* Escuelas, energía eléctrica, materiales de construcción para los invasores del bosque, entre otras cosas, son algunas obras que impulsará el Estado, denuncia la Fundación del Río.
Orlando Valenzuela
La Reserva Indio-Maíz, de 361,875 hectáreas de bosque, está condenada a desaparecer pronto, ya que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron apoyar la invasión de colonos al corazón de esta selva, con la realización de una serie de obras para beneficiarlos, denunció la Fundación del Río.
La ONG ambientalista que denunció el caso, hace una semana fue víctima de confiscación de sus propiedades en la zona de El Castillo, donde realizaban labores de conservación del bosque.
El reconocimiento y apoyo a los invasores de la reserva se está materializando a través de inversiones públicas que están realizando instituciones del Estado que respaldan la estabilidad de los colonos para mantenerse y ampliarse dentro del área protegida, dice la denuncia.
Las instituciones con inversión pública en la reserva son el Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Salud (Minsa), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y paradójicamente el encargado de velar por la protección de medio ambiente, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
Según las leyes ambientales de Nicaragua, está prohibido el asentamiento humano dentro de las áreas de reserva, sin embargo, en la Reserva Biológica Indio Maíz es el mismo Estado el que violenta las leyes al crear condiciones favorables para que los invasores ilegales se establezcan en la zona llevándoles servicios básicos a través de obras de inversión públicas.
Entre las obras que planean construir las entidades de Estado están 10 escuelas satélites que edificará el Ministerio de Educación, una casa base del Ministerio de Salud en la comunidad de Samaria y la ejecución de un proyecto de ampliación de cobertura eléctrica que beneficia a colonos que se encuentran ilegales dentro de la reserva. Este último proyecto consiste en la entrega de kits energéticos que incluyen paneles solares, baterías, cables y la instalación de los equipos.
Por su parte, al Marena se le señala su política de omisión para el cuido de la reserva, el abandono de los puestos de control y la falta de inversión en personal para el resguardo del área protegida, lo que ha permitido los procesos de invasión.
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La Fundación también denunció que la alcaldía municipal de El Castillo se ha convertido en el principal aliado de los invasores en Indio Maíz, ya que constantemente entrega materiales a los colonos para que mejoren sus infraestructuras, como puentes, escuelas y hasta iglesias.
También se incluyen 32 rutas de caminos identificados dentro de la reserva, que han contado con el apoyo de la municipalidad, señala la denuncia pública.
Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río, denunció que estas inversiones que provee el estado dentro de la reserva es una acción que trata de estabilizar a esas familias invasoras que de manera ilegal se han tomado esas tierras y constituye un delito.
Agregó que el contexto en que se realizan estas acciones son ilegales.
“Este régimen ha utilizado a algunos partidarios para andar ofreciendo tierras y después decir que los vana a legalizar si los apoyan en los procesos de campaña electoral. Nosotros siempre hemos visto que en los procesos de campaña electoral aumentan los procesos de invasión y hay compromisos políticos, como el caso de Samaria, que es una comunidad dentro de la reserva que fue un compromiso político dejar esa población allí», apuntó Ruíz.
“Lo cierto es que todas las acciones de inversión pública, ya sea del Ministerio de Educación construyendo escuelas, el Minsa construyendo casas base de salud, Enatrel entregando paneles solares y la alcaldía entregando materiales de construcción para puentes y caminos dentro de la reserva, son políticas afirmativas para los procesos de invasión de colonos, es decir, esa inversión lo que fomenta es más invasión y estabilización de esas familias que invaden», manifestó Ruiz.
El ambientalista señaló que el problema de invasión de colonos en Indio Maíz se agudizó a partir de los últimos ocho años, casualmente con el gobierno Ortega-Murillo, a tal punto que en la actualidad el área invadida representa un 10 por ciento de la reserva.
“Estamos hablando de 33,000 hectáreas. Es una invasión masiva que genera deforestación, riesgo a las comunidades indígenas, contaminación de las aguas, cambio de uso de suelo por todo el pasto que se siembra para alimento de las vacas de los grandes ganaderos, que son los que se instalan allí, porque sucede que muchos de los invasores provienen de El Rama, Bluefields, Nueva Guinea, Chontales y en esos lugares se están quedando sin agua para su ganado, entonces como miran estas tierras que están sin protección, pues inician el proceso de invasión y tráfico ilegal de tierras para luego instalar allí su ganado», explicó.
Cabe recordar que el 3 de abril de 2018, un incendio vinculado a las actividades agropecuarias de los colonos invasores de la Reserva Biológica Indio- Maíz, que duró 10 días, destruyó 6,300 hectáreas de bosque, según la Fundación Cocibolca, lo que provocó manifestaciones de estudiantes universitarios en Managua contra el gobierno por la actitud pasiva ante ese desastre ecológico, protestas que fueron reprimidas brutalmente por la Policía y paramilitares armados.
El director de la Fundación del Río explicó que este problema de invasión de la reserva tiene solución si se aplica el marco legal.
“La ley de Áreas Protegidas define la categoría y cuáles son sus usos y además las responsabilidades de las instituciones del Estado con respecto al tema ambiental. Solo es aplicar el marco legal, pero como no se aplica, cada institución hace lo que le da la gana”, cuestionó Ruíz.
Foto portada: Orlando Valenzuela.
