Tamara Dávila, una de las excarceladas y desterradas política, lleva 51 días en libertad, pero sigue sin poder abrazar a su hija de siete años. En total, son 657 días que llevan separadas desde aquel 13 de junio de 2021 cuando fue apresada por la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«En efecto, no me he reunido con la niña aún», dijo Dávila en entrevista con IP Nicaragua.
El 9 de febrero de 2023, Dávila fue desterrada de Nicaragua junto a otras 221 personas presas políticas que siguen siendo víctimas del régimen de Ortega y Murillo.
Algunos de los desterrados fueron desaparecidos de los registros civiles de las personas y les han negado documentos de identificación y pasaportes de sus familiares, incluso en algunos casos a quitarles el apellido a los hijos menores de edad, denunció Dávila el pasado 29 de marzo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras estuvo arbitrariamente detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), una cárcel de tortura conocida como «El Chipote», Dávila estuvo en huelga de hambre, aun en riesgo su vida, exigiendo que le permitieran ver a su hija.
La separación afectó a la niña
«No me acuerdo mucho de tu cara, ya son muchos días sin verte», fueron algunas de las palabras que plasmó la pequeña en una emotiva carta dirigida a su madre y que sirvió como detonante para que la opositora iniciara la huelga de hambre un 15 de agosto de 2022.
La menor preguntaba todos los días por su madre, pero ahora que ella está en libertad contradictoriamente no han podido reunirse.
«Ora todas las noches pidiendo que le entreguen el papel para poder viajar, encontrarse con su mamá y no separarse más de ella. La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias, hijos e hijas; les intimida y vigila, impidiendo hasta ahora la salida de muchos para la reunificación», relató Dávila ante diplomáticos de todos los países que conforman la OEA.
Tamara Dávila afirma que debe haber mayor presión internacional
Este 18 de abril, se cumplen cinco años de la Rebelión de Abril de 2018, una crisis política que continúa agravándose sin que nadie avizore una pronta solución.
El Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) detalló el pasado 2 de marzo en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, que las acciones de Ortega y Murillo desde las masivas protestas de 2018 que exigieron su salida del poder y que dejaron al menos 355 manifestantes muertos y un clima de persecución que se extiende hasta la actualidad son crímenes de lesa humanidad.
Para Dávila, «es importante ocupar los espacios (como el de la OEA) para denunciar, para que hayan acciones diplomáticas directas que hagan que Daniel Ortega y Rosario Murillo tengan que ir cediendo y verse obligados a una transición diplomática».
«La crisis la vamos a resolver entre nicaragüenses con la ayuda de la presión internacional, pero es un espacio de incidencia en la comunidad internacional para aislar al régimen y esto ha sido fundamental en los últimos dos años, y los liderazgos políticos hemos estado enfocados en eso desde 2018 y así ha seguido siendo la oposición durante yo estuve presa, las sanciones, económicas, la denuncia alrededor de la utilización de los fondos de la cooperación internacional para reprimir, asediar y violar derechos humanos por parte del régimen ha hecho que halla mayor control, todavía falta», señaló a IP Nicaragua.
Según Dávila, tanto la comunidad internacional como los nicaragüenses dentro y fuera del país, «debemos seguir actuando de manera coordinada».
«Debemos seguir abriendo espacios de diálogo, seguir denunciando las violaciones a nuestros derechos y debemos seguir ocupando todos los espacios para ello, como un mecanismo cívico para presionar al régimen. El dialogo y la denuncia entre nicaragüenses y con la comunidad internacional y la coordinación de acciones son claves para continuar debilitando a la dictadura», sostiene.
Dávila participó en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sirvió para «analizar la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua, y la absoluta vulnerabilidad de los beneficiarios» de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dávila había sido condenada a 8 años de prisión por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Testimonio ante la OEA
La feminista y defensora de derechos humanos Tamara Dávila ocupó el asiento de la representación diplomática de Chile para exponer la situación de Nicaragua.
Dávila recordó que fue «secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada» en medio de una escalada represiva.
«Fui secuestrada con violencia y encarcelada el 12 de junio del 2021. Durante 14 meses estuve en una celda sellada, sin más contacto humano que el de mis carceleros; permitieron escasas visitas a mi familia. Luego me mantuvieron en confinamiento solitario, al igual que a Suyen Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil», denunció.
Señaló que tras estar «sometida a vigilancia y asedio por meses», su detención fue «muy violenta» para su hija y para ella misma.
«Imaginen a una niña de 5 años que presencia el asalto violento de su casa, el lugar que debía ser el más seguro para ella. Personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, su diario de nacimiento, su música y que además se llevan a su mamá. Ella le preguntaba constantemente a su abuela “¿Abu mi mamá está muerta? ¿Por eso no puedo verla?” Ese horror lo vivieron decenas de niñas, niños y familias en Nicaragua», denunció Tamara Dávila.
La opositora que espera reunirse con su hija muy pronto asegura que su mamá le enseñó que «todas las personas -en cualquier condición- tenemos poder».
«Yo usé el mío en esa celda, para resistir. Mi hija usará el suyo, cuando ella lo decida, para denunciar la negación de su derecho a estar y vivir con su madre y en su país (…) Ustedes también pueden usar el suyo. Actúen por una transición democrática en mi país. Por la vida, la paz, y la justicia. Por el fin de los crímenes y la impunidad», pidió a los diplomáticos de la OEA.
