El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró este miércoles que Estados Unidos continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por «el deterioro dramático» de su democracia bajo el mandato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una rueda de prensa, Kirby destacó que ese deterioro afecta al respeto «a los principios democráticos y los derechos humanos» por parte del Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las declaraciones del funcionario estadounidenses, ocurren en momentos en que el régimen acusa a la Iglesia católica de Nicaragua de «lavado de dinero» y ha ordenado congelar las cuentas bancarias de las Diócesis que «investigan».
Kirby precisó que eso incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas. «Todo esto es inaceptable», indicó.
«Condenamos esas acciones», sentenció el portavoz. «Ya hemos adoptado una serie de acciones para promover la rendición de cuentas para el régimen de OrtegaMurillo, lo que incluye la imposición de sanciones, y lo seguiremos haciendo», agregó.
Restricción de visas y sanciones
En octubre de 2022, Estados Unidos impuso restricciones a visas a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares viculadas al régimen Ortega-Murillo, por formular e implementar medidas que socaban las instituciones democráticas y que obstaculizan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, o que se benefician con tales acciones o políticas.
Entre las personas se incluyen miembros de los servicios de seguridad nicaragüenses, como la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios del sistema de educación superior y actores no gubernamentales que posibilitan la represión y la corrupción por parte del régimen, así como sus familiares. «Ningún miembro del gobierno nicaragüense ni otras personas que faciliten los abusos del régimen de Ortega-Murillo deben creer que pueden viajar libremente a Estados Unidos», indicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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En esta ocasión también el gobierno estadounidense incluyó medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a la autoridad de minería nicaragüense, la Dirección General de Minas (DGM), una entidad que forma parte del Ministerio de Energía y Minas, y a Lenín Cerna Juárez, persona de confianza de Ortega.
Desde el estallido de la crisis en abril de 2018, en Nicaragua, Estados Unidos ha sancioando a una treintena de funcionarios del régimen, entre ellos, a su esposa y cogobernante Rosario Murillo y a sus hijos, Laureano, Camila, Juan Carlos Ortega Murillo.
Deterioro de la democracia en Nicaragua
Nicaragua atraviesa una crisis política, social y de derechos humanos desde abril de 2018, que acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue impuso para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo de Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Actualmente el régimen mantiene en prisión a seis religiosos, entre ellos al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien también es el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas la semana pasada.
Monseñor Álvarez fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias faltas.
El régimen también mantiene a casi 60 personas detenidas por razones políticas, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
