Lester Arcia
El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, denunció de manera pública que existe una orden de captura en contra de su esposa Victoria Cárdenas, su suegra Victoria Lacayo y su cuñada.
Según Chamorro, detrás de todo eso están funcionarios de la Alcaldía de Managua.
“En este terrorismo fiscal stá detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua. Mi suegra Victoria Lacayo, es dueña de la inmobiliaria Intermezzo del Bosque, que por más de 23 años se ha dedicado al desarrollo urbanístico”, afirmó.
Además, refirió que el hecho es parte del afán del Gobierno de Daniel Ortega de presionar a opositores y empresarios.
“Este es un acto de intimidación de parte de un abogado sin atribuciones y además incurriendo en calumnia, al imputar defraudación fiscal al acusar ilegalmente en un Juzgado Penal”, explicó.
Según la denuncia pública hecha por Chamorro, después de una auditoría impuesta por la comuna capitalina, la dirección de recaudación dictaminó que la urbanizadora había ganado, solamente entre los años 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas.
“La auditoría sentenció que se le debe a la alcaldía la astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas. ¿En la mente de quien cabe que una empresaria pudo haber tenido ingresos equivalentes de 10 millones de dólares?”, se preguntó, lo que los llevó a hacer uso de la vía administrativa, sin ningún resultado.
Temor a represalia
El opositor dice que las implicadas no han querido hacer denuncia pública por temor a represalias por parte del Gobierno.
El 9 de julio, a través del despacho jurídico llegó una carta firmada por Ricardo Humberto Ramírez McNally, donde “mi suegra, cuñada y esposa fueron advertidas y amenazadas con cárcel si no pagaban la exorbitante suma de nueve millones 478 mil córdobas”.
El día 21 de agosto, la jueza Imara Isabel Castro Martínez y su secretario Juan Carlos Ruiz Muñoz, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua dictó orden de allanamiento de morada y detención.
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“Ante este acto abusivo de autoridad de la Jueza. Sometimos un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones, esperando que éste suspenda el acto, aunque las probabilidades son muy bajas, como ha pasado en los demás casos. Mi familia no se va a dejar intimidar por funcionarios y abogados que amenazan con cárcel a los empresarios de este país”, sentenció Chamorro.
