En 2021 se cumplieron en Nicaragua las advertencias de activistas y analistas de que una combinación de leyes recientemente aprobadas por el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados, proyectaban agudizar la persecución contra los opositores, activistas y periodistas.
La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, conocida como Ley 1055, ultimaron a las pocas organizaciones que quedaban en pie desde la crisis de 2018, pero también pusieron tras las rejas a los principales rivales al presidente Daniel Ortega.
De igual forma, se logró acallar en las redes sociales a los activistas y críticos. La Voz de América hizo una recopilación de la aplicación de estas leyes, que según el oficialismo pretendían establecer el orden en Nicaragua y frenar cualquier “intento de golpe de Estado”.
Ley de Ciberdelitos
Bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, Ortega ha puesto en prisión al menos a 10 opositores y activistas. La Ley fue aprobada el 27 de octubre de 2020 en la Asamblea y entró en vigencia el 30 de diciembre.
En sus artículos se criminaliza a quienes hagan críticas a Ortega en las redes sociales o cuestionen su sistema de Gobierno, y también amenaza con cárcel a los medios de comunicación que según el Gobierno emita “noticias falsas”.
Uno de los casos más emblemáticos fue la detención del joven activista Yoel Sandino, fundador de la página de Facebook “Mentes Libres”. Sandino fue detenido el 5 de noviembre de 2021, justo a dos días antes de las elecciones presidenciales, y luego acusado con dicha Ley.
La joven Samantha Jirón, otra joven activista digital, también fue detenida días después del 7 de noviembre y se le acusa de violar la Ley de Ciberdelitos por publicar contenido relacionado con las elecciones.
“Mi hijo nunca ha estado en la cárcel, hoy está ahí por una causa insólita como es el derecho a expresarse, lo cual es un derecho universal que tiene cualquier ser humano, y el derecho a pensar diferente”, dijo a la VOA, Yamilet Ibarra, la madre de Sandino.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más valora que a un año de la vigencia de la ley se observa un periodismo y medios de comunicación bajo ataque en mayor intensidad, criminalización, cárcel, acusaciones y procesos arbitrarios e inconstitucionales.
De hecho, la Fiscalía nicaragüense cuando abrió un proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro citó a casi 90 periodistas y en algunos casos los amenazó con cárcel por publicar noticias falsas.
La organización considera que la ley buscaba a toda costa silenciar a la sociedad para que no siguiera denunciando “los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente”.
No obstante, afirma que “no han logrado silenciar al pueblo, que sigue resistiendo, ni al periodismo independiente, que desplazado y sufriendo todo tipo de pérdidas que significa el exilio, sigue informando al país”.
Ley de Agentes Extranjeros
La Ley de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin” por la similitud que tiene con una legislación de Rusia, también ha sido clave para desmantelar las organizaciones críticas a Daniel Ortega.
Fue aprobada en octubre de 2020 y obliga a organizaciones y personas que reciben fondos del exterior a que se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y que entreguen informes mensuales sobre los gastos, pagos y desembolsos “vinculados a su desempeño como agentes extranjeros”.
También Gobernación ha impuesto trabas a varias organizaciones con el fin de poder cerrarlas o multarlas con costos elevados para “asfixiarlas”, dicen los expertos.
Por ejemplo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última organización de su tipo que queda en pie en Nicaragua con personería jurídica, no ha podido inscribirse porque no han recibido la documentación, dijo a la VOA Marcos Carmona, director de dicha entidad.
Otras donaciones suspendieron sus operaciones en Managua a inicios de 2021, como PEN Nicaragua, formada por escritores, poetas y periodistas.
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“A pesar de que nuestros fines y trabajo responden a ideales humanitarios y libertarios, estamos conscientes de que esta vinculación haría que el Estado nos impusiera la inscripción como agentes extranjeros y el cumplimiento de requisitos mensuales que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones. Por otro lado, ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país” dijo en ese entonces la poeta Gioconda Belli.
Ley de Soberanía, o Ley 1055
A un año de haberse aprobado la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía, o Ley 1055, el 21 de diciembre de 2020, se encuentran bajo prisión los principales rivales políticos de Ortega.
Se encuentran acusados de violar dicha ley al menos siete precandidatos presidenciales que pretendían competir con Ortega en los comicios del 7 de noviembre, pero también están arrestados activistas, exdiplomáticos, generadores de opinión, disidentes del oficialista Frente Sandinista, y hasta un cronista deportivo.
El periodista deportivo Miguel Mendoza fue acusado de violar la Ley de Soberanía y las autoridades mostraron al menos 10 de sus publicaciones en Twitter, donde según ellos “incitaba a la injerencia extranjera”.
Una de las “pruebas” en su contra es un tuit de la congresista estadounidense María Elvira Salazar que responsabilizaba al gobierno de Ortega por las condiciones en las que se encontraban los presos políticos en Nicaragua.
“En términos de democracia, el año 2021 fue un año para Nicaragua en el que se profundizó la crisis sociopolítica que emergió en el 2018”, valora a la VOA la socióloga Elvira Cuadra.
Señala que después de las elecciones, desde los espacios del Poder, se configuraron una serie de acontecimientos y se tomaron decisiones en función de asegurar ese objetivo político.
“A pesar de las dificultades, los grupos de la oposición representan, para él, una competencia muy fuerte y, específicamente en ese contexto electoral, representaban el riesgo alto de echar al traste su objetivo político, entonces desató una escalada de represión que comenzó en el 2020 con la aprobación de un conjunto de leyes punitivas”.
Cuadras asegura que dichas movidas del oficialismo no tienen precedentes en la historia reciente del país y las consecuencias son fuertes.
Nota de VOA.
