérdida de derechos ciudadanos presentada por el abogado Salvador Enrique Anaya contra Nancy Díaz Martínez, una salvadoreña que promovía la reelección de Bukele.
La querella insistía que suscribir actas para apoyar la reelección o continuación del presidente de la República era una violación a la Constitución.
En consecuencia, los magistrados determinaron que la interpretación de la Constitución en 2014 era errónea y que la Carta Magna permite a un ciudadano ser presidente por un máximo de 10 años, o dos períodos presidenciales, sin que tengan que ser distanciados.
La corte ordenó en su fallo al Tribunal Supremo Electoral «que permita, de conformidad al artículo 152 (…) que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
Reacciones no se hacen esperar
La voces de protesta por la decisión llenaron de inmediato la prensa salvadoreña. En un artículo en elsalvador.com, el constitucionalista Francisco Bertrand Galindo dijo que la resolución es una “confirmación de una estructura de golpe en secuencia” que se ha venido configurando en el presente gobierno.
El abogado Anaya, el presentador de la demanda inicial, calificó el fallo de “una aberración” y una “vergüenza absoluta” en términos constitucionales, y dijo que será necesario revisar a profundidad cada apartado de la resolución para encontrar las partes que puedan rechazarla.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en un mensaje de Twitter, comparó la decisión con “el mismo libreto que usaron Daniel Ortega (en Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (en Honduras)” y afirmó que “la democracia en El Salvador está al borde del abismo”.
Por otro lado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, replicó también por Twitter que “El Salvador ha demostrado que no será la excepción” entre “los gobiernos que desmantelan las instituciones para violar los derechos humanos”.
Crece rechazo a reforma judicial en El Salvador
Los jueces y magistrados del órgano Judicial en El Salvador rechazaron las reformas a la ley de la carrera judicial y de la fiscalía general aprobada por el Congreso para que la Corte Suprema de Justicia pueda remover de sus cargos a jueces que tengan 60 años de edad y hayan cumplido 30 años de servicio.
El abogado y juez José Castillo afirma que las modificaciones de la normativa son lesivas a la independencia judicial y al derecho al trabajo por discriminación de edad, por lo que buscarán un amparo en instancias legales tanto nacionales como internacionales.
El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del #EstadodeDerecho, la independencia del poder judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 2, 2021
“Nos oponemos a la facultad de traslado de forma subjetiva e imprecisa para la depuración de miembros de la carrera judicial. Existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover a magistrados y jueces”, dijo Castillo.
Los aplicadores de la justicia presentaron un escrito solicitando la derogación del decreto de las reformas a esa ley, y el presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien pertenece al partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que las modificaciones son necesarias para hacer una depuración.
“No más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder”, expresó Castro.
En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en el Salvador, Jean Manes, expresó su preocupación por la afectación al balance de poderes en El Salvador.
“Este paso, lamentablemente, es un paso más que está realmente en detrimento de la separación de poderes en el país, especialmente con el sistema judicial”.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, representante por California en el Congreso de Estados Unidos, denunció en un mensaje de Twitter la “politización de la justicia” en El Salvador.
Torres ha denunciado previamente acoso de supuestos simpatizantes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hizo un llamado a toda la comunidad hispana de EE. UU. a no votar por ella y repudiar sus acciones como congresista.
También organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por las repercusiones que puedan tener las reformas, que también incluyen la remoción y el traslado de fiscales a discreción del titular de la institución.
