El orgullo de resistir: retos de la diversidad sexual en Nicaragua

Para los miembros de la diversidad sexual la protección y garantía de sus derechos en Nicaragua continúa siendo un reto. A lo largo de los años, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso han sido víctimas de homofobia, discriminación, exclusión, abusos, violencia, entre otras situaciones, que terminaron hasta con sus vidas. Muchos declaran sentirse desprotegidos por el Estado.

Uno de los pocos casos que se hacen públicos ocurrió hace un par de meses, en Managua, cuando Eduardo García y su novio visitaron el centro recreativo Paseo Xolotlán, donde fueron víctimas de «discriminación» y «homofobia» por guardas de seguridad de dicho local, quienes se acercaron para exigirles que se retiraran del lugar porque supuestamente estaban cometiendo «actos indebidos».

En defensa García empezó a grabar cuando los guardas de seguridad les pedían salir del centro de recreación.

En el video se escucha cuando García los cuestiona sobre la postura que tuvieron únicamente con ellos y que, incluso, estaban ignorando que cerca de la zona donde se encontraban había más parejas heterosexuales y que no tomaron la misma posición como lo hicieron con ellos.

Ante dicho cuestionamiento los agentes de seguridad, contestaron que se debía a que ellos eran «dos varones» y que «el resto era pareja de hombre y mujer».

Los guardas de seguridad insultaron a la pareja aún cuando estos habían salido del lugar. IP Nicaragua/Captura de pantalla.

García declaró a medios de comunicación que se dirigió a las oficinas administrativas del Paseo Xolotlán para interponer la denuncia ante la administración del lugar, por discriminación y homofobia, y luego de varios días de insistir para ser atendido, el jefe de seguridad del centro recreativo, pidió disculpas por el comportamiento de sus colegas.

Diversidad sexual de Nicaragua en la indefensión

Dámaso Vargas, activista trans y feminista nicaragüense exiliado en Costa Rica, considera que «el primer problema de Nicaragua es que sigue establecido un problema cisgénero, y que eso establece roles paradigmáticos para cada cuerpo de las personas».

«Hay un tipo de obligatoriedad de cumplir una norma social, que para los hombres es tener una o más mujeres —y abusar de ellas además— y para algunas mujeres es tener un hombre al que están sometidas y que siempre reciben órdenes que limitan su desarrollo personal», explica en esta entrevista con IP Nicaragua.

«Claro, cuando los hombres renuncian a esta norma de tener una o muchas mujeres a las cuales someter, el sistema también te reclama y te castiga ejerciendo este tipo de violencias y discriminaciones», añadió.

El activista señaló que los miembros de la diversidad sexual en el país se enfrentan cada día a «la violencia social patriarcal y a un estado de total indefensión de los derechos de los ciudadanos».

Dámaso Vargas, activista trans y feminista.

Asimismo indicó que «este Estado está además confabulado con los poderes fácticos de las iglesias católicas y evangélicas, y que venden nuestros derechos a cambio de los favores discursivos que las iglesias pueden establecer, para acuerparles a nivel internacional».

También dijo que es importante señalar «la construcción patriarcal machista bajo la cual están establecidas todas las normas del país, incluyendo hasta nuestro sistema educativo».

«No hay ninguna forma de que nos sintamos protegidas en un Estado donde no hay igual de condiciones para toda la ciudadanía y además los derechos humanos se ven permeados por las necesidades políticas del Gobierno», sostuvo.

25 ataques contra la diversidad sexual en seis meses

En el primer semestre de este año, según datos del Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGTBIQ+ se documentaron 25 situaciones contra personas de la diversidad sexual en Nicaragua. De estos, 23 son agresiones y dos son delitos de odio. Marzo es el mes en el que más hechos se registraron.

Las agresiones se cometieron contra 10 mujeres trans, ocho homosexuales, cuatro lesbianas, un hombre bisexual, una mujere bisexual y una persona nobinaria.

Managua fue el departamento donde más se registraron ataques de homofobia (11), seguido de Matagalpa (5) y el Caribe Sur (3). La mayoría de los hecho ocurrieron en las viviendas de las víctimas y en la vía pública.

Familiares, desconocidos y la Policía son los principales perpetradores de la homofobia, señala el informe.

Costa Rica avanza en materia de matrimonio igualitario

A diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, en la misma región centroamericana, Costa Rica es el único país que tiene avances.

Víctor Manuel Pérez, de origen nicaragüense y Francisco Agüero, de Costa Rica, se casaron en Bosque Mariposa ubicado en el país vecino, el 28 de noviembre del 2021. Su sueño se hizo realidad gracias a la aprobación del matrimonio igualitario.

«Teníamos dos años de relación y yo recuerdo cuando decidimos casarnos porque al final fue una decisión, yo no tenía ninguna idea ni esperanza de poder casarme, sabemos que en Nicaragua no se puede, pero cuando se aprobó (el matrimonio) el 26 de mayo (del 2020) recuerdo que nosotros a pesar de que estábamos en pandemia, hicimos una pequeña celebración y pensamos qué bonito sería casarnos y reivindicar ese derecho», relató Pérez a IP Nicaragua.

Víctor, de 28 años, y Francisco, de 38, han construido negocios juntos, además tienen una casa en Costa Rica, fruto de su trabajo.

«Para que todo eso quedara dentro del matrimonio y que fuese de ambos, decidimos al final casarnos porque también queríamos vivir la experiencia del derecho que se nos había arrebatado», dice. 

Víctor Manuel Pérez, de Nicaragua y Francisco Agüero, de Costa Rica se casaron el 28 de noviembre del 2021 IP Nicaragua/Cortesía

Víctor reconoce que Costa Rica le regresó el derecho de poder tener un matrimonio y de reivindicar un derecho que en Nicaragua se le ha negado.

Cómo la historia de Víctor y Francisco hay muchas, son varias las parejas que cruzar al vecino país para casarse.

«Es un pequeño paso para que en Nicaragua entendamos de que los derechos de las personas no son negociables… no somos parte de una sociedad de segunda clase y que al final somos mujeres y hombres ciudadanas y ciudadanos que tenemos los mismos derechos de cualquier otra persona», resalta Pérez.

En diciembre de 2018, en Costa Rica se aprobó el reconocimiento de la identidad de género para la población trans en el DIMEX (Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros).

Esa política permite que las personas trans extranjeras puedan tener un cambio de nombre y sexo dentro de su documento de identidad, pero este derecho solamente lo gozan quienes ya tienen una resolución migratoria aprobada.

¿Somos todos igual ante la Ley en Nicaragua?

La socióloga María Teresa Blandón explica que las personas LGBTI+ en Nicaragua están en un limbo desde el punto de vista jurídico, porque por un lado la Constitución Política dice que todos «somos iguales ante la ley y que no puede haber ningún tipo de discriminación ni por razones de género, sexo o de orientación de creencias de nada, pero por el otro prevalece la discriminación, la omolepotransfobia y no hay leyes que protejan a estos cuerpo que se salen de la norma heterosexista».

Según Blandón, desde el Observatorio de derechos humanos, específicamente de la violación de derechos a las personas LGBTI+, se identifican una serie de violaciones cotidianas de derechos humanos porque existe mucha impunidad y estos cuerpos disidentes no tienen  donde acudir en procura de justicia. 

«Hay violencia, han habido en los últimos meses al menos tres transfemicidios, ni siquiera sabemos qué ha pasado con los responsables de esos crímenes horrendos, hay discriminación en el ámbito laboral», dijo la especialista.

La feminista añade que muchas de las personas trans tienen «una esperanza de vida muy baja y están en el desempleo y son de los sectores más pobres, no se les reconoce derechos de parejas, derechos de familias a las parejas homo y a las parejas lesbianas, el código de familia excluye totalmente de los derechos a esta población, lo cual vimos es contradictorio con la Constitución».

¿Por qué Nicaragua no avanza en esta materia?

Para que Nicaragua avance en materia del matrimonio igualitario o que al menos se respeten los derechos de las personas LGBTIQ+, lo primero es estar en un Estado democrático, porque las dictaduras no son afines al reconocimiento y respeto de los derechos humanos universales y que «respete las libertades ciudadanas y que respete la Constitución Política de la República, mientras estemos en dictadura no vamos avanzar ni con eso, ni con ninguna agenda», manifiesta Blandón.

Además se debe contar con la voluntad política de los parlamentarios para aprobar una ley específica respecto a estos grupos de la sociedad nicaragüense, indica.

En Costa Rica y en los países del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, donde se han aprobado leyes que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, significa un logro y se ensancha el reconocimiento de los derechos individuales y de los derechos de familia que tienen los cuerpos disidentes, señala Blandón.

diversidad sexual
En Nicaragua, según Víctor, nunca se atrevería a realizar alguna demostración de amor hacia su pareja en publico. IP Nicaragua/Cortesía

«Es una buena noticia y no solo da bienestar y seguridad a los homosexuales y a las lesbianas, también lanza un mensaje muy positivo a la sociedad en reconocer a los homosexuales y lesbianas como parte de una comunidad nacional de ciudadanos con derechos», dice Blandón.

Para quienes quieran casarse en Costa Rica, la feminista resalta que el matrimonio igualitario es una noticia positiva, porque pueden ejercer los mismos derechos que tienen los heterosexuales, en las mismas condiciones, con los mismos deberes, obligaciones y las mismas oportunidades.

En Costa Rica «no todo es color de rosa»

Víctor y su esposo cuentan que en las calles de Costa Rica pueden moverse con seguridad, hacer demostraciones de amor en público, pero explica que la sociedad en este país es conservadora, aún con los avances que se han obtenido.

«No he vivido ninguna agresión, pero cuando planificamos nuestra boda muchas casas de evento nos dijeron que no, muchos abogados nos dijeron que no y eso es parte de la discriminación y las personas de la diversidad hemos tenido que acuerparnos, porque todavía se vive discriminación pero no tan evidente como en Nicaragua», relata Víctor.

En Nicaragua, según Víctor, nunca se atrevería a realizar alguna demostración de amor hacia su pareja en publico porque «tengo temor a hacer agredido, en Costa Rica el rechazo es con comentarios, en buses, en los Uber».

A través de la aprobación del matrimonio igualitario, Víctor y su esposo pueden optar a prestamos bancarios, bienes inmuebles, incluso a la posibilidad de ser padres de familia.

Por su parte, Víctor opinó que «tampoco se puede romantizar los avances que ha  habido en Costa Rica», ya que en este país «se está tratando de apostar al capitalismo rosa, es decir, que mucha gente que no tiene hijos e hijas, va a venirlo a gastar en vacaciones a este país, por ejemplo».

Sobre el matrimonio igualitario dijo que «son cuestiones de derechos, si bien es cierto que se ha logrado el matrimonio igualitario aún hace falta hablar de los derechos de las personas trans y de los derechos establecidos o diferenciados de mujeres lesbianas bisexuales».

El matrimonio igualitario «no implica tampoco que tengamos la libertad de inscribir hijos bajo una familia homoparental, eso todavía no se ha establecido en protocolos en Costa Rica, si se pueden casar, pero no hay mayor avances en cuanto a derecho», agregó Vargas.

Subprocuradora sin poder en Nicaragua

En Nicaragua, Blandón explica que existe una subprocuradora de la diversidad sexual, sin embargo, en al menos 10 años no ha presentado ninguna iniciativa de ley que haya surgido desde esa oficina.

«Ni siquiera tiene poder, ni recursos, de tal manera que es una figura digamos completamente sin contenido de trabajo y que efectivamente en general fue utilizada para hacer creer afuera, sobre todo, que este no era un gobierno conservador, como efectivamente es», señaló la activista feminista.

Blandón reafirma que en el país no existe ninguna ley, ni Política Pública encaminada atender las demandas especificas de las disidencias sexuales y de género.

Erradicar la violencia contra personas LGBTIQ+

«No nos vamos a quedar en lo mínimo, tenemos derecho a aspirar a una sociedad que no sea sexista, machista, violenta, discriminatoria y que no sea olemotransfoba, tenemos derechos a imaginarnos una sociedad que sea respetuosa e inclusiva y que reconozca la libertad de los individuos para decidir sobre sus cuerpos, identidades y sexualidades», apuntó Blandón.

Aunque Nicaragua está en pañales en temas de erradicar la violencia hacia las personas LGBTQ, tanto los colectivos feministas como los colectivos de LGBTQ+ logran que muchas personas cambien sus posturas y entiendan que las demandas de los cuerpos disidentes son parte de los derechos humanos.

Víctor y Francisco tienen muchas ganas de regresar a Nicaragua y construir su hogar en tierras pinoleras.

«Queremos hacer nuestra vida allá (Nicaragua), no queremos ser juzgados y sabemos que cuando pase este embrollo, Nicaragua va a necesitar de muchas manos y nosotros queremos estar ahí para aportar un poco con nuestra empresa y aportar empleos. Yo no pido que me toleren porque no soy ningún animal raro para que me toleren, quiero que me respeten, yo sé que va acostar mucho», anhela Pérez.

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A través de la aprobación del matrimonio igualitario, Víctor y su esposo pueden optar a prestamos bancarios, bienes inmuebles, incluso a la posibilidad de ser padres de familia. IP Nicaragua/Cortesía

«Ahora están los medios de comunicación que tienen estos temas en la agenda y eso es un logro muy importante, pero quien está en deuda con la sociedad nicaragüense es el Estado, es quien tiene que transformar sus lógicas y apegarse a los mandatos constituciones que establecen establecen las no discriminación», dice Blandón.

Agrega que se debe continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos, seguir sensibilizando a la ciudadanía y seguir organizando para demandar los derechos de los cuerpos disidentes.

Lo que el Estado nicaragüense debe hacer

La feminista explica que el deber del Estado es garantizar, además que tutela los derechos humanos y ciudadanos, mismos que están contemplados en la Declaración Universal y en los Convenios Internacionales de los cuales Nicaragua es suscriptor y como referencia lo que establece la Constitución de la República.

«El Estado debe ser garante de esos derechos y tiene que legislar, definir políticas públicas, crear mecanismos de protección, tienen que fortalecer la independencia y la competencia del Poder Judicial, pero en dictadura nada de eso es posible», aclara Blandón.

Sobre el papel de las iglesias en Nicaragua, Blandón afirma que en sus distintas denominaciones, algunas tienen una postura más compresiva y de respeto hacia las disidencias sexuales y «hay sacerdotes y pastores evangélicos que son muy humanos y muy comprensivos y que dan cabida a estas realidades, pero hay otros que no».

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