Redacción / IP Nicaragua
Tras varias semanas de estar suspendidos “de manera indefinida”, los juicios de los presos políticos fueron reactivados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Maynor Curtis, abogado del periodista deportivo Miguel Mendoza, fue convocado este miércoles a juicio para el próximo 8 de febrero a las 8 y 30 de la mañana.
De acuerdo con la cédula judicial, el juicio se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ubicado al sur de Managua, donde el régimen mantiene a casi 50 personas encarcelados acusados de «traición a la patria» en su mayoría.
El Ministerio Público, institución bajo el dominio del régimen, acusó a Mendoza por el presunto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Según la Fiscalía, la acusación se da conforme los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
A juicio Dora María Téllez
La familia de la exguerrillera y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) Dora María Téllez, informaron que su abogada fue notificada para el juicio a realizarse el próximo 3 de febrero.
- Sigue leyendo: Representante de la Unión Europea aboga por la liberación de los presos políticos en Nicaragua
La notificación detalla que la audiencia de juicio que se le realizará a Téllez será a las 8 y 30 de la mañana también en la DAJ.
Téllez fue encarcelada el 10 de junio de 2021 y será la primera presa política a la cual se le realizará juicio por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
En la acusación figura como víctima el Estado de Nicaragua “como bien jurídico protegido la salud pública de la sociedad Nicaragüense”.
La exguerrillera sandinista, conocida como la Comandante “Dos”, por el asalto al Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, en los años 90 fundó con otros disidentes del sandinismo, el Movimiento Renovador Sandinista, hoy partido Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Juicios estuvieron suspendidos
Los juicios de los opositores que fueron detenidos desde mayo del año pasado se mantuvieron suspendidos por varias semanas, debido a la supuesta “carga laboral”, según lo que les notificaron las autoridades a sus familiares y sus abogados defensores.
Los abogados han sostenidos que el Código Procesal Penal, refiere que los procesos deben durar tres meses y seis en caso de tramitación compleja.
