* En los recintos universitarios no existen registros de sus actividades y notas, y tampoco se les permite poner un pie en ellos. Su delito fue haberse puesto al frente de las protestas que iniciaron en abril de 2018.
Nayira Valenzuela
Una vida entre la ansiedad, depresión, secuelas del encierro en celdas de máxima seguridad, asedio, persecución y la lucha contra el olvido de la rebelión estudiantil, es lo que viven tres dirigentes estudiantiles que estuvieron al frente de las protestas desde abril de 2018 y el posterior y fracasado diálogo nacional.
A simple vista, Levis Artola Rugama parece que nunca en su vida le hubiera levantado la voz a alguien, pero solo hace falta hacer recuerdo de alguna de las protestas en las calles de Managua para cambiar de opinión, como ocurrió el 2 de agosto de 2018 en las afuera de la Universidad Centroamericana (UCA), cuando con micrófono en mano, lanzaba epítetos contra el gobierno.
“Le mandamos un mensaje al gobierno y a todos esos sátrapas de que no nos van a detener y vamos hasta el final; vamos a ver la caída de esta dictadura”, sentenció en ese entonces.
En abril su participación fue totalmente clandestina, su familia trató de detenerlo, pero su trayectoria de participar en protestas en contra del gobierno desde el 2008, pudo más y lo hizo involucrarse en las manifestaciones y dirigir la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN–Managua), el 7 de mayo.
Su labor, aparte de buscar proveedores para el abastecimiento de alimentos para los estudiantes, fue ser contacto a nivel internacional para informar y monitorear la situación de violaciones a los derechos humanos con organismos que defienden los derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero esta misión fue impedida el 25 de agosto del 2018, tras la llamada “operación limpieza” que llevó a cabo el gobierno para terminar con las protestas.
“Los costos políticos fueron tener una vida de clandestinidad después de la operación limpieza y el secuestro por parte de paramilitares y policías un 25 de agosto del 2018, ser encarcelado, incriminado, procesado y encarcelado durante casi ocho meses”, afirmó Artola Rugama.
A pesar de sentirse satisfecho por haberse involucrado en defensa de sus ideales de libertad para Nicaragua y continuar comprometido moralmente con la lucha por el cambio social del país, su situación actual la describe de una “muerte académica, sin poder pagar una universidad privada, sin acceso a universidades públicas”, pues las autoridades universitarias borraron su historial académico y aún batalla con secuelas psicológicas por el encarcelamiento y la vida de atrincherado que llevó.
La historia de Jonathan López es similar. También exatrincherado de la UNAN-Managua, involucrado en las protestas desde el 19 de abril en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Cambió su vida dedicada a los estudios cuando decidió organizarse con sus compañeros de clases para la toma de la UNAN- Managua, la coordinación de las marchas y denunciar a nivel internacional la represión contra los estudiantes y protestantes.
“Mi vida antes de abril era como la de la mayoría de jóvenes; salir con mis amigos, ir a la universidad. Yo cursaba en el 2018 el tercer año de Economía, era presidente de la sección, es decir, era miembro de UNEN (la pro-oficialista Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua). Aunque nunca estuve de acuerdo mientras estuve en la universidad con el Frente Sandinista, ahora más que nunca estoy convencido de que UNEN es un brazo político que tiene el Frente Sandinista dentro de las universidades”, expresó López.
SOBREVIVIENTE DE ATAQUE SANGRIENTO
El joven es sobreviviente del ataque de 12 horas continuas de balas a la Iglesia de la Divina Misericordia por parte de para policías armados con armas de guerra y fuerzas de la Policía Nacional, donde resultaron asesinados dos estudiantes y otros 15 resultaron heridos.
López estuvo detenido por ocho meses luego de ser secuestrado por sujetos armados a bordo de camionetas en un supermercado de Managua y llevado a las celdas de El Chipote. Posteriormente fue procesado y enviado a la cárcel, desde donde mantuvo su protesta contra el gobierno.
Actualmente López es miembro activo de varias organizaciones de oposición. Tuvo que iniciar su carrera desde cero, pues su historial académico fue borrado por participar en las protestas y no se le permite la entrada en ninguno de los recintos de las universidades públicas.
“Yo estuve preso ocho meses, fui expulsado de la UNAN-Managua, sigo siendo acosado, a mi mama la persiguen, a mi hermana la acosan algunos profesores pro-gobierno en el colegio, ha sido bastante duro», agregó López.
Denunció que la semana del 18 de abril, por cuatro días consecutivos su casa fue asediada por agentes policiales.
Una investigación realizada por la plataforma digital NIU, revela que el 61% de los expulsados de las universidades por participar en las protestas, estudiaban el cuarto o quinto año de su carrera.
Es decir, que en 2020 estarían graduándose o preparando su monografía muchos nuevos profesionales que hoy están alejados de los recintos, tal es el caso de Glenin Francisco Martínez, estudiante de Medicina de la UNAN- León, a quien expulsaron y también borraron su historial académico por haberse involucrado en las protestas antigubernamentales.
“En este momento estaría cursando el primer módulo de mi quinto año de Medicina. Mi crecimiento académico y personal se encuentra estancado desde 2018 y aunque he tratado de no dejar de aprender tomando cursos en línea sobre Comunicación Política, Diseño de Campañas, Economía, etcétera, no ha sido suficiente ni acorde a mis aspiraciones profesionales como médico”, expresó Martínez.
Francisco se involucró en las protestas desde el 11 de abril (por el incendio de Indio-Maíz), posterior a la marcha de los pensionados en León, donde fue agredido por turbas frente a la vista de la Policía Nacional.
Después viajó a Managua para difundir las demandas de los estudiantes de la UNAN-León y colaboró para construir propuestas con estudiantes de todas las universidades para participar en el Diálogo Nacional.
Probablemente en este tiempo de lucha contra el Covid-19, que se necesita personal médico para la atención de emergencias y casos positivos de este virus, los conocimientos y vocación como médico de Martínez sería de mucha utilidad, pero hasta la fecha la universidad no le ha brindado una explicación del por qué de su expulsión.
Un gran número de talento humano se está desperdiciando, muchos estudiantes que estaban a un escalón de terminar su vida universitaria, están siendo perseguidos, su historial académico borrado y vigente la orden de no recibirlos en los recintos estatales por haber estado al frente de las protestas.
Hasta la fecha no se tiene un dato exacto de cuántos estudiantes han sido expulsados por haber participado en las protestas. La última vez que una universidad sancionó a estudiantes, fue en diciembre del 2019, cuando la Universidad Nacional Agraria (UNA), sancionó de esa manera a 240 universitarios por «actos de indisciplina” calificados como muy graves, ocurridos los días 26 y 27 de noviembre, cuando se manifestaron contra los resultados de las elecciones que llevó a cabo UNEN en ese recinto.
Foto Portada: José Marenco / 100% Noticias
