Inauguran centro de desarrollo de tecnologías en finca confiscada a Familia Padre Fabretto

Familia Padre Fabreto

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) inauguró la Reserva de Recursos y Estación Biológica «Coronel Santos López», en la finca confiscada a la Asociación Familia Padre Fabretto, cuya personalidad jurídica fue cancelada en febrero de 2022.

La inauguración se realizó el pasado 22 de julio en la propiedad “Mangas Verdes”, ubicada en el municipio de San José Cusmapa, en el departamento de Madriz.

En la actividad participaron las autoridades del INTA y el alcalde sandinista de esa localidad, Guillermo Antonio Maradiaga Padilla.

De acuerdo con la información publicada por el INTA en su cuenta de Facebook, la reserva tiene viveros para la producción de plantas, un centro de capacitación para el fortalecimiento de los productores en el manejo de los bosques de pino, y un módulo de producción de insumos biológicos y apicultura; así como senderos y diferentes espacios para el agroturismo.

La labor de la Familia Padre Fabretto en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, canceló la personalidad jurídica a la Asociación Familia Padre Fabreto —organización que apoyaba con programas educativos a 40,000 niños, niñas y jóvenes— el 2 de febrero de 2022.

La organización trabajaba en la capacitación a madres y familias de las comunidades sobre la educación integral de niños y la importancia del desarrollo desde temprana edad.

También desarrollaban sesiones prácticas en casas o centros comunitarios sobre el desarrollo integral de niños, incluyendo salud y nutrición.

La organización fundada en 1948 por el misionero salesiano y sacerdote Rafael María Fabretto, administraba nueve centros educativos y de formación social en Estelí, Madriz, Ocotal, Somoto, Managua y Granada.

Fundación Fabretto
Fabretto trabajaba en las comunidades más vulnerables en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

Desde diciembre de 2018, después del estallido social en abril de ese año, el régimen estableció un mecanismo para anular a las organizaciones civiles.

A la fecha ya suman más de 3,200 la ONG canceladas, incluidas 139 asociaciones de derechos humanos, de la niñez y de la mujer, de promoción de la salud, educativas, ambientales, entre otras.

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