Una hora frente a las bartolinas policiales en la capital de El Salvador basta para presenciar la llegada de decenas de capturados un miércoles por la tarde: la mayoría son jóvenes, algunos tienen tatuajes alusivos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Otros no.
Afuera de “El Penalito”, como se le conoce a la instalación policial en San Salvador, hay más mujeres que hombres: algunas madres, otras esposas e hijas que al ver la llegada de las patrullas y los capturados, gritan, entre llantos: “¡ahí viene mi hijo!” o “¡te amo, mi amor!”.
Hay familias que buscan a los medios de comunicación para denunciar que sus seres queridos han sido capturados injustamente: “Él no es pandillero”. “Ella no es pandillera”. Otras familias callan y solo esperan ver por última vez el traslado de su familiar a un penal.
“Padres y madres: eduquemos a nuestros hijos para no tener la pena de andar de bartolina en bartolina y de penal en penal en donde otros tratarán de adaptarlos a la vida que ustedes no pudieron hacer”, se lee en un rótulo pegado en la fachada de la pequeña cárcel.
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Estas mismas escenas de detenciones masivas se observaron hace 19 años en El Salvador durante gobiernos de derecha, con los planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” contra las pandillas.
Hoy, el plan “Guerra a las pandillas” del gobierno de Nayib Bukele ya capturó a 9.000 personas, luego de un régimen de excepción que entró en vigencia el 27 de marzo.
Las autoridades de seguridad en El Salvador han dicho que los detenidos son reconocidos pandilleros con órdenes de captura o sospechosos de pertenecer o de colaborar con estas agrupaciones que desde 2015 El Salvador catalogó como “grupos terroristas”.
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La única diferencia entre aquellos planes de seguridad y el de ahora es que el presidente salvadoreño tiene a su favor no solo al Congreso, que ya le aprobó un régimen de excepción por 30 días, sino también a la Corte Suprema de Justicia, que ya fue advertida por el presidente de traslados si no mantiene en prisión a los capturados.
Nota de VOA.
