En Nicaragua, una mujer pasa sus días en prisión como presa política

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En una lista de 35 personas, Martha Candelaria Rivas Hernández es la única mujer presa política que pasa sus días en una cárcel de Nicaragua, desde que el régimen de Daniel Ortega ordenó desterrar a 222 presos de conciencia.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presa Políticas la reconoce como una de las 35 personas que siguen en prisión arbitrariamente.

Rivas Hernández es la mujer que el 2 de junio de 2022 acusó de agresión al sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años.

En un video difundido por medios oficialistas, Rivas Hernández dijo que el párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime, departamento de Granada, la golpeó en el pómulo derecho con un candado.

La agresión, según su relato, ocurrió el 30 de mayo, Día de la Madre nicaragüense, cuando ella acudió junto a sus dos hijos menores a la parroquia de Nandaime a visitar al sacerdote.

Martha Candelaria Rivas, de víctima a acusada

Tres semanas después de acusar al sacerdote, la mujer presentada como víctima de violencia fue acusada por el Ministerio Público después de que eximiera de responsabilidad al religioso.

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El sacerdote Manuel Salvador García también es otro de los presos políticos del régimen en Nicaragua.

Rivas Hernández fue acusada por el delito de falso testimonio y desde entonces la mujer de 44 años permanece en prisión, convirtiéndose en una víctima del régimen.

«Dije que (el golpe) era accidental y yo me opuse a poner denuncia, ya que no me siento agredida», argumentó Rivas Hernández en su momento.

Condenada a cinco años de prisión

En julio de 2022, la jueza del juzgado Segundo Local Penal de Granada, María José Zapata, condenó a cinco años de prisión a Rivas Hernández, por el delito imputado en perjuicio de la administración de justicia.

Rivas Hernández es la única mujer que sigue en una prisión por motivos políticos.

El sacerdote fue condenado el 22 de junio de 2022 a dos años de prisión por el presunto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14, 16 córdobas o 200 días multa.

El 9 de febrero de 2023, según datos del Mecanismo, 33 mujeres y 189 hombres que llevaban entre 29 y 1689 días encarcelados fueron liberados y desterrados de Nicaragua.

De los 222 desterrados, 40 de ellos habían sido detenidos por segunda o tercera ocasión por motivos políticos.

 

 

 

 

 

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