Un total de 81 días transcurrieron desde que los presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como «El Chipote», recibieron visita de sus familiares. Desde entonces no tienen noticias de cómo se encuentran.
«Llevamos más de dos meses de sufrimiento e incertidumbre, de no tener ningún tipo de información respecto a la condición de salud, acceso a atención médica y alimentación de nuestros familiares», denunciaron este martes los familiares de presos políticos.
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«Nuestras solicitudes orales tanto de visita, así como de información sobre el estado y paradero de nuestros familiares han sido denegadas por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) sin ninguna justificación. Estamos alarmados y sumamente angustiados», señalaron en un comunicado.
Los familiares de las personas presas políticas «ante esta grave situación» hicieron un «llamado urgente al Estado de Nicaragua» para que les permita verlos.
Los familiares señalan que «según los estándares internacionales, la situación de incomunicación prolongada en la que se encuentran constituye un mecanismo de tortura».
La incomunicación ocasiona un «severo daño psicológico y emocional» para sus familiares que están «ilegalmente privados de libertad y para sus familias».
«Por no poder constatar la situación y condiciones en las que están actualmente , también les expone constantemente a ser víctimas de otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Temen por la vida de sus parientes presos
Los familiares de presos políticos, expresaron que temen por sus vidas y por las condiciones inhumanas en que les mantienen, sobre todo, la de quienes se han declarado en huelga de hambre.
Afirman que el no tener contacto con sus familiares es una violación a las leyes nacionales e internacionales y a las normas Nelson Mandela.
De conformidad con la legislación penal nicaragüense y normativa internacional vigente en materia de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen «derecho a recibir visitas regulares de parte de sus familiares, así como acceso a una alimentación sana, condiciones de higiene y de descanso dignas, material de lectura, atención médica, y otros derechos que les han sido negados desde el momento de su detención ilegal y arbitraria», resaltan.
«No tenemos ninguna garantía ni de fe de vida, ni de su estado de salud. A la fecha, ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos por última vez», reiteraron.
Piden prueba de vida
Los familiares insisten que son los únicos que pueden constatar cómo y dónde se encuentran las personas presas políticas.
«Demandamos urgentemente nuestro ingreso y el de organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la Dirección de Auxilio Judicial y también a las distintas cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país para constatar la situación de todas la personas presas políticas», denunciaron.
También solicitaron la regularización de las visitas cada 15 días como lo ordena la ley con presencia y participación de hijas e hijos menores y/o con necesidades especiales.
A su vez, piden acceso y regularización a llamadas telefónicas/videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyen a familiares en el exterior.
