* En pocos meses ha puesto en práctica 10 medidas recaudatorias, según la cúpula empresarial.
Redacción Billetes
Contrario a las recomendaciones de los expertos y lo que han hecho otros países en el contexto de la pandemia del covid-19, el Gobierno de Nicaragua se ha dedicado a aplicar una serie de medidas con carácter recaudatorio, que afectan tanto al sector empresarial, como a la población.
En lo que va del año, el Gobierno ha aplicado diez de esas medidas, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
“Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y no se detiene, y que lo único que hace es afectar, ya no sólo a las empresas, sino también al ciudadano de a pie, afectar en general a la posibilidad inclusive de poder enfrentar esta pandemia, con toda la situación de no recursos que tiene el Estado para empujar, y aquí lo único que hacen es seguir quitándole lo poco que único que uno tiene para poder sostener al Estado”, criticó el líder del sector empresarial.
Entre esas medidas están los cobros por las pruebas para detectar el covid-19, para poder viajar a otros países, y por la vacuna de la fiebre amarilla; así como las reformas a la Ley 761, o Ley General de Migración y Extranjería, que manda a dolarizar los servicios del Estado por esos servicios.
“Esto establece otro precedente muy peligroso, porque están dolarizando los servicios del Estado en una sociedad que no está dolarizada. El consumidor, los contribuyentes, y los ciudadanos en general no ganan en dólares, ni están indexados. Y aquí le están indexando los costos a la sociedad en general”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Otras medidas
José Adán Aguerri también mencionó las reformas a las leyes 1024 y 1025, sobre marcas y patentes, que fueron aprobadas en marzo de 2020 y que aumentaron todas las tasas por esos servicios.
Además, aseveró que se está viendo el aumento de los pagos por renta de capital, por parte de la Dirección General de Ingresos, y las alcaldías han sobreevaluado el valor catastral de las propiedades, lo que produce un aumento en la base imponible del cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Por otro lado, Aguerri recordó que el Gobierno está poniendo cada vez más en práctica la medida conocida como “dudas de valor”, la cual se aplica a las importaciones y le sirve como un mecanismo recaudatorio y afecta a las empresas.
Las dudas de valor “se han convertido en la política sistémica con todas las importaciones prácticamente que están viniendo para el sector privado”.
Según el Cosep, otra medida ha sido “dudas en las clasificaciones arancelarias”. El Cosep denunció hace algunas semanas que el Gobierno estaba utilizando esta medida con algunos equipos e insumos usados para el tratamiento del covid-19.
También mencionó un incremento en el costo de los timbres fiscales y un incremento en los costos de los servicios de la Dirección General de Servicios Aduaneros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros organismos, han recomendado a los gobiernos no quitarles recursos a las empresas y la población, manifestó el presidente de la organización empresarial.
Foto portada: El Nuevo Diario.
