Orlando Valenzuela
El Consejo Regional del Caribe Norte impuso como presidente del Gobierno Territorial Indígena (GTI) a Fernando Smith, un adepto del Frente Sandinista (FSLN), durante la asamblea realizada en el territorio indígena Li Lamni, compuesto por 28 comunidades misquitas, denunció Adrián Edilberto Sierra Bucardo, concejal por Yatama, quien participó como candidato en representación de los comunitarios.
Para Sierra Bucardo, la imposición de Smith es una violación a todas las leyes y un desprecio a la voluntad de los pueblos indígenas.
Explicó que, en la elección de autoridades indígenas, el gobierno hizo todo tipo de maniobras para tomar el control del territorio a través de autoridades títeres, pero todo resultó en vano ante la decisión de los comunitarios que rechazaron la manipulación que hicieron los funcionarios y partidarios sandinistas.
“Esto es frustrante, sucede igual o peor que los fraudes electorales, pero aquí es peor porque se impone la voluntad de los CLS (Consejos de Liderazgo Sandinista) o CPC (Consejos del Poder Ciudadano) ignorando a las autoridades propuestas por las comunidades, si es que no simpatizan con ellos. Por otro lado, el Consejo Regional no reconoce a las autoridades comunales si no representan a sus intereses partidarios, negándoles el nombramiento que el consejo otorga para avalar a las autoridades comunales”, denunció el concejal indígena.
“Yo participé como candidato a la presidencia del GTI de mi territorio, donde pude observar como el partido del gobierno manipuló todo a su favor. Sin embargo, todo fue infructuoso por el simple hecho de que ellos inicialmente montaron su propia encuesta previa a la asamblea y al darse cuenta que no les era favorable, empezaron a visitar comunidad por comunidad, queriendo comprar voluntades y aún con todo y eso, se dieron cuenta que no contaban con el respaldo de los líderes comunales, por lo que finalmente crearon los gobiernos paralelos, a quienes les otorgaron nombramientos y fueron invitados a la asamblea territorial de manera improvisada, y aun así. Yo logré reunir a más del 70 por ciento de los líderes del territorio, los cuales fueron expulsados del local por el ejército y la policía, aduciendo que no habían sido invitados a dicha asamblea”, acusó el líder indígena.
Steadman Fagoth dirigió “elección fraudulenta”
El concejal misquito señaló que entre las irregularidades de esa elección está el hecho de que a la asamblea no llegó el presidente saliente, “por lo que ésta fue dirigida por Steadman Fagoth y el diputado suplente José Osorno, violando así todititas las normas y reglamentos de la ley 445, y con respecto al periodo de gobierno, ellos lo ampliaron de 2 a 4 años, aunque en la actualidad, lo que están haciendo es renovarles el nombramiento a los que se les está venciendo su periodo para perpetuarse en el poder por órdenes del señor Carlos Alemán, actual coordinador del gobierno regional del Caribe Norte”, remarcó Sierra Bucardo.
La Ley 445 dice que el secretario de la junta directiva es quien convoca a asamblea bajo la supervisión de autoridades regionales, municipales y los consejos territoriales, quienes representan a sus respectivas comunidades uno por comunidad. En ninguna parte se menciona que el Gobierno Regional dirige la elección ni mucho menos decide a quien nombrar, explicó el dirigente indígena.
Fondos para comunidades, utilizados para armar paramilitares, denuncia
El líder comunitario también denunció que al gobierno territorial indígena paralelo que nombraron, el Ministerio de Hacienda le transfiere fondos hasta por un monto de dos millones 200,000 córdobas. Pero, denunció que ese dinero “es utilizado para beneficio propio y para armar paramilitares en la zona”.
De igual forma, Sierra Bucardo explicó cómo funciona el sistema que utiliza el gobierno en las comunidades indígenas.
“Ellos tienen sus células dentro de las comunidades a las que llaman CPC o CLS y siempre buscan por orientaciones de los secretarios políticos ocupar esos cargos dentro de las estructuras comunales, pero no siempre son elegidos por el pueblo. Algunos logran integrarse como suplentes, pero la mayoría de líderes no responden a los intereses del FSLN. Así que para imponer su voluntad se auxilian de la policía o el ejército y usurpan los cargos comunales y como tienen el consejo regional y el gobierno a su favor, todo lo demás se les facilita para crear una imagen de normalidad ante otras instancias”, reveló el denunciante.
Mayagnas sufren por los efectos de la corrupción
Por su parte, el dirigente mayagna Byron Bucardo indicó que el problema empieza cuando los políticos quieren escoger a sus allegados para ocupar estos puestos.
“Pero esta vez no lo harán porque no aceptaremos. De esa manera nosotros como pueblo Mayagna tenemos todo el derecho de elegir a nuestro líder conforme a lo que siempre venimos haciendo, a través de una asamblea, antes no existía esto de la elección porque los pueblos estaban muy unidos, por eso había una comisión llamada Masaku y Sukarawala. Estos dos nombramientos eran legítimos, pero desde que cambiaron esos nombramientos a Gobierno Territorial Indígena (GTI) las cosas y leyes internas del territorio están siendo violadas”, aseguró el dirigente mayagna.
Bucardo fue enfático al criticar la imposición de autoridades que solo responden a los intereses del partido de gobierno y no a los pobladores de las comunidades indígenas.
“Esto también está pasando en territorio Twi Yahbra, cerca de Puerto Cabezas. Este tipo de violaciones a los derechos de libre elección en los territorios es lamentable. Piensan adueñarse de todo, estos políticos, pero sé que podemos poner fin a toda esta situación, aunque muchos de nuestros líderes también están metidos con la corrupción y más con los políticos. Por eso se venden con una moneda, un líder mayagna tiene que ser de verdad un indígena, y no un político”, advirtió Bucardo.
Federico William Sinclair, concejal de Bismona, Cabo Gracias a Dios, que participó como autoridad Regional en la elección del GTI, de Twi Yahbra, aseguró que en la justa participaron miembros de las 16 comunidades que conforman el territorio, donde se eligió a Felipe Michel, un joven profesional de la comunidad de Sin Sin, carretera a Waspán, donde no hubo presencia del partido de gobierno.
“Todo estuvo normal. A veces interviene el partido de gobierno. Pero la comunidad, todo el territorio, no acepta. Las 16 comunidades plantearon que si el Consejo Regional no le otorga el nombramiento (reconocimiento) que a ellos no les importa, que van a trabajar así, sin nombramiento, porque anteriormente no contaba con ningún nombramiento, en el tiempo de nuestros ancestros, entonces así va a trabajar tradicionalmente”, aseguró Williams Sinclair.
El concejal también se refirió a los fondos que reciben los presidentes de los gobiernos territoriales reconocidos por el Estado.
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“Todos los territorios reciben transferencias del Estado. Casi la mayoría de los presidentes territoriales están aliados con el partido de gobierno. Entonces ellos cuando reciben los fondos, ese dinero no llega a las comunidades, sino que lo sacan del gobierno regional y no sé qué lo hacen, finalmente lo reparten todo por las bolsas de ellos, entonces las comunidades no reciben nada de ese fondo”, denunció el concejal.
Premio Nobel denuncia patrones de criminalización
Lottie Cunningham Wren, directora del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, antes de profundizar sobre esta situación reflexionó:
“El pueblo de Nicaragua está viviendo una crisis de violación a sus derechos humanos nunca antes vista en su historia, porque no es únicamente que te maten con balas, sino que además de tener este tipo de criminalización de asesinato, secuestro, desaparecidos, también estás enfrentando otros patrones de criminalización que se ha venido a agravar particularmente en las comunidades indígenas: imponer estos gobiernos paralelos es con el fin de tener un control sobre los recursos y viera como nos están acabando todos los recursos, porque ahora, como al gobierno se le ha venido haciendo sanciones económicas, con esta crisis ha acelerado la motivación de concesiones de actividades extractivas, como la minería, la tala ilegal de madera y la ganadería, y claro, en la costa todo lo que tiene que ver con la pesca”, denunció la defensora de los derechos de los indígenas.
La también ganadora del Premio Nobel Alternativo 2020, Cunningham Wren, expresó su preocupación por las violaciones a las leyes que el Estado continúa haciendo en toda la Costa Caribe.
“Las autoridades han incurrido en acciones de violación al derecho de la autonomía en esta creación de gobierno paralelos, sumisos a los intereses del partido de este gobierno, así que incluso por medio de las municipalidades han venido intimidando a la gente en la costa. Las autoridades que no existen, porque un secretario político no es una autoridad, ese es un secretario político de un partido, no tiene por qué incurrir”, denunció la abogada indígena.
Cunningham advirtió que detrás de estas acciones está el objetivo de debilitar las estructuras tradicionales, que se ve agravada por la falta de reconocimiento oficial a las autoridades tradicionales y con el nombramiento de autoridades paralelas, conforme al proceso de ellos. Ocasionan división y conflictos entre la comunidad y esta división solo contribuye al dominio sobre las familias indígenas.
“Así que fraccionan la familia indígena, fraccionan la comunidad y luego de esa forma se apropian de los recursos naturales. Ellos ahorita quieren que el Banco Mundial les dé más de 51 millones de dólares para supuestamente la reforestación y la famosa red de emisiones de gas, es por eso que les están volando la cabeza, (a los dirigentes indígenas) porque es con la firma de los simpatizantes de ellos que quieren demostrar al mundo que eso es verdad, cuando no es cierto, no es cierto”, enfatizó la defensora de derechos humanos.
Cunningham: Gobierno también manipula sistema de justicia
Cunningham también denunció el abuso y manipulación de las leyes por parte del Estado o representantes del partido de gobierno.
“Lamentablemente, los patrones de criminalización que está utilizando actualmente el gobierno de Nicaragua han venido manipulando el sistema de justicia para tomar represalias e impedir a las comunidades, elegir sus propios líderes o impedirles el trabajo de defender sus tierras. Estos patrones de criminalización han sido desde acusaciones panales sin fundamento, violaciones al debido proceso, hasta uso arbitrario de la prisión preventiva. Todo esto lo han venido haciendo para condenar y amenazar a las autoridades tradicionales con el sistema de justicia criminal. Donde las autoridades tradicionales han resistido con o sin documentos, como fueron elegidos por su pueblo comunal, ellos ejercen de hecho para mantener esa autonomía, pero ¿qué les han estado haciendo ahora? La fiscalía metió una acusación por el delito de usurpación de funciones del Estado a unas autoridades tradicionales electas y fueron condenadas a tres años de cárcel, algo injusto”, señaló Cunningham.
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La premio nobel indígena agregó: “Cuando el Estado ha estado tan ausente en estas comunidades, solo se aparece para reprimir, no les llevan ni salud, ningún tipo de acceso a la producción, ni siquiera buenas carreteras para que puedan sacar sus productos. En algunas comunidades no hay del todo transporte colectivo, hablamos de exclusión social y exclusión de las comunidades indígenas al desarrollo. Pero también acceso a una educación calificada y digna, porque hay aulas que no tienen ni una silla y los niños llegan y se sientan en el piso para recibir clases. Ese es el trato que nos dan a la gente y no es justo que los puestos de salud están sin medicamento ni siquiera con suministros de primeros auxilios”, reclamo la defensora indígena.
Cunningham también criticó el saqueo del que por siglos han sido víctimas los pueblos originarios de la Costa Caribe por parte de los gobiernos y sus aliados.
“Ellos están sacando de la región nuestros recursos naturales y ni siquiera les han regresado a las comunidades el 0.01 por ciento de lo que sacan. Ellos (el gobierno) pueden decir muchas cosas en sus informes estadísticos, pero la verdad es que la gente se está muriendo de hambre por las necesidades básicas”, denunció la premio nobel de derechos humanos.
Foto portada: La falta de servicios básicos es común en las comunidades indígenas. Orlando Valenzuela.
