CIDH otorga medidas cautelares a favor de 41 presos políticos de Nicaragua

*Los beneficiarios están en una “situación de gravedad”, señala el organismo de derechos humanos.

Redacción / IP Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 41 presos políticos que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable”, consideró el organismo internacional.

Los beneficiarios están recluidos en los penales de Tipitapa, Waswalí, Granada, Jinotepe, Matagalpa, Chinandega y el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres en Managua.

Entre los beneficiarios figuran los presos políticos Norlan Josué Cárdenas Ortiz, Richard Alexander Saavedra Cedeño, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Néstor Eduardo Montealto Núñez, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Edwin Antonio Hernández Figueroa, Wilber Antonio Prado Gutiérrez, entre otros.

También incluye a las presas Karla Vanessa Escobar Maldonado, María Esperanza Sánchez García, Juana Estela López Alemán, la prisionera trans identificada como Celia Cerda Cruz, señala el documento de la CIDH.

En este contexto la CIDH demanda al Estado nicaragüense que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la “vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias identificadas” y además, sugiere que se adopten las medidas necesarias para que las personas beneficiarias “puedan acceder de manera inmediata a las valoraciones especializadas en salud”.

“Se encuentran en riesgo dadas las condiciones de detención y la alegada falta de atención médica en el actual contexto de pandemia por el covid-19 (…) La CIDH solicitó información al Estado el 24 de junio de 2020, quien no ha respondido hasta la fecha”, reveló el organismo de derechos humanos.

De acuerdo con la resolución 82/2020 de la CIDH, los beneficiarios se encuentran expuestos a un “ambiente de hostilidad promovido por el personal de custodia”.

Violan derechos humanos

La esposa del preso político Wilber Antonio Prado Gutiérrez denunció que un custodio le amenazó, diciéndole que “no saldrá vivo del penal” y que al preguntar por qué, este le contestó: “porque sos puchito”, una frase muy utilizada por la vicepresidenta Rosario Murillo en sus alocuciones diarias en contra de personas consideradas como opositoras al gobierno.

Familiares de los beneficiarios denunciaron las condiciones precarias en que se encuentran los presos políticos, sobre todo los que son aislados en la galería 300 donde las celdas son de 3.5 x 2.5 metros cuadrados y no cuentan con suficiente ventilación ni iluminación.

Jaime Enrique Navarrete Blandón, uno de los beneficiarios de las medidas cautelares, se encuentra cumpliendo condena y aislado en el sector de máxima seguridad en el penal de Tipitapa.

“Los solicitantes indicaron que tiene sintomatología como tos fuerte, temperatura y dolor en el cuerpo, donde no tendría acceso a agua durante el día, salvo para bañarse y llenar un balde de agua con el que debe cubrir la totalidad de sus necesidades de aseo personal y de consumo”, indica la CIDH.

Otro de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH es el preso político Edward Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba Feroz”, quien permanece detenido desde el 15 de marzo de 2019.

Estando en prisión, Lacayo fue diagnosticado con hipertensión y diabetes, pero no le permiten hacerle llegar su medicamento contra la diabetes, ni alimentos, según denunció su progenitora a organismos de derechos humanos en el país.

Otros casos

El preso político Justo Emilio Rodríguez López, de 68 años, detenido desde el 20 de abril 2020 tras ser acusado por obstrucción de funciones homicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de frustración, secuestro extorsivo, lesiones graves, daño y robo agravado, junto con otras 6 personas de la Isla de Ometepe, también está en la lista de beneficiarios.

Al momento de hacer sus análisis, la Comisión fue informada que muchos de los presos políticos presentaban síntomas característicos del covid-19 y que en términos generales no estarían siendo valorados y atendidos.

El mecanismo de medidas cautelares, agrega el documento, es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento que tienen los Estados de velar por los derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

En mayo de 2018, un equipo de la Comisión visitó Nicaragua y recabó numerosos testimonios sobre violaciones a derechos humanos en el país a raíz del estallido social de abril.

Desde su visita, la CIDH identificó la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en Nicaragua, que se caracteriza por la “intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al gobierno”.

Hasta julio de este año, la CIDH identifica que al menos 328 personas fueron asesinadas en este contexto, 405 profesionales de salud despedidos, 150 estudiantes expulsados, 90 periodistas y trabajadores de medios independientes exiliados, 86 personas permanecen privadas de su libertad y 103,600 nicaragüenses han huido del país debido a la represión.

Foto portada: El Nuevo Diario. 

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