Más de la mitad de los 450 trabajadores que tenia la Universidad Centroamericana (UCA) cumplieron el pasado 30 de agosto un mes sin recibir salario, consecuencia del congelamiento de las cuentas de esta alma máter y su posterior confiscación.
Además de estar sin un peso en la bolsa y con deudas por pagar, no tienen ninguna certeza sobre su posible reintegro, ni una fecha tentativa de pago, de acuerdo al mensaje del sindicato enviado a los afiliados a través de un grupo de WhatsApp.
“Las nuevas autoridades universitarias me manifestaron la tarde de hoy que hay que esperar la finalización del proceso de transición y reorganización del trabajo. Cualquier avance se los haré saber únicamente por el grupo general de trabajadores», dice uno de los mensajes enviado por el secretario general del sindicato David López a sus afiliados.
La notificación la recibieron la tarde del miércoles 30 de agosto, pero López no atiende otros mensajes ni llamadas telefónicas de los trabajadores.
“Le escribí a ese número, pero no permiten mensajes, solo es para recibir”, dijo muy afligido un afiliado al sindicato, a quien, por razones de seguridad, solo identificaremos como Rocky.
Rocky es el único sostén de su familia que vive en un barrio de Managua y asegura que ni la señora de la venta le quiere dar productos al crédito y en tono de broma le dijo “si se robaron la UCA les pueden robar a ustedes su salario y su liquidación”.
Trabajadores de la confiscada UCA en incertidumbre
A raíz de esa incertidumbre con el incumplimiento en las fechas de pago a los ex trabajadores, la escasez de alimento en los hogares se ha hecho sentir y las deudas se han incrementado. A las nuevas autoridades y al Gobierno al parecer no les interesa el hambre de la gente trabajadora que está en su casa obligada, no porque quisieran irse, señalaron varios de los afectados.
Las autoridades de la nueva Universidad Casimiro Sotelo, ni siquiera se dignan en escribir un comunicado a los afectados y mucho menos atienden las suplicas de los ex trabajadores, señalaron algunos de los perjudicados.
“No es la primera universidad confiscada y parecieran novatos e insensibles estas nuevas autoridades, que con su actuar, no les importa el estomago de niños, niñas y adultos mayores que dependían del salario de uno”, dijo Estrella, otra trabajadora afectada, quien al igual que Rocky son los únicos sostenes de sus hogares.
Reclaman su salario
Ante la falta de información de las nuevas autoridades, los rumores crecen entre los ex trabajadores, desde vayan buscando qué hacer en otro lado, hasta, tengan paciencia que se sigue analizando la situación de la universidad, entre otros comentarios circulan entre los afectados.
El marco jurídico de Nicaragua, en el que han participado también los diputados orteguistas, establece el derecho al salario y a una liquidación con las prestaciones laborales correspondiente para las y los trabajadores, aunque el régimen Ortega Murillo desde antes de 2018 ha violentado una serie de normas jurídicas con el fin de aferrarse al poder y perseguir a las personas opositoras, dijo un sindicalista nicaragüense que por temor a represalias con su familia pidió el anonimato.
El Código del Trabajo de Nicaragua, establece las condiciones y formas de pago que debe cumplir el empleador para honrar sus compromisos adquiridos con las y los trabajadores y si es el Estado quien confisca bienes privados, debe hacerse responsable de los trabajadores afectados, señaló el dirigente sindical.
