La presa política Evelyn Guillén sufre deterioro de salud mental, denuncia el GREX

Evelyn Guillén

La presa política Evelyn Susana Guillén Zepeda, de 51 años, sufre un «grave deterioro en la salud mental», denunció el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) en un comunicado de prensa.

Guillen fue detenida el 5 de agosto de 2023 y desde ese tiempo las autoridades del Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocida comúnmente como La Esperanza, le habrían negado el acceso al tratamiento médico que sigue regularmente.

Según el GREX, Guillén «ha presentado síntomas peligrosos de descontrol mental que ponen en riesgo su calidad de vida actual, futura y de las otras presas de la prisión».

Evelyn Guillén

A pesar de ello, «los jefes» del penal habrían dado la orden de no entregarle las medicinas que necesita solo para «congraciarse con sus superiores», denunció el GREX.

Cabe mencionar, que en 2018 Guillén también fue presa política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En esa ocasión «fue sometida a vejámenes por hombres encapuchados identificados como agentes del Gobierno, quienes la sometieron a diversos abusos que afectaron su salud mental y requirió atención psiquiátrica para recuperarse», explicó el GREX.

Presa política detenida por pedir la liberación de monseñor Álvarez

Guillén fue detenida junto a su pareja, Alex Javier Gómez Bustos, durante las celebraciones de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, en Managua, por mostrar un cartel en el que pedían la libertad de del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión.

«La pareja sentimental de doña Evelyn Susana, Alex Javier Gómez Bustos, fue capturado junto con ella y  se encuentra aislado en la galería 17 de la cárcel La Modelo, sin derecho a visitas familiares. Él es nicaragüense y guatemalteco, por lo que pedimos a las autoridades de Guatemala que tomen cartas en el asunto para lograr la liberación de este ciudadano», agregó el Grupo.

Finalmente el Grupo advierte que en el sistema electrónico del Poder Judicial no aparece ninguna causa penal contra ambos presos políticos por lo que, valoran, «estos hechos deben ser tipificados como un secuestro del Gobierno de Nicaragua».