* Debido a la amenaza del covid-19, lo único que ha cambiado es la forma de manifestarse, porque contrario al Gobierno, están evitando las aglomeraciones, aseguran.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
El 2 de marzo de 2020, la joven opositora y miembro de la Asociación de Madres de Presos Políticos, María Gómez, de 30 años, fue arrestada “ilegalmente” por la Policía Nacional, cuando estaba de visita en casa de su progenitora en la ciudad de Masaya.
Para María, que dos días después fue puesta en libertad, esta no era la primera vez que sentía que su vida estaba en peligro.
Gómez fue una de las activistas que el 14 de noviembre de 2019 se unió a la huelga de hambre, que un grupo de madres y familiares de presos de conciencia comenzaron desde las inmediaciones de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya para presionar por una “Navidad sin presos políticos”.
Todo el perímetro de la iglesia fue rodeado por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial, quienes no permitieron la atención médica de las huelguistas y tampoco permitía se les pasarán suministros de agua.
El 20 de enero de 2020, junto a un grupo de familiares de presos políticos, durante al menos tres horas, fue acorralada por unos 15 oficiales de la sancionada Policía Nacional en un centro comercial donde pretendían hacer un “piquete exprés”.
Aunque el contexto actual, debido a la pandemia de covid-19, ha obligado a los autoconvocados a refugiarse en sus casas para salvaguardar sus vidas, Gómez sostiene que sus demandadas siguen firmes.
“Como autoconvocados, estamos resguardándonos en nuestras casas, pero eso no significa que nos estamos quedando callados. A través de las redes sociales estamos haciendo el llamado de libertad para los presos políticos, porque tenemos casos de reos con calentura y nos da temor (por el covid-19)”, aseguró Gómez.
El 19 de abril de 2018, la autoconvocada de Masaya, se unió a las protestas en apoyo a las personas jubiladas que se manifestaron contra el Gobierno por la reforma a la Ley del Seguro Social.
Ese día, la manifestación fue atacada por grupos afines al Gobierno y por la misma Policía Nacional, por lo que fueron replegados desde la zona del parque central hasta el barrio indígena de Monimbó. Desde ese día no pudo volver a su casa.
“Ese mismo día yo me quedé en Monimbó, porque no podía bajar a mi casa. La Policía estaba en el Parque Central y yo estaba con temor de que me capturaran. Ahí empezó mi lucha, desde el 19 de abril (…) Yo fui a apoyar y nunca esperamos lo que pasó, pensé que íbamos a poder marchar hasta el INSS de Masaya, pero no nos permitieron. Ahí empezó la agresión y como joven me molesté”, enfatizó esta autoconvocada.
A partir de esa fecha, Gómez fue protagonista de una serie de eventos que en vez de doblegarla la han vuelto más fuerte para continuar con sus demandas, apoyando a las madres y familiares de presos políticos.
Las amenazas que recibió por parte de fanáticos del partido de Gobierno la obligaron a exiliarse. “Amenaza de quemar mi casa, me decían que si yo seguía en las protestas o que si yo seguía en los tranques, decían que iban a quemar a mi mamá, a mi hermana, como quemaron la casa de mi primo Yubrank”, recuerda Gómez.
El 17 de julio de 2018, grupos de paramilitares coordinados y dirigidos por la Policía Nacional, ejecutaron una violenta operación limpieza en Masaya. Del tranque que estaba en la esquina de Olinto Valle, donde ella estaba apoyando, salió a buscar un lugar seguro, y salió del país, pero no por mucho tiempo.
“Me exilié por nueve meses y decidí regresar y seguir la lucha dentro de mi tierra de donde nunca debí salir (…) Dios primero pase todo esto para volver a las calles y exigir la libertad de Nicaragua y la libertad de los presos y exigir el regreso de todos los exiliados con un retorno seguro”, dice segura de sí misma.
“YO NO TENGO MIEDO”
A dos años de la “Rebelión de Abril”, según Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, sus demandas como autoconvocados no han cambiado. Lo único es el medio para hacerse escuchar.
“Esta lucha sigue y como puede ver estamos en las redes, nos estamos comunicando con todos los medios internacionales, con todas las personalidades que están en el extranjero apoyándonos, estamos por vía zoom comunicándonos y estamos en esta lucha. Esto no se puede parar porque todavía hay alrededor de 90 presos políticos que están secuestrados en esas mazmorras”, añadió Lacayo.
La autoconvocada es hermana del prisionero político, Edward Lacayo, mejor conocido como “La Loba Feroz”, quien permanece en prisión desde el 14 de marzo de 2019, cuando fue capturado por civiles encapuchados en El Ostional, Rivas, tras ocho meses de andar huyendo.
Condeno el asedio persecusion y amenazas de la que es victima karen Lacayo Rodriguez la hermana de la Loba.Ahora su casa de habitacion fue pintada con la Palabra Plomo.Karen expresa no dejara de denunciar y pedir libertad para su hermano. pic.twitter.com/FsuPNayOGb
— Yonarqui Martinez (@YonarquiM) January 24, 2020
En todo este proceso, Lacayo ha sido objeto de asedio, persecución e intimidación. A inicios de este año, denunció que su domicilio en Masaya fue manchado con pintas amenazantes con la leyenda “plomo”.
“Como sea no vamos a parar de luchar, yo como familiar de un preso político, de un rehén de este gobierno, yo no voy a parar e insisto a todas las personas que nos apoyan que no paren, porque nuestros secuestrados políticos nos necesitan, yo desearía salir a las calles, pero el gobierno nos manda a matar”, añadió Lacayo.
El 28 de septiembre de 2019, la Policía Nacional calificó de «ilegales» las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió que enjuiciaría a toda persona que se dispusiera a realizar estas convocatorias.
“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”, señalaba el comunicado dictado por la institución del orden público.
Pese a esa restricción, los autoconvocados del país continuaron en las calles realizando piquetes exprés en las avenidas, centros comerciales y en los pasillos de la Universidad Centroamericana (UCA).
“Había personas que tenían miedo y no salían, pero las que estábamos dispuestas, estábamos dispuestas a dar todo para sacar a ese dictador y que salieran todos los presos políticos (…) Yo he sido perseguida. En varias ocasiones me han querido llevar presa, (pero) no le tenemos miedo, yo no tengo miedo”, señaló Lacayo.
ES UNA “LUCHA”
En el barrio Laureles Sur de Managua, con la misma convicción y en resistencia, permanece Martha Alvarado, progenitora del excarcelado político Melquisedec Antonio López, pese a que cada fin de semana varios oficiales a bordo de una patrulla se ponen enfrente de su vivienda y no la dejan salir.
“La policía ahí permanece afuera y mis muchachitos (nietos) ahí a la orilla de las barandas viéndoles todas las vueltas, y por esos niños que están ahí yo seguiré en la lucha porque les voy a heredar una patria libre”, agregó Alvarado.
Aunque un poco más tranquila con su hijo en casa, que fue liberado el 30 de diciembre de 2019 entre un grupo de 91 presos que el Gobierno mandó a sus hogares bajo la figura de “casa por cárcel”, Alvarado insiste que la lucha debe seguir y que debe darse en el país un cambio radical.
“A él (Melquisedec) le cambió su vida, perdió su empleo (…) Solo porque alzamos la bandera y anduvimos en las marchas, cuando secuestran a mi hijo, me tocan a mí y emprendimos una lucha contra esta dictadura para liberar a todos los presos”, puntualiza esta autoconvocada.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en su última actualización de datos, informó que, entre el periodo del 28 de marzo y 4 de mayo de 2020, un total de 92 personas han sido detenidas arbitrariamente por razones políticas.
El covid-19 es una prioridad
Tras el anuncio del primer caso de covid-19 en Nicaragua, los diferentes movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil, preocupados por la presencia del virus en el país, han desplazado sus demandas a las dificultades de salud pública, la necesidad de contar con información veraz y de calidad, y lo imperativo de que el Estado de Nicaragua implemente acciones de prevención más estrictas para la protección de toda la población, afirmó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su más reciente informe.
Según el centro del pensamiento, en el contexto posterior al anuncio del primer caso de covid-19, las formas predominantes de manifestaciones han sido declaraciones públicas (82%) y denuncias ante entidades nacionales e internacionales (18%). Estas manifestaciones han sido impulsadas por organismos de la sociedad civil que demandan acciones al Estado de Nicaragua para responder a la pandemia, así como a sectores del país y a organismos internacionales.
Señaló que las manifestaciones que están predominando ahora no implican aglomeraciones o concentraciones físicas de los participantes, sino que se está haciendo mayor uso de medios electrónicos.
El informe de Funides refiere que una de las demandas sigue siendo la liberación de las personas encarceladas por razones políticas después de 2018.
