Crisis de Nicaragua en agenda de la comunidad internacional

Redacción / IP Nicaragua

Diferentes organismos internacionales presentarán a partir de hoy ante el mundo sus informes sobre el recrudecimiento de la represión y la continua violación de derechos humanos en Nicaragua.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza una actualización sobre la crisis de derechos humanos en el país.

Ante la detención del periodista y aspirante presidencial la OACNUDH instó al gobernante Daniel Ortega a “liberar todas las personas detenidas arbitrariamente. La prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola los derechos humanos”, mencionó esta oficina que dirige Bachelet.

Por otro lado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos someterá a votación la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (o Ley Renacer, por sus siglas en inglés), que tiene como principal objetivo forzar y presionar al gobierno de Ortega para que cumpla con condiciones democráticas y permita elecciones libres, justas y transparentes en noviembre próximo.

No obstante, frente a dichas presiones el gobierno de Ortega ha ignorado las demandas de la comunidad internacional, y por cuarta semana consecutiva encarcela y allana viviendas de líderes opositores y precandidatos presidenciales.

La iniciativa presentada por nueve congresistas estadounidenses vendría a exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021.

Además, se coordinarían sanciones con Canadá y la Unión Europea para establecer una serie de sanciones y se estarían ampliando los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

La ley también prevé la aplicación de sanciones económicas al gobernante Daniel Ortega y su circulo familiar; la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, miembros del Consejo Supremo Electoral y del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, así como personas que estén vinculadas a actos de corrupción en el país.

A la Ley Renacer se le realizó una enmienda para valorar la permanencia de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), el principal acuerdo comercial del país.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2020 el total de ventas hacia el país norteamericano fue de US$1,405.9 millones frente a un total exportado a nivel mundial de US$2,851.9 millones, lo que equivale al 49% por lo que una posible expulsión de Nicaragua del DR-Cafta sería una catástrofe.

La agenda internacional

En paralelo, el organismo Human Rigths Watch (HRW), presentará un informe específicamente sobre las detenciones arbitrarias y persecución de candidatos presidenciales, líderes de la oposición y otros críticos del gobierno de Ortega.

El informe a presentarse está basado en más de 50 entrevistas en las que se detalla los hostigamientos, detenciones y procesos penales arbitrarios. Además, incluye recomendaciones concretas al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que eleve la respuesta de la ONU ante la grave crisis de Nicaragua, y presione al gobierno de Ortega a que cese la represión y permita elecciones libres y justas en Nicaragua.

En tanto, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Antonia Urrejola, hará una presentación sobre la situación de Nicaragua en una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue convocada por el embajador, Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente, para este miércoles 23 de junio.

La OEA analiza la posible salida de Nicaragua de este foro regional por considerar que se ha roto el orden constitucional.

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