La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) señaló esta tarde en su informe anual que Nicaragua cierra el 2021 con las peores denuncias de acoso y persecución contra la libertad de prensa.
La organización describió que el país fue un mal ejemplo de ataques a la prensa, cuyo modelo fue replicado en otros lugares de la región.
La prensa independiente de Nicaragua ha sido blanco de amenazas y agresiones desde la cobertura de las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según grupos humanitarios.
El Gobierno empezó a poner en práctica la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que se utilizaron “como herramientas de persecución, acoso, y hostigamiento contra periodistas y contra todas las voces críticas”, sostiene la organización.
Nicaragua cierra el año con más de 160 presos políticos y el exilio forzoso de 45 periodistas, advierte.
«Entre las violaciones a la libertad de expresión, que generaron rechazo a nivel internacional, está el cese de operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización de sociedad civil que se dedicaba al monitoreo de las amenazas a la libertad de expresión y la promoción de la excelencia en el periodismo nacional», describió el informe.
La fundación también mencionó el caso del periodista deportivo, Miguel Mendoza, quien permanece detenido desde el 21 de junio acusado de ciberdelitos, por haber expresado sus opiniones a través de sus redes sociales.
En el informe se mencionó que el escritor y periodista Sergio Ramírez fue acusado por el Ministerio Público por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia y lo vincula con planes de «desestabilización de la buena marcha del país» y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Destacó la situación del comentarista Jaime Arellano, quien sufre problemas de salud. El 24 de junio de la dictadura lo acusó de «atentar contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación del país e incitar a la intervención extranjera».
Por último, en el informe se denuncia las acciones contra trabajadores de la comunicación, en especial, en contra del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien fue encarcelado y permanece desde el 13 de agosto, tras ser acusado de “lavado de dinero y fraude aduanero”.
Bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador “no se quedó atrás” con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
Su discurso estigmatizante “llegó hasta a involucrar a medios en delitos de evasión tributaria y obligar a sus periodistas a salir del país”, denuncia.
Este año el Congreso salvadoreño reformó una ley que perdonaba algunos impuestos a los periódicos, la mayoría de ellos críticos con Bukele.
En Guatemala la presidencia de Alejandro Giammattei “ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales”, afirma Fundamedios.
La propuesta conocida como la Ley de las ONG pretendió generar “una ley mordaza” y los ataques a los medios de comunicación comunitarios “fueron relevantes”, advierte, y denuncia que se acusó a periodistas de “sedición, incendio y robo agravado”.
La libertad de expresión retrocedió en 2021 en las Américas, incluido Estados Unidos, con al menos 30 periodistas asesinados y el “mal ejemplo” de Nicaragua que siguieron El Salvador y Guatemala, denunció este martes Fundamedios.
“El discurso contra la prensa y los ataques ganaron terreno, pusieron en jaque a los sistemas democráticos y penetraron hasta en las sociedades más sólidas, como la toma del Capitolio de Estados Unidos” el 6 de enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump, afirma.
Durante el asalto al Congreso hubo “violentos ataques e insultos” a periodistas, en algunos casos motivados “no solo por el odio contra la prensa sino por el uso del idioma español”, añade.
Latinoamérica sigue siendo una de las zonas más hostiles del mundo para ejercer el periodismo, con 30 profesionales asesinados en 2021, contabilizó Fundamedios.
