Redacción / IP Nicaragua
Un total de 25 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron una resolución en el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General en la que desconocen las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua aduciendo que «no tienen legitimidad democrática».
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Argentina y El Salvador votaron a favor.
Solo Nicaragua se pronunció en contra de la resolución, mientras Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Belice y Bolivia son los otros siete países que se abstuvieron de votar la misma, y San Cristóbal y Nieves pidió se le tomará en ausencia.
«Las instituciones democráticas en Nicaragua han sido socavadas por el Gobierno”, dice el documento que fue aprobado por los Estados miembros y manda instruir al Consejo Permanente de la OEA que realice una evaluación colectiva de la situación, la que deberían completar a más tardar el 30 de noviembre para dar paso a la toma de “acciones apropiadas”.
Nicaragua camino a la suspensión de la OEA
El Consejo Permanente pasará su evaluación a los cancilleres de la Asamblea General de la OEA para que convoquen a una sesión extraordinaria en la que decidirán si aprueban la suspensión del Estado de Nicaragua de este foro regional.
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Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay presentaron la propuesta de la resolución que fue adoptada contra la farsa electoral efectuada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en Nicaragua.
«Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno», señala el documento de la resolución aprobada.
Liberación de presos políticos
Los países reiteraron sus llamamientos anteriores para la «liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil».
Entre el 2 de junio y 24 de julio siete precandidatos de la oposición fueron encarcelados previo a las elecciones del 7 de noviembre. La Policía detuvo a 39 opositores en el contexto electoral y en cinco meses los familiares han podido visitarlos solamente en dos ocasiones, ellos engruesan la lista de más de 159 personas presas políticas en el país.
Los Estados además se mostraron alarmados por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Nicaragua: Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el 25 de octubre de 2021, en el que señala que “también se estableció un estado policial”.
La CIDH sostiene que a través de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural fueron diseñados por el Gobierno para lograr su “perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades».
«Las acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes actores políticos y sociales, líderes de oposición, grupos de jóvenes y medios de comunicación contravinieron el libre ejercicio democrático la garantía del pluralismo político y libertad de expresión», señaló Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica durante la sesión de la Asamblea General de la OEA.
