** Cosep expresó que la aprobación de la reforma conllevaría excluir a Nicaragua del Sistema Financiero Global.
Redacción IP Nicaragua
La reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, faculta a la banca nacional a ofrecer sus servicios financieros a cualquier institución, incluso funcionarios sancionados por Estados Unidos, sin ningún tipo de distinción.
Con 74 votos a favor, de los 91 diputados, en su mayoría de la bancada sandinista, la Asamblea Nacional, aprobó la iniciativa de reforma y adición sin temor a que Nicaragua sea incluida a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por promover prácticas que, podría considerarse promueven el lavado de activos.
El pasado 28 de enero, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), envió una carta a los legisladores advirtiendo que de ser aprobada la reforma, incluso podrían causar un bloqueo financiero internacional.
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Según Asobanp, se viola el derecho constitucional a la libre empresa y con la medida se corre el riesgo de que el país sea excluido del Sistema Financiero Global a través del cual se facilitan flujos internacionales de capital financiero para propósitos de inversión y financiamiento comercial.
Lo anterior, según advirtió Asobanp en su momento, provocaría que los bancos extranjeros corten relación con la banca nicaragüense, afectando los procesos para recibir remesas, operaciones de tarjetas de crédito y débito, así como transacciones comerciales, exportaciones y otras operaciones.
Otros cambios en la ley
La reforma, además le otorga discrecionalidad a los entes reguladores de los servicios básicos, de telefonía, televisión, financiero y demás sectores, a decidir multas económicas y sanciones que consideran necesarias aplicar a las empresas proveedoras reformando sus reglamentos a su criterio.
En la iniciativa, que fue presentada el pasado 25 de enero en la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, convierten al Banco Central de Nicaragua (BCN), en el ente regulador de las empresas de remesas, una función que no es parte de la entidad rectora de la política económica y monetaria del país.
Asobanp, también advirtió que la aprobación de la reforma podría generar el cierre de las corresponsalías bancarias internacionales e impediría el envío de remesas a Nicaragua.
Cosep rechaza la reforma
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó la reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, por el riesgo y graves consecuencias que tendría para la economía del país.
Según el empresariado nicaragüense, esta situación conllevaría al cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito.
“Es importante que la nación y los funcionarios públicos comprendan que, con esta reforma se estaría afectando la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidad financieras y los usuarios de estos servicios. También, se afectaría la seguridad y confianza en nuestro Sistema Financiero Nacional en relación con las entidades financieras internas y del sistema global, así como el acceso a los mercados internacionales y de capitales financieros necesarios para el desarrollo integral y sostenible del país”, expresó el Cosep en un comunicado.
La reforma aprobada este 3 de febrero deberá ser publicada en el diario oficial, La Gaceta, para entrar en vigencia.
