Redacción / IP Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desnaturalizado el origen del Ministerio Público a través del cual se ha acusado a centenares de opositores sin fundamentos legales, por lo que expertos del centro de pensamiento e investigación Expediente Abierto recomendó refundar la institución.
Durante el foro denominado “Un Ministerio Público para la Democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”, organizado por Expediente Abierto, Alexander Rodríguez, experto internacional en Ministerios Públicos, manifestó que en la actualidad los fiscales están enfocados en quienes se oponen a las autoridades, en lugar de perseguir delitos por corrupción.
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“Todo lo que se había avanzado en la profesionalización de la institución, la Fiscalía ‘lo echó a la basura’. (Los fiscales) son nombrados por su afinidad política, ese es un gran problema, cuando el fiscal debe el puesto a alguien, entonces va a responder a esos intereses de quien maneja el Ministerio Público”, señaló Rodríguez.
El experto considera que es “urgente” definir una estrategia para “refundar” el Ministerio Público, cuya institución fue sancionada por Estados Unidos en noviembre de 2021, por “ser responsable o cómplice o por haber participado o haber intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos instituciones democráticas en Nicaragua”.
9 claves para cambiar el Ministerio Público
El Ministerio Público es el órgano judicial encargado de la investigación y persecución penal, para evitar que los crímenes queden en la impunidad, no obstante, en Nicaragua la institución usa a sus fiscales para perseguir a los opositores del régimen. Expediente Abierto, propone nueve puntos para reformar la institución:
1-Modificar el proceso para nombrar a fiscal y fiscal adjunto
“El nombramiento de estos jerarcas por la Asamblea Nacional en Nicaragua compromete su independencia y objetividad y la de todos los fiscales. Para eliminar o disminuir esa influencia negativa es útil considerar la reforma constitucional para lograr un Consejo de la Judicatura que sea el órgano rector que nombra y remueve a los a magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general y el fiscal general ajunto”, recomendó el experto.
La fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, comisionada policial en retiro, que ha sido sancionada por la comunidad internacional por dirigir las acusaciones “falsas” contra los opositores.
2- Depuración
“Debe ser prioridad iniciar procesos de remoción de los fiscales y demás funcionarios que planificaron, aconsejaron, ejecutaron actos de persecución jurídica en contra de los opositores políticos, ciudadanos o periodistas, sobre todo a partir de 2018”, manifestó Rodríguez.
Agregó que también debe moverse del cargo y prohibirse a futuro la incorporación como fiscales de “exmiembros de la Policía, el Ejército o el Poder Ejecutivo o Legislativo”.
Sin embargo, Expediente Abierto reconoce que es imposible e inviable hacer un proceso de depuración total en la institución.
3- Crear jurisdicción transicional
La hoja de ruta plantea una reforma constitucional para crear una Jurisdicción de Justicia Transicional que debe estar integrada por investigadores, fiscales y jueces extranjeros, durante al menos seis años, para “sentar responsabilidades por violaciones de derechos humanos”.
A la vez señalan que “lo complejo del asunto es que no existen experiencias específicas de un régimen de transición, como el que podría suceder en Nicaragua”.
“Solo hay experiencias de justicia transicional por ejemplo, en Colombia, para investigar y juzgar violaciones de los derechos humanos por grupos paramilitares o fuerzas armadas”, añaden.
4- Priorización de casos
Explican que los estándares internacionales, exigen que las fiscalías se dediquen a investigar, perseguir y llevar a juicios los delitos más graves.
Mientras que “los delitos menores, por ejemplo, con pena de prisión menor a cuatro años, castigados con pena de multa o días multa, deben ser atendidos por otros mecanismos como la justicia restaurativa”, indica la propuesta.
5- Crear una Policía Judicial
“Es indispensable crear una agencia de investigación judicial que sea profesional y responda únicamente a los intereses de la justicia. Esto se ha practicado con éxito en muchos países, donde el Poder Ejecutivo conserva el mando sobre una policía civil con capacidad de prevención del delito, y una agencia técnica responsable de esclarecerlos”, detalla la reforma de propuesta.
Para su conformación, señalan además que de la unidad de investigación o detectives, deben sumarse laboratorios de criminalística de la Policía y la Dirección de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros, equipos e instalaciones pasarán a formar parte de esta nueva institución.
6- Capacitar fiscales
“La capacidad debe realizarse para mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios”, recomienden.
“Nada hacemos con tener fiscales que sepan hablar bonito y representarse bonito ante los jueces, necesitamos fiscales que tengan en su conciencia madura el respeto de los derechos humanos”, agregó Rodríguez.
7- Crear estándares de medición profesional
Un Ministerio Publico reformado debe crearse criterios de “evaluación anual” de fiscales, que tome en cuenta no solo criterios cuantitativos, sino también de calidad de las intervenciones de los fiscales en los casos, con esto “se propondrá un plan individual de mejora, de ser el caso, y elaborará recomendaciones generales para capacitar o aplicar políticas institucionales”.
8- Presupuesto
Los expertos proponen, la fijación constitucional de un porcentaje mínimo y fijo para distribuir anualmente, como se hace con el Poder Judicial, cuya asignación es de 4 por ciento del Presupuesto General de la República (PGR). “El monto debe definirse considerando las necesidades de las fiscalías, así como la incorporación de la policía de investigación, y sin perjuicio de que en el futuro pueda ampliarse con más partidas de presupuesto”.
9- Relación con ciudadanía
Señalan que es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas del Ministerio Público para que queden definidos en su ley orgánica, y establezcan la apertura al escrutinio de organismos, universidades, agencia internacional, dejando en reserva los datos que puedan afectar las investigaciones en curso.
Asimismo agregan que “la fiscalía debe mantener una política institucional de comunicación con la ciudadanía y los medios de comunicación para conocer sus expectativas y las necesidades de persecución en lugares o temas”.
El evento contó con la participación también de la jurista, María Asunción Moreno; Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proces y Javier Melendez (moderardor) de Expediente Abierto.
